La medida adoptada en la reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) frente a los recursos que gira anualmente el gobierno nacional a La Guajira no fue improvisada.
Ana Lucia Villa, la cabeza de la Direccion de apoyo fiscal, entidad adscrita al Ministerio de hacienda encargada del seguimiento a departamentos y municipal llevaba seis meses trabajando en un diagnóstico de la ejecución de los recursos provenientes del sistema general de participación, en La Guajira.
El análisis no se realizó desde un escritorio en Bogota; fue producto de al menos un viaje semanal y reuniones permanentes en el terreno y sector por sector: salud, educación y agua potables buscando una alternativa que garantizara que los recursos no se desviaran y produjeran como resultado un mejoramiento en la calidad de vida de los guajiros. Sin embargo todos los esfuerzos resultaban inútiles y los últimos hechos de detención del alcalde de Riohacha, la secretaria de educación y el gobernador del departamento confirmaron que el problema era de raíz y había que buscar una solución de emergencia, para salvar los casi $ 800 mil millones que gira la nación.
Este documento elaborado por la Dirección de apoyo fiscal en cabeza de Ana Lucia Villa muestra el caos, el despilfarro y la corrupción en la ejecución de los recursos que gira la nación para los servicios de salud, educación y agua potable en los quince municipios del departamento. La alarmante radiografía presentada por el Ministro de hacienda Mauricio Cárdenas y el Director de Planeación Simón Gaviria presentada en el Compes del pasado 21 de febrero, llevó al gobierno a tomar la decisión drástica de controlar la ejecución de los recursos provenientes del presupuesto nacional para los tres rubros citados.
La encargada de vigilar la ejecución será Ana Lucia Villa, la directora de la Unidad de apoyo fiscal, quien tendrá a su cargo tres funcionarios nombrados por el Ministerio de hacienda, cabeza de cada uno de los sectores, articulados a su vez a los respectivos ministerios. Villa ya había decidido suspender el giro de inversión para agua potable para evitar su despilfarro, con lo cual arranca el trabajo en el sector con $ 80.000 millones. La evaluación muestra irregularidades en la suscripción de contratos que no aseguran la prestación del servicio en las condiciones definidas, incumplimiento en la entrega de la información solicitada y ausencia de soportes para la realización de las auditorias y de pólizas que no cumplen los requisitos solicitados, entre otras. El gobierno busca una reorganización de los sectores antes de delegar nuevamente la ejecución a la gobernación, las alcaldías y sus secretarias, un escenario que puede tardar debido a la inestabilidad política del departamento cuyo gobernador y alcalde de la capital Riohacha, acaban de ser destituidos.
