En la recta final de su gobernación, Dilian Francisca Toro celebró junto a la primera ministra de cultura de Iván Duque, Carmen Vásquez, el que parecía entonces ser un gran regalo para los caleños: el Centro de Danza y Coreografía ‘La Licorera’. El edificio escogido no podía ser más apropiado ni estar mejor localizado: las viejas bodegas de la Licorera del Valle. Una obra arquitectónica de los años 50 donde estuvo la vieja caldera que durante 82 años produjo aguardiente, abandonada desde el 2003.
El mega proyecto implicaba adecuar los ocho edificios con sus 38 mil metros cuadrados. que convertiría a Cali en epicentro de la danza en Colombia. Su inauguración fue con bombas y platillos en diciembre de 2019, la última navidad Dilian Francisca Toro en el cargo y ya con sucesora de toda su confianza, Clara Luz Roldan, elegida. Su aporte sería superior a $80 mil millones, lo avaluado del terreno, frente a $15 mil millones del Mincultura.
La cortada de cinta marcaba el arranque de la obra, con lo que se cerraba la primera parte de un proyecto que había comenzado durante el Ministerio de Mariana Garces, en el gobierno Santos. Dos años atrás, a finales del 2017, Dilian Francisca tenía listo un primer convenio interadministrativo, el 2859, con la Ministra Garcés, para la rehabilitación del edificio. Sin embargo este solo se materializó con el 2018, cuando el gobierno Santos iba de salida y se firmó el primer contrato de obra por casi $12 mil millones para la construcción, reforzamiento estructural y rehabilitación de las bodegas en los edificios 1, 1A y 2. Empezaron las adhesiones y la primera fue de $2 mil millones.
El consorcio Obras Cedacor, compuesto por Proyectar Ingeniería SAS y Desarrollamos Ingeniería LTDA, fue el escogido para la ejecución de la obra y el contrato se firmó el 13 de junio de 2018. Proyectar Ingeniería es una empresa vallecaucana con obras en distintas partes de Colombia, entre éstas el parque Solón Wilches en Bucaramanga, que ha tenido problemas por retraso en las entregas. La Fiscalía señala a Jorge Angel Noguera Castro, del grupo empresarial, de estar implicado en un “nuevo carrusel de contratación” en el municipio de Galeras (Sucre), en el que presuntamente pagaban comisiones a congresistas y también a funcionarios públicos para que a través de convenios interadministrativos fueran contratados para desarrollar obras en el municipio.
Desarrollamos Ingeniería ha tenido contratos en las alcaldías de Cali (2018), Palmira (2018) y el Hospital San Rafael de Zarzal (2019) por un valor total de $10.631 millones.
El gobierno Santos concluyó sin que la obra hubiera avanzado como se había planeado. La gobernadora Toro no desfalleció y consiguió refinanciar la obra. Encontró una nueva ruta presupuestal, a través de la Secretaría Técnica del OCAD Pacifico y logró la autorización de vigencias futuras a través del fondo de compensación regional por $4.536.860.231, pero además entusiasmó, sin dificultad, a la nueva Ministra de cultura nombrada por Duque, la vallecaucana Carmen Vásquez, para que continuara apoyando el proyecto. Y así lo hizo. En 2019, en vísperas de la Ley de Garantías en 2019 cuando ya iba a comenzar la campaña electoral para gobernaciones y alcaldías, firmó el contrato para la construcción de la etapa 2 del Centro de Danza cuyo valor inicial fue de $4.000 millones, dirigido al reforzamiento estructural y rehabilitación de tres de las bodegas, que serían destinados para uso administrativo y las residencias temporales de estudiantes y artistas de visita temporal a la ciudad. Todo seguía sonando bonito.
Los $4.000 millones del Ministerio de Cultura iban con contratista amarrado. Y fue así como el escogido para materializar la obra fue uno de los constructores preferidos por la ministra Vásquez, a juzgar por las importantes obras de infraestructura que les entregó durante sus dos años en la cartera: LAM Construcciones, cuyo representante legal es Jairo Villamizar Salcedo.
Una decisión que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza como ha ocurrido con otras obras de infraestructura cultural entregadas a ellos. El contrato de la segunda etapa del Centro de Danza del Pacífico tiene ya 6 otrosíes y 4 suspensiones que se han prolongado en el tiempo. Hasta el 17 de mayo de 2021 bajo la excusa del desabastecimiento de algunos materiales necesarios para la ejecución de las obras contractuales debido a la emergencia sanitaria por la pandemia. El contrato terminó costando, después de las adiciones, $6.000 millones con lo cual se completaron más de $16.000 millones en una obra que sigue, parcialmente, sin ver la luz.
No es fácil de explicar la insistencia de la exministra y hoy embajadora en Uruguay Carmen Vásquez con la constructora LAM cuyo saldo en resultados es más que negativo. Fue la encargada de la Fase II de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado de Buenaventura, a la que ya se le han inyectado cerca de $6.000 millones y aún no se termina.
Seis meses después ya les estaba entregando a LAM, en noviembre de 2019 otro contrato por $663 millones para la construcción de una casa de la cultura en Bahía Solano, Chocó. Pero LAM no llegó al ministerio directamente, sino a través de una empresa mixta de Cundinamarca: la Empresa Logística de Cundinamarca, que es la que la contrata para que ejecute las obras que le son asignadas a través de los convenios interadministrativos. Hay por lo menos dos casos más a parte del de la casa de la cultura de Buenaventura.
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En 2020, la Empresa Logística de Cundinamarca contrató a LAM para la ejecución de otra obra del Ministerio de Cultura que fue entregada a través del convenio interadministrativo 3118 de 2020. LAM firmó un contrato por $428 millones para la instalación de toda la iluminación escénica del teatro Juan de Dios Aránzazu, en La Ceja.
En 2021 el Ministerio de Cultura suscribió un convenio interadministrativo en mayo con la Empresa Logística de Cundinamarca por 12 mil millones para el proyecto de rehabilitación y adecuación del parque Gran Colmbiano ubicado en el municipio Villa del Rosario, en Norte de Santander, pero nuevamente fue LAM quien en realidad se convirtió en la ejecutora del proyecto. La constructora firmó un contrato por $ 8.488 millones para que fuera la firma de Jairo Villamizar realmente la ejecutora del proyecto. La ministra Vásquez dejó esta contratación andando cuando en marzo tomó aterrizó en Montevideo como nueva embajadora de Colombia ante Uruguay.
Con esta triangulación se lograba saltar la ley 80 que regula la contratación pública, pues los convenios interadministrativos con empresas mixtas se rigen bajo las normas de las empresas privadas. Así, los recursos públicos se direccionan hacia los contratistas sin pasar por licitaciones o pliegos. LAN estuvo siempre entre los escogidos de Vásquez.
La frustración de Dilian Francisca Toro se hizo evidente cuando decidió el 31 de diciembre de 2019 tomarse la foto así el Centro de Danza siguiera en veremos, sin pensar que dos años después aún está sin concluir. El esfuerzo ha sido en vano; en 2021 siguió la inyección de recursos, esta vez por un valor de $2.500 millones por parte de FONTUR para la intervención del espacio público sobre el borde del río Cali y una zona de restaurante. El ministerio aportó el acompañamiento técnico.
Desde diciembre pasado el Centro de Danza está en manos de Proartes, y aunque se supone está funcionando, aquello que se ve desde la calle es triste: las paredes parecen estar cayendo a pedacitos y la desoladora fachada ha servido de cambuche para algunos habitantes de calle que aprovechan las bancas y el espacio abandonado. Las paredes fucsias, azules y moradas que alguna vez iluminaron la carrera primera, ahora están descoloridas.
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