Colombia es un país de contrastes. Las redes sociales de forma constante glorifican o destruyen a cualquier persona con facilidad. Esta situación lleva a la obligatoria reflexión de si nosotros como colombianos estamos realmente preparados para asumir la cantidad de derechos que nos dio la Constitución de 1991. La libertad de expresión es entendida de forma errada y para muchos se ha convertido en la estrategia de destruir la integridad de otras personas, recurrir al insulto y a la difamación sin que pase nada.
Y ahí es precisamente donde está el error. Desde la Constitución de 1991 hasta la aparición de las redes sociales pasaron muchos años y en ellos, rara vez se cuestionó la mal llamada libertad de expresión. Esto permitió que las personas poco a poco fueran perdiendo el respeto por los demás en sus apreciaciones, en su forma de tratar al otro, como una sociedad esquizofrénica que solo comprende que estamos mal cuando algo mal se convierte en un hecho viral de la red, que se sigue quedando en la red y no en la realidad.
Ya se hizo común en redes sociales cuestionar el comportamiento de los corruptos, de las personas que recurren al famoso usted no sabe quién soy yo o de quienes abusan de su poder para lograr ciertos fines. Cuando esas cosas pasan las redes sociales reaccionan y cientos de insultos aparecen en redes para destruir a quien ha destruido.
El más reciente caso de personas que usan su condición social para pasar por alto sobre la integridad de otra persona es ejemplo de la decadencia de la sociedad colombiana y de cómo la permisividad jurídica permitió que cualquier persona pueda acabar física o virtualmente con la integridad moral de cualquier persona. Sucedió en Bogotá, en donde una mujer que se ufana de ser una gran abogada, terminó insultando, de la manera más baja en que puede hacerlo una persona, a quienes por razones de su oficio están cumpliendo con su trabajo.
Ese es otro mal del colombiano. Insultar al funcionario y no a la empresa que realiza las políticas, porque es más fácil no enfrentarse a quién tiene el poder sino a quien debe dar la cara por él. ¿Cuántas llamadas a las grandes empresas terminan en insultos al asesor por una política que él no hizo pero que tiene que explicar? ¿Por qué descargar nuestra inconformidad contra los que ejercen un trabajo de forma honrada?
La mujer en cuestión entró en cólera cuando los encargados de la vigilancia le hicieron saber que por el horario no era posible que ella siguiera en el lugar. Ella, haciendo uso de su profesión, le indicó al hombre que la gente como él le daba un asco argumentando que la razón de su asco era simplemente porque ganaba un mínimo “¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto? ¡Un mínimo! ¿Y sabe por qué? Porque no tiene más, en cambio yo si tengo estudio” fueron algunas de las frases proferida por la abogada.
Queda entonces la siguiente cuestión: ¿cómo alguien que estudió para defender los derechos de las personas termina vulnerándolos solo por no tener el mismo sueldo de ella? ¿Quién o para quienes realmente se hizo el derecho? ¿Para una clase social determinada? ¿Las personas que ganan un mínimo no tienen derechos y por eso se les puede vulnerar?
