De un plumazo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le dio la estocada final al sector privado de su país. La faena que concluyó cerrando la agremiación de empresarios más poderosa durante 32 años, había empezado mucho antes encarcelando en “el infierno” de El Chipote a la dirigencia que por más de una década había sido su aliada.
La venganza de Ortega pesó más que cualquier consideración empresarial. El que fuera poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), junto a sus 18 cámaras asociadas, fueron liquidadas con la escueta publicación de las resoluciones ministeriales en el diario oficial La Gaceta. El Cosep de César Zamora, su presidente hasta el 6 de marzo, había intentado una suerte de relación pragmática obviando los presos políticos, pasando por encima de su expresidente, presidente y vicepresidente encarcelados.
César Zamora, el útimo preesidente del Cosep, que algunos llamaban "ficha" de Ortega
Zamora, un poderoso empresario del sector energético, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, asumió la presidencia un día después de la detención de los líderes de la agremiación en octubre de 2021. Y aunque nunca dejó de abogar por ellos, lo hizo a nivel personal, sin que su apoyo trascendiera en los medios, sin amplificación. Mientras tanto, hacía toda suerte de malabares para congraciarse con el régimen: ante los presos políticos solo comunicados de compromiso, porque no se podía pasar de agache ante el horror. Anunció la reactivación de los diálogos con el gobierno de los Ortega-Murillo con la intermediación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el gran financiador del régimen sandinista. Al final llegó a agradecer el pasaje al destierro del avión de los 222 deportados sacados de El Chipote. Menos de un mes después, las cámaras empresariales fueron eliminadas.
El punto de inflexión de las relaciones con los empresarios se dio en el 2018 tras las protestas por la reforma a la seguridad social que también imponía impuesto a las pensiones, y que contabilizaron 300 muertos -según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- centenares de encarcelados y más de 100.000 personas fuera del país. Los empresarios que habían sido aliados de Ortega repudiaron las violaciones de los derechos humanos y se fueron a la oposición.
Habían sido 11 años de alianza, desde el regreso del mandatario sandinista al poder en el 2007 cuando había sido vencido por Violeta Chamorro. Las relaciones con el Cosep se dieron a través de su presidente, José Adán Aguerri, reelecto en 11 oportunidades. El Cosep se volvió un “superministerio” que tenía relación directa con los ministros, teléfono rojo con Rosario Murillo, 43 de sus miembros en juntas directivas estatales e influencia en las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. La alianza fue llamada oficialmente “Modelo de diálogo y consenso”. Los empresarios ganaban apoyo del Estado y gabelas en impuestos, Ortega allanaba el camino en la construcción del régimen autoritario. En la reforma de constitucional del 10 de febrero de 20114, se oficializó el modelo de relación empresarial, pero Ortega le colgó la eliminación de la prohibición de la reelección, y del balotaje.
Dirigencia del Cosep que fue encarcelada en El Chipote: Adán Aguerri (ctr), Michael Healy (dr) , Álvaro Vargas
En la oposición, los empresarios renunciaron masivamente a las comisiones estatales y aparecieron apoyando las marchas e incluso las convocaron. Ortega lo llamó “traición”. El 8 de junio de 2021 José Adán Aguerri fue detenido, el 21 de octubre su sucesor en la presidencia del Cosep, Michael Healy y el entonces vicepresidente Álvaro Vargas, en un suceso que la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla ha llamado “una noche de los cuchillos largos en versión tropical”. Ellos se unieron al banquero Luis Rivas Anduray que había encabezado la lista. En El Chipote estuvieron hasta el 5 de febrero de este año, cuando salieron sin patria y nacionalidad.
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El golpe de gracia al sector privado borrando fue su derecho de asociación afecta a la economía, la iniciativa privada, los empresarios y trabajadores, sostienen analistas y opositores exiliados. El sector privado es el principal propulsor de la economía nicaragüense, y eso los efectos de esta medida se notarán pronto. Los grandes grupos económicos no se han pronunciado sobre la decisión de Ortega. De hecho, con las relaciones rotas, el Cosep era el interlocutor, por lo menos en el caso de Carlos Pellas, el hombre más rico del país, presidente del Grupo Pellas que conforma 25 empresas y 18.000 empleados, la mayor productora de azúcar, el más famoso ron Flor de Caña, y el banco Procredit, el más grande de Centroamérica.
Los empresarios de los grandes grupos económicos bajo la presión del régimen Ortega-Murillo
También guardan silencio Ramiro Ortiz, presidente del Grupo Promérica, dedicado principalmente al sector financiero, con presencia en nueve países y propietario del banco Banpro, cuyo presidente Rivas Abduray fue encarcelado; Roberto Zamora, presidente del Grupo Lafise, especializado en productos bancarios y financieros, José Baltodano, presidente de Mercon Coffe Group, uno de las grandes empresas de café del mundo, Juan Bautista Scasa, presidente del Banco de Finanzas y Piero Coen, consejero del Grupo Coen, con inversiones financieras, agroindustriales e inmobiliarias.
Antes del Cosep, Ortega había enfilado contra al gran capital cancelando la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) un mes antes, el 3 de febrero. Los economistas han visto en la medida la retaliación del mandatario por haberse opuesto a la reforma tributaria del 2019 y su pretensión de ilegalizar Asobenp para sustituirla por una asociación de bancos afines al gobierno. Con el Cosep fueron despojadas de su personería jurídica las asociaciones de mineros, urbanizadores, constructores. Las de energía, exportadores de café, procesadores de palma africana. Y las de farmacéuticos, turismo y distribuidores de productos automotores. Entre las 18 canceladas.
El exdiputado Eliseo Núñez sostiene que el trasfondo de la decisión es no permitir ninguna asociación, salvo las del partido sandinista y el Estado. Mientras en el exilio se encienden voces que hablan de totalitarismo, cubanización, abandono del libre mercado, estrechamiento de lazos con Venezuela e Irán.
Ahora el temor entre empresarios e inversionistas son las confiscaciones. Todos los bienes de las cámaras empresariales quedaron expuestos a ellas luego de la cancelación de la personería jurídica por supuesto incumplimiento administrativo, porque la Ley 115 del 21 de marzo del 2022 establece que “cuando la cancelación se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo, el patrimonio del OSFL pasará a ser propiedad del Estado”.
Ya empezó la aplicación. Según El País ya fueron congeladas las cuentas bancarias de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva), mientras otros empresarios tratan de salvaguardar inmuebles y activos contrarreloj. Así ha sado con los bienes de más de 3.200 ONG decapitadas desde 2018.
En los últimos días la situación en Nicaragua ha estado al rojo vivo. Y no solo por el zarpazo a las asociaciones gremiales. Un informe de la ONU responsabilizó a los Ortega-Murillo de “crímenes de lesa humanidad”, documentando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y privación arbitraría de la nacionalidad. Además, el presidente se fue contra la Iglesia católica a la que llamó “mafia organizada” y el martes sumó a Caritas Nicaragua y Caritas Jinotega, a los cientos de ONG canceladas en los últimos meses, a dos universidades católicas, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y la Universidad Juan Pablo II, el miércoles cerró 25 ONG más. A estas alturas, más de un nicaragüense afligido debe estar repitiendo el verso del poema del gran Rubén Darío “ Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña”.
