María Gilma Gómez, ex directora de la Unidad de Mantenimiento Vial del alcalde Gustavo Petro, enfrenta una doble batalla: la lucha sin cuartel contra el cáncer que padece desde que salió de la Alcaldía de Bogotá y la sanción de 10 años de inhabilidad que le acaba de imponerle el procurador, Alejandro Ordoñez, en la que tampoco se da por vencida.
Su vida cambió desde aquel momento en que directivos de la firma británica Velocity, representada legalmente en Colombia por el actor Juan Pablo Posada, ‘el Chuli’ en Francisco el matemático, le presentaron a ella y a varios funcionarios del distrito, incluido el alcalde Petro y su círculo de confianza, una máquina tapahuecos que era la panacea en Estados Unidos y en países de Europa cuya tecnología sería aplicada para tapar los huecos de las vías en la capital. En el papel representaba un ahorro del 30 % y cumplía con el objetivo cinco veces más rápido frente al método convencional.
Como encargada de los temas de mantenimiento vial, María Gilma Gómez firmó el contrato que inmediatamente se convirtió en el foco de los medios de comunicación, en uno de los flancos de ataque de la oposición al alcalde Petro y del repentino interés de los organismos de control: no habían salido los titulares de prensa a mediados de 2014, denunciando que el contrato fue firmado de forma directa y que la firma era representada legalmente en Colombia por un actor, cuando ya el contralor, Diego Ardila, le abría otra investigación que la terminó sacando de la alcaldía.
Luego vendría la drástica sanción del procurador. No fue una sanción cualquiera, ni contra una funcionaria más del distrito. El duelo en los altos círculos políticos del petrismo es grande y la sanción es vista como una revancha del procurador ante la derrota que le propició Gustavo Petro en el tema de las basuras.
María Gilma Gómez es una caldense de acento remarcado. Se formó como ingeniera civil en la Universidad Nacional, construyó una carrera como empresaria en el mundo de la ingeniería, en el que brilló durante casi dos décadas hasta el año 2000, cuando decidió dar un giro en su vida profesional. Agobiada por la marrullería a la que se enfrentaba a la hora de participar en las licitaciones públicas, decidió liquidar la firma de ingenieros que había constituido con su esposo, Gustavo Vallejo, y comenzó a proyectarse en la vida pública.
Dejaba el ejercicio de una profesión que se desempeñó por más de dos décadas y en la que tuvo éxito en varios proyectos como la construcción del acueducto por gravedad en La Dorada, Caldas, y el acueducto regional de occidente. Su pasión por la ingeniería y su vocación de liderazgo le alcanzó para liderar un consorcio de 70 empresas de ingeniería para buscar el desarrollo de su región.
Su esposo la acompañó en esa difícil decisión. Juntos comenzaron trabajar en proyectos sociales, en procesos de ciudadanía y convivencia con niños, jóvenes y víctimas de minas antipersona en Caldas. Fueron cuatro años en esa tarea de carácter social cuando, en el 2004, le ofrecen la dirección de una obra en el Casanare. Llega a Bogotá a dirigir el proyecto desde la capital, pero como como al final este no se concretó, terminó trabajando dos años en un proyecto de mantenimiento de los equipos de respaldo de energía de Telecom.
Su destino estaba marcado por la política. En 2006, cuando Antonio Navarro apenas proyectaba su campaña a la gobernación de Nariño, la invitó a trabajar con él para construir su programa de gobierno y, una vez fue electo, la nombró asesora en su despacho.
A Gustavo, como se refiere al alcalde, lo conoció en la carrera a la presidencia donde gerenció su campaña en Caldas. Aunque no participó en su campaña a la Alcaldía de Bogotá por quedarse en Caldas apoyando la aspiración de un amigo al Consejo, María Gilma siempre se mantuvo en el corazón de los progresistas.
Una vez Petro se coronó alcalde de Bogotá, el 30 de octubre de 2011, María Gilma fue invitada a formar parte de equipo, pero tardó varios meses en aceptar. Inicialmente le habían ofrecido un cargo como asesora, pero casi por sorpresa terminó al frente de una de las dependencias más sensibles a la hora de ejecutar contratos: la unidad de mantenimiento vial.
La decisión que la terminó enredando no estuvo solo en sus manos. Aunque fue el propio Petro quien la citó al Palacio de Liévano para presentarle a los representantes de la firma que lo habían contactado personalmente, María Gilma se mostró escéptica desde un principio. Sin embargo, contaba con la asesoría de expertos como el abogado Ernesto Matallana Camacho y el ingeniero Luis Carlos Vásquez Torres, especialistas que recomendaron la maquina tapahuecos como la mejor opción para reparar el 38 % de vías que se encuentran regular y mal estado de los 15 mil kilómetros interrupción.
La máquina sería destinada para tapar los huecos pequeños, los ‘’rompe rines’’ en las vías principales de Bogotá, causantes de buena parte de los accidentes viales. La estrategia que los técnicos de la Alcaldía decidieron utilizar para contratar los servicios de la máquina fue realizar un contrato de forma directa mediante el presupuesto de Ciencia y Tecnología, lo cual fue calificado por el contralor Ardila y luego por el procurador Ordoñez como una pirueta para burlar el mecanismo de la licitación.
La máquina no fue comprada sino que sus servicios fueron contratados por metro cúbico; es decir, la Alcaldía le pagaba a la firma Velocity, dueños de la máquina, por cada hueco tapado. Sin embargo, en ninguna de las sanciones de los órganos de control se habla de algún interés de la exfuncionaria para obtener algún beneficio personal.
La sanción se le clavó como una estocada del procurador Ordoñez. Los días, desde que María Gilma salió de la alcaldía, no han sido fáciles. Aunque algunos de los funcionarios que la acompañaron en las decisiones la apoyan, ella tiene su propia batalla. Su salud y la guerra que libra contra una dura enfermedad como es un cáncer, que no padecía cuando entró a la alcaldía le dejó unas secuelas que, según sus médicos, se han multiplicado en medio de las afujías judiciales.
