Todo indica que el próximo presidente de la República de Colombia será Gustavo Petro. De Petro se dicen muchas cosas, no solo las dicen sus enemigos, también quienes ven en él el liderazgo de una apuesta por el cambio más allá de la clásica figura del caudillo.
Lo cierto es que posee una cualidad que no tiene ningún otro político en la Colombia contemporánea: ser conductor de masas. Petro ha sabido recoger la indignación ciudadana, cada vez más arraigada desde 2018.
Las elecciones legislativas ponen al Pacto Histórico, la coalición de movimientos políticos y sociales alternativos, como primera fuerza electoral, aunque no como mayoría parlamentaria.
La merma de poder del uribismo y de la tradicional clase política colombiana, aunque todavía no es irreversible se ha hecho notoria a tal punto de que los expresidentes Uribe y Pastrana afirman que existe fraude electoral a favor del Pacto Histórico, cuando esta coalición no es el partido de gobierno ni fuerzas políticas tradicionales que tienen injerencia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, la autoridad que escruta las elecciones.
Estas afirmaciones no son meros delirios, son la antesala de lo que va a ser la gran ofensiva de lo que yo llamo la narco-oligarquía contra lo que será un proyecto de gobierno popular. El registrador no es garante de la democracia, tal como se evidencia al ceder a las presiones de los expresidentes.
¿Pero qué es la narco-oligarquía?
Sí bien, el clientelismo (fenómeno de lealtades electorales a cambio acceder a favores particulares que en una democracia deben ser entendidos como servicios del Estado en beneficio de la ciudadanía en general) es algo que se remonta a la fundación de los dos partidos políticos tradicionales y que estuvo asociado a los caciques o gamonales que eran el único enlace entre las regiones y el poder central, se hace todo un sistema de control del Estado a partir del Frente Nacional, periodo en el cual liberales y conservadores pierden definitivamente las diferencias ideológicas para repartirse formal y equitativamente el aparato burocrático.
La carta del 91 supuso que la democracia participativa superaría el autoritarismo de la vieja carta política y el clientelismo del Frente Nacional y el posfrente en el que liberales y conservadores siguieron postergando el esquema gobierno-oposición por un régimen de colaboraciones, por no decir de complicidades.
El pluripartidismo de la nueva carta hizo que el clientelismo pudiese lograr mayores niveles de institucionalidad gracias a una descentralización administrativa improvisada que terminó ensanchando los sistemas de corrupción que tenían ya montados las elites regionales.
Los clanes familiares que entonces legitimaban en los departamentos el poder nacional de la oligarquía liberal-conservadora, resultaron, con el tiempo, definiendo la agenda nacional, apalancados en el contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo.
La incidencia de las organizaciones narcotraficantes y paramilitares dentro del Estado colombiano se hizo evidente cuando paramilitares, desertores del cártel de Medellín, el cartel de Cali y agentes del Estado se aliaron para perseguir a Pablo Escobar; era un secreto a voces que dineros ilícitos financiaban campañas políticas desde los últimos gobiernos del Frente Nacional.
El narcoparamilitarismo, es la síntesis del paramilitarismo antisubversivo, táctica del poder militar para combatir los grupos guerrilleros, con las organizaciones narcotraficantes cansadas de pagar el gramaje, una especie de tributo, a los insurgentes.
Lo que desde mediados de la década de 1970 fue el brazo armado de organizaciones criminales en connivencia con sectores de la fuerza pública se convirtió en un monstruo capaz de devorar al Estado colombiano. La oligarquía urbana y centralista fue siendo desplazada por una oligarquía rural y provinciana que, si bien ya existía, nunca antes tuvo una influencia decisiva en el poder estatal gracias a los ríos de dinero del tráfico de drogas.
El momento decisivo de esta sería sin lugar a dudas 2002, año para el cual los estamentos del Estado fueron capturados, de una vez por todas, por el narcoparamilitarismo y, lo peor, a través de la fórmula electoral: primero fue el Congreso, luego el Gobierno; años después sería puesto en evidencia en fenómeno de la parapolítica. Desde ese momento hasta estos días el régimen político colombiano se ha constituido en narco-oligarquía.
Se puede decir que la narco-oligarquía es el culmen del capitalismo clientelista, muy propio de los países latinoamericanos. Si bien el capitalismo tiende al monopolio y al oligopolio en la feroz lucha por el control de los mercados, el capitalismo en los países ricos ha operado como dicotómica y paradójica fuerza creadora y destructora.
En los países pobres se ha quedado en el factor destructor, debido a remanentes coloniales y feudales que hacen a las economías eminentemente extractivas, atrasadas y rentistas haciendo imposible consolidar aparatos productivos apalancados en la industria y en la tecnología que permitan una efectiva creación de riqueza.
La captura de rentas por parte de poderes privados no sólo es posible por la dinámica extractiva, sino que se da por distintos mecanismos de corrupción que ponen a disposición los recursos económicos del Estado a favor de ellos, cómo el caso de las firmas constructoras que progresivamente se hicieron al control de la banca y el crédito público hasta crear poderosos y casi incontrolables conglomerados económicos.
La crisis de productividad y competitividad de los diferentes sectores agropecuarios y la fragilidad de la industria nacional, casi inexistente gracias a una apertura improvisada al libre comercio, permitió la consolidación y el ensanchamiento del narcotráfico.
La insurrección narcoparmilitar
La narco-oligarquía ha comenzado a sufrir un revés importante al perder influencia en el legislativo, poca, pero es un buen comienzo para el cambio en las costumbres y prácticas políticas, que se irá acentuando al perder próximamente el ejecutivo.
No obstante, no se quedará quieta y arrancará la ofensiva en busca de recuperar el poder perdido.
Primero, los conglomerados económicos querrán mayores generar traumas, de los ya ocasionados por la crisis mundial, en la cadena de distribución y de suministros, es decir, intentarán la guerra económica o lo que en Argentina denominaron como golpe de mercado (https://www.tiempoar.com.ar/economia/el-golpe-de-mercado-esta-en-marcha/).
Segundo, los medios de comunicación responsabilizarán de la crisis económica al nuevo gobierno, cuando la crisis es global, e informarán que es consecuencia de intentar reformas económicas orientadas al socialismo, cuando se quieren hacer reformas orientadas al desarrollo de la economía nacional y el mejoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Bien afirmó el expresidente de Ecuador Rafael Correa que desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es lo que quiere el dueño de la imprenta. Recordemos que los medios de comunicación son propiedad de los conglomerados económicos ya mencionados.
Tercero, el Congreso buscará destituir altos funcionarios del futuro gobierno y, también, hacerle un juicio político al presidente por querer hacer reformas estructurales, so pretexto de que ello genera un pánico económico.
Cuarto, las organizaciones narcoparamilitares, dispersas a lo ancho y largo del país, persistirán en un recrudecimiento de la violencia, incluso apareciendo la violencia con cierta intensidad en las principales ciudades del país.
Frente al fenómeno narco-pamilitar el mayor Gónzalo Bermudez Rossi afirma que, “fue la legalización y apoyo a los capos al narcotráfico, las Cooperativas de Vigilancia Rural (Convivir) no fue más que insertar a la población civil en la guerra y contradictorio con el protocolo II de Ginebra, para seguridad de terratenientes, ganaderos, casatenientes y narcotraficantes, el conflicto interno se degrada hacia una guerra civil no declarada”.
Los grupos de justicia privada, según el decreto 356 de 1994, articulo 39, buscan insertarse a todo trance, legalmente, en tales “Cooperativas” (Pronunciamientos, conspiraciones y golpes de estado en Colombia, 1997).
Tercero, el uribismo y los partidos tradicionales repetirán hasta el cansancio que una guerra civil será inminente y que ha sido estimulada por el Gobierno popular y ha de ser necesaria la intervención de las fuerzas armadas. El golpe de Estado marcaría el triunfo de la insurrección narcoparamilitar y el aplastamiento de las aspiraciones de cambio de las mayorías ciudadanas.
¿Cómo responder?
La lucha armada para realizar la toma del poder ha sido una estrategia fallida, como quedó demostrado tras décadas de conflicto interno.
Intentar, así mismo, la estrategia armada para conservar un gobierno popular puede resultar contraproducente. Al igual como las tácticas de lucha no-violenta sistematizadas por el politólogo estadounidense Gene Sharp (http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf),
Estas fueron objeto de críticas de un sector de las izquierdas latinoamericanas que le acusaron de trabajar para la CIA y de ser el ideólogo de la teoría del golpe de Estado blando, acusación desmentida por intelectuales como Noam Chomsky, han servido para socavar el poder de regímenes dictatoriales también sirve para desactivar posibles golpes de Estado, inclusive esos golpes blandos que, precisamente, no apelan al poder militar sino a la manipulación, la mentira y el descrédito para socavar gobiernos de amplia legitimidad democrática como el del expárroco Fernando Lugo o el de Dilma Rouseff y que han usado las tácticas formuladas por Sharp.
Las estrategias y las tácticas de lucha son genéricas y no son exclusivamente ideológicas, la lucha no-violenta estratégica, que tiene un desarrollo conceptual parecido a la lucha militar, es un concepto de guerra que cobra mayor vigencia cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha establecido, recién, el concepto de guerra cognitiva.
La lucha no-violenta estratégica con fines transformadores debe acompañar el desarrollo del inevitable gobierno popular, en aras de garantizar la democratización efectiva del Estado colombiano.
Parafraseando a Carl von Clausewitz, estratega militar prusiano de la Europa napoleónica, el filósofo francés Michel Foucault afirmó que ‘la guerra es la continuación de la política por otros medios’. Desde luego que un ciudadano no es un militar, pero un ciudadano con conciencia política es un guerrero; así que… soldado avisado no muere en guerra.
Depende de nosotros seguir el camino de la servidumbre voluntaria, concepto muy pertinente formulado por pensador francés Étienne de La Boetie, o crear las condiciones para el ejercicio libertad social y la creación de poder popular.
