Es de conocimiento público que el Gobierno colombiano adelanta con máxima potencia en La Guajira una estrategia de gestión de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER.
En una primera fase, la intención es construir 16 parques eólicos para surtir de electricidad a gran parte del país. Sin embargo, muchas de las comunidades indígenas que habitan en la zona dispersas de los municipios de Uribia y Maicao, expresan que no se les han garantizado compensaciones justas por el uso de sus territorios, por lo cual no están de acuerdo con el avance de los proyectos.
Muestra de ello fue el retorno de las comunidades a los territorios ancestrales ocupados por el parque eólico Guajira 1 y que resaltó la prensa nacional como una protesta y toma del territorio del proyecto por parte de tres comunidades wayuu.
Después de las bonanzas de las perlas, del café, del dividivi, la sal, el contrabando, la marihuana, gasolina, gas y carbón, se viene una nueva para La Guajira, la del viento.
Para el 2031 están proyectados 57 parques eólicos en la Alta Guajira que pueden llegar a generar un 20% de la energía que necesita Colombia.
La Guajira presenta un conjunto de alternativas de diversificación productiva y servicios potenciales que se pueden explotar y facilitar su desarrollo a través de acciones competitivas y que se convierten en opciones atractivas para la inversión privada.
Según la Unidad de Planificación Minero-Energética-UPME el departamento tiene el mayor potencial de energía renovable en Colombia y cuenta con una significativa oportunidad para participar en la llamada industria sin chimenea, en virtud a bondades naturales estratégicas a partir del etno y ecoturismo.
.Pero existen dudas de que ello pueda repercutir en la prosperidad local. Según Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, al menos 65 parques eólicos funcionarán en el 2031 en la Alta y Media Guajira.
Más de 600 comunidades étnicas tendrán impactos con los 2.600 aerogeneradores que estarán instalados en el 98% del territorio wayuu. La transformación energética del país podría convertirse en un factor del desplazamiento interno de todo un pueblo.
En tono fuerte, ha ratificado el presidente de la republica Iván Duque, en la inauguración y entrega del parque eólico Guajira 1 ubicado en el municipio de Uribía, qué Colombia se ha convertido en el país de América Latina con mejores los incentivos para generar energías renovables y que, gracias al sol y al viento local, La Guajira, es la nueva energía del país.
Aseguró que el país ha pasado de 28 megavatios instalados en agosto del 2018, a 2.800 megavatios construidos, adjudicados en subasta y operando.
En desarrollo de la política pública del sector, la Agencia Nacional de Hidrocarburo determinó que en Colombia las empresas que promuevan la producción de energías renovables deberán priorizar y sin limitarse a ellas diferentes líneas de acción con base a valores y principios.
Entre ellos compartir los beneficios del desarrollo con las comunidades locales mediante el acceso a la electricidad, ahorro de gastos, alquileres y tasas, e infraestructura; capacitar y emplear a trabajadores locales, y proveer bienes y servicios a nivel local para contribuir con el desarrollo económico; prevenir el trabajo forzado e infantil; adoptar y promover las políticas de derechos humanos y las prácticas de debida diligencia de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Igualmente, tratar a las comunidades afectadas como asociadas, realizar consultas previas inclusivas con anterioridad al desarrollo del proyecto y respetar la tenencia de la tierra y el derecho al consentimiento libre, previo e informado; realizar evaluaciones de impacto ambiental, social, comunitario y de derechos humanos, que sean locales e integrales, con anterioridad al desarrollo de proyectos y crear planes de gestión para mitigar los efectos y externalidades negativas; desarrollar sistemas para identificar y monitorear las cadenas de suministro; introducir mecanismos accesibles de reclamo de conformidad con los criterios de efectividad de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, diseñados y monitoreados con las comunidades y los trabajadores y los mecanismos de reclamo deben concordar con las capacidades de la comunidad local para participar en el proceso.
Independientemente de ello, no hay dudas de las afectaciones sobre el paisaje cultural y la pervivencia de la cosmovisión, identidad, territorialidad, gobernanza, uso de la lengua materna y creencias religiosas.
Los cambios en la composición del paisaje pueden alterar el orden existente en los lugares pulowis y la presencia de seres sobrenaturales del pueblo wayuu asociados al viento, a los sueños afectando el equilibrio, la salud y el rol de la outsu (piachi o curandera wayuu) en el territorio.
Con estas nuevas dinámicas en el territorio, se hace necesario superar con eficiencia y rectitud la crisis institucional y de gobernabilidad de La Guajira, reflejada no solo en la intervenciones y administración de sectores claves como la salud, educación y agua potable; suspensión y detención de diferentes gobernantes, sino en la dificultad misma en el sostenimiento de la institucionalidad, tanto en el departamento, en donde se rotaron cerca de doce gobernantes en los últimos 6 años y en municipios claves, como Fonseca y Manaure, lo que nos lleva a la necesidad de madurar también en el manejo de la cosa pública y tomar las mejores decisiones, adportas de una nueva contienda electoral.
Con la realidad de la bonanza de la fuerza del viento guajiro y boom de las energías alternativas, se vislumbra una oportunidad para no desperdiciar.
En relación con los beneficios que deben obtener las comunidades en los proyectos energéticos como base de la licencia social, Juan Pablo Ruiz señala que las comunidades, para que se vinculen con ánimo positivo, deben obtener beneficios del negocio.
Ganar esa Licencia social no es sólo cuestión de disminuir riesgos, sino de transferir beneficios.
Es trascendental desarrollar capacidad institucional local para que estos recursos se conviertan en acciones en beneficio de las localidades y no en temas de corrupción.
Por ello, es importante, que las carencias sociales existentes en las comunidades puedan ser intervenidas con la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, hasta ahora incumplida por la nación, la institucionalidad departamental y la local.
Frente a esta realidad que se tejen a partir de sueños, esperanzas, oportunidades, pesimismo y amenazas, se hace necesario convocar a las fuerzas vivas, dirigencia cívica, comunitaria, religiosa y académica, para aunar esfuerzos de guajiridad, de compromiso y control sin tinte politiquero, para que se proyecte un mejor panorama para la población y el territorio que mucho le aporta a la nación y de ella recibe solo maltratos, desencantos e incremento de la ya cuantiosa deuda histórica con su habitantes.
