En varios municipios del departamento de Boyacá la Secretaría de Educación (SED) está haciendo una frenética socialización de la jornada única. En aquellos donde se encuentran ubicadas las instituciones educativas focalizadas, además de convocar padres de familia, estudiantes y profesores, se solicita el acompañamiento de los concejos municipales. Esto con el fin de dar tranquilidad a la comunidad acerca de la confianza en que, junto a las alcaldías, la SED gestionará los presupuestos, los obtendrá y ejecutará de manera inigualable.
Sin embargo, hay que dejar claro que la SED no se encarga de gestionar (y si lo hiciera se encontraría con el déficit presupuestal para su implementación). Por tanto, lo frenético, la obstinación y el empeño que la SED aplica para la implementación de la jornada única resulta ser una suma de varios males.
El primero es el Plan Nacional de Desarrollo “Paz, Equidad, Educación”, un programa que en materia educativa también responde a las exigencias de la OCDE y no a las necesidades emanadas de los mismos colombianos por modernizar el sistema educativo. Convertir a Colombia en la más educada en 2025 implica un enorme esfuerzo fiscal, como FECODE quiso dejar claro en el 2017, al exigir dentro del pliego de peticiones el aumento del presupuesto en el Sistema General de Participación destinado para tal fin, un esfuerzo fiscal y una voluntad política sin la cual cuenta el objetivo planteado hacia el 2025.
El segundo son los pobres resultados en materia de implementación de la jornada, y específicamente en cuanto a infraestructura. La cantidad de aulas por construir no llega al 19% en los 3 años de su implementación. En cuanto a la construcción de nueva infraestructura los “colegios 10”, como el construido en Guican, padecen los problemas normales de la contratación en Colombia, esto es el riesgo de convertirse en elefantes blancos gracias a las adiciones presupuestales y la corrupción rampante de los políticos locales.
El tercero es la meta del gobernador Carlos Amaya, quien para su gobierno proyectó un total de 60 instituciones con jornada única. En la convocatoria en curso (la cuarta) quiere llevar un total de 18 instituciones, para contar entonces con 31 a primer corte. Ya en varias ocasiones, y de manera extraoficial, varios de sus funcionarios, e incluso el propio gobernador han dicho no contar con el presupuesto suficiente. Se ha conocido que 3 instituciones en el departamento han renunciado, luego de su implementación, a la jornada única.
Y el cuarto es que, gracias a la improvisación y los pocos argumentos convincentes, y a pesar del carácter conciliador de algunos funcionarios de la SED, la apatía bien fundada de los estudiantes, padres de familia y profesores permite suponer que se implementa la jornada única a la brava, como todas las políticas malas.
Los rectores ambientan los distintos escenarios advirtiendo que la jornada única es la panacea, y en casos extremos, la última medida que les queda por agotar para poder gestionar proyectos de impacto positivo en las instituciones. Que los presupuestos, año tras año más recortados, dependen de su implementación y que los concejos y alcaldías lo saben. Por tal motivo es importante que la comunidad entienda que sin jornada única alcaldes y concejales no pueden gestionar.
Lo que a todas luces es una coacción verificable.
Cuando la discusión acerca de la implementación de la jornada única llega a los concejos municipales, y esto ha sido comprobado en varias ocasiones, se hace cada vez más patente que la politiquería solo piensa la educación en función de rivalidades, intereses personales y dineros.
Rivalidades con el gremio de los profesores a quienes se les ataca, tildándolos de perezosos, izquierdistas e inclusive promotores de la inequidad social: algunos concejales en su arrogancia comienzan por generalizar, denunciando que no hacen nada (lo cual equivale a decir, erróneamente, que todos los políticos son corruptos, incluyendo concejales de municipios de quinto nivel); no se les tolera que se opongan al aumento de la permanencia de los estudiantes bajo las condiciones de hacinamiento, pocos espacios recreativos, falta de atención psicosocial y básica alimentación, sin hablar de la infraestructura y la dotación de las instituciones; no se les permite pedir condiciones dignas para los estudiantes y cuando se habla del paso de 7 a 8 horas se les juzga su jornada laboral y salarios. Como si en este país no existieran cargos públicos en los que basta con responder un llamado a lista en las sesiones para recibir sus honorarios íntegros.
Asimismo, generan rivalidades con los estudiantes y padres de familia al afirmar de forma temeraria que ellos, sobre todo de grado once, no tienen la idoneidad para hablar del tema. Cosa tan exagerada y equivocada como sugerir que un concejal de 30 años de edad no tiene la autoridad moral ni política para tratar asuntos locales: Algunos concejales lo dicen, incluso sin haber leído un párrafo acerca de la jornada única, o sobre cualquier tema, y sin haber escrito siquiera una idea propia sobre la misma, o sobre cualquier tema político, económico o social o cultural.
El escenario de la socialización de la jornada única en los concejos municipales, del cual son responsable los rectores, solo permite el escarnio público de la labor del profesor, las descaradas y descontextualizadas afirmaciones acerca de su función en la sociedad y poner en evidencia cómo el desprecio de la clase política por la educación y los profesores de los colegios públicos es creciente y desbordante a la comunidad en general.
Un ejercicio que pudo ser pedagógico a nivel local se convierte entonces en un juicio desesperado de los concejales a la función perjudicial de la educación en la sociedad y en particular a la necesidad de condiciones dignas para los estudiantes. Además, en un pavoneo del control que eventualmente ejercerán sobre la gestión de los presupuestos para inversión en los colegios, los cuales, como gran parte del dinero público en Colombia, corren el riesgo de ser inflados y manipulados, y por supuesto desviados hacia licitaciones amañadas.
El interés de los malos concejos municipales en la implementación de la jornada única no se fundamenta en un sereno ejercicio de análisis de los decretos 501 y 2105, ni de toda la literatura emanada alrededor de la implementación de la jornada, de los datos acerca de su éxito o fracaso en estos 3 años de ejecución y ni siquiera de los aportes hechos por los profesores en las sesiones ordinarias: Este se fundamenta en la oportunidad que ofrecen unos recursos por ejecutar, y tal vez por aprovechar y apropiar indebidamente.
Con todo, hay que reconocer la abnegación con la cual los rectores defienden la implementación de la jornada única en las instituciones, así sea para hacerse en el 2019 a ese codiciado porcentaje que les ha prometido el gobierno. Sin embargo, aquella contrasta con la forma en la que escuchan pacientemente a sus profesores (subalternos dicen algunos) acerca de las precarias condiciones dentro de los salones de clase, a los estudiantes acerca de la indignidad, por ejemplo, de la atención de los restaurantes escolares, o a los padres de familia que piden a gritos una autoridad positiva proyectada en todas las instancias de las instituciones.
Son, por tanto, malos concejos los que en sus manos, de los rectores y la SED dejan las decisiones concernientes a la implementación de la jornada única en las instituciones boyacenses. Malos concejos que no saben nada útil sobre educación o sobre política o sobre algo que valga la pena.
