A juzgar por el primer mes del año, el panorama pinta nefasto para el país. Comenzamos con las consecuencias de la captura de Aída Merlano en Venezuela. Cuanto gira alrededor de su fuga, su recaptura, su pretendida extradición, su esperado testimonio realmente apesta. Todo indica que gente muy importante está preocupada por eso.
Las conjeturas son grandes. Si su fuga fue obra exclusiva suya, o producto de un plan diseñado en las alturas. Si en verdad el gobierno de Iván Duque tiene algún interés en que la señora Merlano sea entregada a Colombia. Si habérsela pedido en extradición a Guaidó no es más que una maniobra para evitar que declare aquí. A nadie parece convenirle su regreso.
Para sazonar ese ambiente, utilizado además para aumentar la campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, están los incesantes asesinatos contra líderes sociales y exguerrilleros en proceso de reincorporación. No hay duda de que en este gobierno se bate el récord de crímenes de esta índole, lo que vuelve a generar toda clase de suspicacias.
Precisamente porque las muertes de líderes y firmantes de la paz no se detienen pese los reiterados anuncios oficiales. Tampoco se ven resultados en cuanto a disminución de amenazas y presencia de bandas paramilitares o criminales, pese a la militarización de las regiones en donde campean a sus anchas los asesinos. Reconocidos líderes y jerarcas eclesiásticos se han atrevido a hablar de sospechosa convivencia.
Cosa que el alto gobierno rechaza con vehemencia. Nadie se olvida de que el partido político del presidente de la República ha sido reiterado enemigo del Acuerdo de Paz y su implementación, a los que han procurado torpedear por todos los medios posibles. El Acuerdo se ocupa de garantías para la actividad política, para la vida, para la protesta social y la lucha popular.
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Resulta muy difícil creer que la ministra del Interior hablaba en tono personal cuando calificó ese Acuerdo como una carga para el gobierno nacional
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Resulta por tanto muy difícil creer que la ministra del Interior hablaba en tono personal cuando calificó ese Acuerdo como una carga para el gobierno nacional, algo que estaba semifallido, un hecho que había polarizado la opinión nacional y que solo había generado problemas. Le queda muy difícil al Presidente Duque deslindarse de tales posiciones.
Más cuando decide premiar a la señora con un alto cargo en materia de derechos humanos en su gobierno. Nadie deja de sorprenderse por ello. El uribismo siempre ha considerado la lucha por los derechos humanos como un trabajo de zapa de terroristas y guerrilleros. Es increíble que alguien que no disimula su desprecio por la paz sea designado para tal responsabilidad.
Es fácil pensar que lo que quieren es burlarse del pueblo colombiano, de la comunidad internacional, de las víctimas del conflicto. De hecho ante el anuncio del presidente del Senado, Lidio García, de revivir el proyecto de ley sobre circunscripciones especiales de paz, el gobierno nacional no tuvo el menor reparo en declarar que se opondrá a su sanción. Por encima de su reiterado discurso sobre su voluntad de implementar los Acuerdos.
Ya sabemos que la más respetable institución internacional en materia de memoria, acaba de suspender al Centro de Memoria Histórica como miembro de ella. Y eso como reacción a la absurda posición de su director, uribista de pura cepa, de considerar contra toda evidencia y en contravía de previsiones legales, que en nuestro país nunca ha existido un conflicto armado. El campanazo de alerta es alarmante, nos encaminamos a país paria en el continente y el mundo.
Igual sucede con las reformas pensional y laboral anunciadas por la ministra de Trabajo Alicia Arango, a quien ya se le informó su paso al ministerio de la política en premiación a su eximia labor. Llevábamos por lo menos dos meses, oyendo a los voceros más importantes del gobierno nacional, negar abiertamente que la actual administración tuviera eso en sus planes.
Incluso se descalificó a los voceros del Comité Nacional de Paro por estar invocando falsas razones para llamar a la movilización de protesta. Ahora resulta que era cierto. Que la idea es precarizar aún más el trabajo en nuestro país, cosa que defienden con una naturalidad rayana en el cinismo. Resulta completamente normal que nadie quiera creer una sola palabra a este gobierno.
Como si faltara alguna prueba están los casos de Kavir y Sombra. El primero robó a las Farc-EP más de seiscientos millones de pesos, en tiempo del despeje de Pastrana, y emprendió las de Villadiego. Luego sirvió al Ejército, a la Fiscalía y al propio Uribe, quien lo envió a dormir como premio a la suite presidencial del Hotel Tequendama.
El segundo, un desertor del 2007 que tras su captura en el 2008 se convirtió en charlatán y delator de la más baja ralea, gracias a la mano tendida del gobierno. Ahora los dos están acusados de ser peligrosos delincuentes. Qué podía esperarse de los hombres del Presidente.
