A los 17 años Edwin Palma ya tenía el overol de Ecopetrol. Llegó como practicante del Sena a Orito, Putumayo, y un año más tarde ya tenía un contrato a término indefinido con otra empresa pero lo rechazó para trabajar en una de las refinerías de Barrancabermeja.
Desde el primer día se afilió al sindicato pero su verdadera actividad que además lo catapultó como líder fueron las protestas de mediados de 2004, la última gran movilización de la Uso contra la amenaza de Isaac Yanovitch en el gobierno de Uribe de privatizar la petrolera, el lugar donde ha hecho su carrera como técnico, abogado, y sobre todo, como sindicalista.
La carrera no ha sido fácil. Palma sobrevivió a los drásticos años del gobierno Uribe para todo el sindicalismo colombiano. En el 2004 en pleno auge de la seguridad democrática terminó preso durante dos meses por las protestas anti privatización de Barranca. Bajo el código del estatuto anti terrorista del presidente Uribe fue acusado de terrorismo. Dos meses después salió libre y aunque nunca se demostró alguno de los cargos en su contra, tampoco recibió ningún tipo de indemnización, más que el reconocimiento de sus compañeros que se tradujo en el apoyo para su avance hacia posiciones directivas. Y lo logró. Con apenas treinta años llegó a la vicepresidencia de la Uso, el sindicato más fuerte e influyente de Colombia, cantera de dirigentes como el actual ministro del trabajo Luis Eduardo Garzón.
A comienzos del 2015 Palma tuvo un golpe de audacia que se convirtió en un bumerang laboral. Tomó de un blog información sobre los salarios de los directivos de la petrolera y puso a circular los desprendibles de pago que evidenciaban las primas y algunas prebendas adicionales para los altos ejecutivos.
El entonces Presidente de la compañía Javier Gutiérrez, y los directivos que quedaron en evidencia, no solo entraron en cólera sino que reaccionaron encontrando en el comportamiento de Palma una causal de despido y procedieron a desvincularlo.
Pero Edwin Palma sigue allí. El fuero sindical que lo protege obliga a que sea una juez laboral, en este caso la juez 1 del circuito de Barranca, la que decide su suerte como empleado. Aunque devenga su salario y técnicamente nada ha cambiado, se le ha prohibido su ingreso a la refinería de Barranca hecho por el cual Ecopetrol fue recientemente sancionado por el ministerio del trabajo por más de 900 millones ; se le ha bloqueado en varias oportunidades su correo para impedir su comunicación con los trabajadores. A Palma la empresa le ha abierto 25 procesos disciplinarios.
El nuevo presidente de Ecopetrol, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, no ha cedido en sus acciones para buscar la salida del dirigente sindical de la empresa. Echeverry entró pisando duro. Cambió la totalidad de la planta directiva y suprimió cargos de empleados que llevaban décadas en la compañía. Disimula sin pudor la dificultad que le produce tener que interactuar con los dirigentes sindicales y sus exigencias.
Palma no ha dado su brazo a torcer, no solo continúa con sus actividades entre Barrancabermeja y Bogotá sino que elevó su caso como ejemplo de persecución sindical a la sede de la Organización Internacional del trabajo, la OIT, en Ginebra, Suiza.