El departamento del Cauca, ubicado en el sur occidente colombiano, frente al Océano pacifico, es hoy uno de los territorios más afectado por el conflicto armado, la guerra y la violencia que se desarrolla en su tercer ciclo. Son casi 30 mil kilómetros cuadrados con más de 1 millón 500 mil habitantes, distribuidos en 42 municipios y 7 subregiones muy específicas en sus formas territoriales y rasgos culturales y étnicos.
Sobre los conflictos sociales, políticos y bélicos en esa región hay muchos diagnósticos y estudios de gran calado que es necesario consultar de manera frecuente para obtener luces que permitan plantear salidas y soluciones adecuadas.
Desde el año 2022, con el acceso del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, se formuló una estrategia contra la violencia para todo el territorio nacional conocida como la Paz total, que presentaba un enfoque alternativo al modelo de la paz post bélica o liberal de la ONU, utilizado en los diálogos, negociaciones y acuerdos alcanzados con las Farc en el segundo semestre del 2016 por el gobierno neoliberal del señor Juan Manuel Santos, que han sido un completo fracaso por el mal diseño y el ataque de la ultraderecha desde el año 2017.
La Paz total se ofreció como un dispositivo de política pública marcado por la orientación progresista del gobierno del Pacto Histórico encabezado por Petro.
En esencia lo que se ha querido es descartar la parafernalia militarista de la ultraderecha y las ambigüedades del reformismo de la Tercera vía, para superar las causas estructurales de la violencia y de la prolongación del conflicto social y armado que durante más de 70 años ha golpeado a la nación como una especie de guerra civil con terribles consecuencias por el despojo de más de 10 millones de hectáreas a los campesinos, el desplazamiento de más de 8 millones de víctimas y la violencia cotidiana con exterminio de líderes sociales y masacres de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes.
La Paz total ha implicado en sus casi 24 meses de vigencia la apertura de Mesas de diálogo y negociación con el Ejército de Liberación Nacional/ELN, con las herencias de las Farc de Manuel Marulanda: las Farc del Frente Primero de Ivan Lozada y con la 2 Marquetalia de Ivan Márquez.
Los diálogos y negociaciones con las guerrillas campesinas mencionadas, ha presentado la novedad de la adopción de tempranos Ceses bilaterales del fuego para aliviar las difíciles condiciones humanitarias de las poblaciones más vulnerables en diversos territorios como el Micay, el norte del Cauca, el Choco, Putumayo, Arauca y Catatumbo.
En el caso del Cauca, la mayor prioridad de la Paz total han sido las Farc ep encabezada por Ivan Lozada del Frente Primero.
Los acuerdos alcanzados con este actor guerrillero se han apoyado en el principio de ejecutar de manera inmediata lo pactado en la Mesa de diálogos. Es así como se pactó construir de manera conjunta un Plan inicial de transformación territorial del Cañón del Micay conformado por los municipios de El Tambo, López de Micay y Argelia.
Desafortunadamente esa carta de trabajo se vio afectada por el desconocimiento, por parte de altos funcionarios del gobierno, de la bilateralidad como principio rector establecido en el desarrollo de cada avance alcanzado en la Mesa, lo que se tradujo en un deterioro de los diálogos que fueron contaminados por la desconfianza.
En el caso del Cauca, la guerra en curso, tiene a los frentes y columnas de las Farc ep sus principales protagonistas. Me refiero a las columnas Dagoberto Ramos (ubicadas en el norte del departamento), a la Jaime Martínez (que operan en el occidente de la región), a la Carlos Patiño (asentada en el cañón del Micay), a la Rafael Aguilera (con presencia en Buenaventura), a la Franco Benavides, a la Urias Rondon, a la Adán izquierdo y a la Ismael Ruiz.
Son casi 3 mil combatientes.
Las Fuerzas Armadas tienen en el Cauca cerca de 10 mil unidades entre soldados y policías, dotados de modernos sistemas bélicos y de inteligencia.
Con el fracaso del Plan del Micay y la suspensión del Cese bilateral del fuego en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, la guerra se ha intensificado en las recientes semanas con ataques a estaciones de policía y combates entre el ejército y las columnas guerrilleras.
Sobre las causas de la violencia caucana se ha señalado que son los cultivos de coca, de marihuana y el comercio de estupefacientes el principal combustible; aunque más en el fondo está la concentración de la propiedad rural, la pobreza extrema de la población, los cultivos de caña, la minería ilegal y la corrupción de la casta política hegemónica en Popayán, como elementos centrales de la convulsión exacerbada en los últimos días.
No creo que la salida consista en organizar más planes de guerra y en perfilar nuevos escenarios de combates interminables para intentar una pacificación a la fuerza del Cauca. Todo esto lo que acarrea es más violación de los derechos humanos, más desplazamientos y más deterioro social y político.
La sociedad civil caucana, en sus diversas expresiones, debe hacer sentir sus voces y preparar una gran movilización para el próximo 20 de julio en Popayán como un acto constituyente de paz que convoque a los actores centrales de la guerra regional a dialogar y concertar salidas.
