De los dieceseis delitos electorales que hoy por hoy contempla el Código Penal Colombiano, al menos ocho son de ocurrencia frecuente en el Departamento de la Guajira. Lo mas triste es que se han vuelto práctica corriente de los grupos o facciones políticas pero tales procederes no llevan a una censura social.
Gobernantes que se hacen los de la vista gorda, candidatos a corporaciones públicas que compran votos, funcionarios que trafican con la inscripción de cédulas, alteración consentida de resultados electorales, constreñimiento al sufragante sobre todo si es funcionario público, corrupción al sufragante con la entrega de dádivas, utilización del presupuesto público para financiar campañas amigas, etc.
Ha desaparecido la ética en Colombia y en la Guajira cuando se trata de procesos eleccionarios. Desde los mas altos niveles del gobierno se impulsa el destroce de las normas legales para llegar o mantenerse en el poder.
De ahí que el presidente impulse medidas como la modificación de la normativa existente sobre la Ley de Garantías Electorales buscando financiar a través del presupuesto público de alcaldías y gobernaciones, la continuidad de los amigos en el parlamento. Eso ya no es secreto. Lo saben todos los poderes públicos y la gente de la calle.
Hasta el mismo Registrador Nacional se atreve a decirle a la ciudadanía con el mayor de los descaros, que todo aquel que desconfíe de su recta actuación al frente de ese organismo, que mejor no se presente a elecciones. Lo que no aclaró fué el dato que soltó el Director del Dane acerca de los mas de tres millones de muertos, que ya están listos para votar en el censo electoral vigente. A lo mejor esos muertos podrán votar el próximo año con el aval gubernamental.
El que escruta, elige siempre se ha dicho en Colombia. Y el señor Registrador está dispuesto a hacerlo ya que para eso es ficha de bolsillo del Presidente Duque. No bastará con los negociados que siempre se hacen al inscribir cédulas de ciudadanos en localidad diferente al de residencia para obtener ventajas ilícitas configurando el fraude señalado en el Código Penal.
En la Guajira parece que no existiera sociedad civil que propenda por los buenos manejos de la cosa pública ni por la preservación de la democracia. Se sabe y todos lo tenemos absolutamente claro que el voto es el principal instrumento democràtico, pero miramos para otro lado cuando en nuestras narices se violenta el código electoral.
Decimos en la Guajira que lo que pasa es que tenemos condiciones particulares que nos hacen diferentes al resto del país. Hablamos de “la logística” para votar cuando de lo que se trata es de la compra de votos.
El voto libre del ciudadano no existe en la Guajira. Al menos asi parece cuando revisamos los resultados de cualquier elección. ¿Sabrán los Wayuus de la Alta Guajira quienes son Daira Galvis, José David Name, Efraín Cepeda o Eduardo Pulgar? Seguramente que no tienen ni idea. Pero estos honorables, obtuvieron en La Guajira mas de veinte mil votos en las elecciones a Senado de 2018. ¿Votaron libremente por ellos o recibieron dádivas para que votaran?
Eduardo Pulgar es el mismo personaje, exsenador de la U que le ofreció “100 barras” a un honrado juez de la república en Usiacurí (Atlántico) para que le torciera el pescuezo a un expediente y beneficiara a su financiador Luis Fernando Acosta. Hoy purga condena de casi cinco años por tráfico de influencias y cohecho por ofrecer dádivas. La sacó barata al caer en manos de la Fiscalía, pero nadie sabe porqué casi tres mil guajiros votaron por el para el Senado de la República.
Lo peor es que en La Guajira, la gente no censura a quienes violentan el código penal por delitos electorales. Así se sintió cuando Wilmer González Brito fue separado de su cargo como gobernador del Departamento y después condenado por la Corte Suprema de Justicia.
A la gente se le oyó comentar que había que tener en cuenta las condiciones de la región, que todos hacían lo mismo, que la logística necesaria para trasladar al elector wayuu no podría compararse con pagos por el voto. Puros cuentos, porque quedó demostrado el delito y de allí su condena.
En situación similar se encuentra hoy la parlamentaria María Cristina Soto, llamada a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por supuestos delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal. También quedaron comprometidos en el proceso algunos “reclutadores” como Simón López Martínez, quien coordinaba la operación de compra votos en Maicao.
Así las cosas, Tina Soto, además de arrastrar su triste duelo familiar, también tendrá que afrontar su defensa ante la Corte Suprema, para intentar demostrar lo que parece dificil de negar, aunque elefantes mas grandes se han tapado en este país.
