En Colombia, al igual que en la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo, se requiere de una fuerza pública que vele por la seguridad del Estado y proteja sus decisiones políticas y jurídicas avaladas por la constitución política. Sobre esa lógica, siempre que exista una alteración al orden, el brazo armado actúa con el objetivo de apaciguar las amenazas que presentan alteración a la ley. En tal virtud, para el descontento social, actúa el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que evidentemente ha operado con exceso y desconociendo los límites de la fuerza en las pasadas intervenciones locales en Bogotá, vulnerando los derechos ciudadanos a la protesta consagrados en el artículo 37 de la constitución y ofreciendo apertura desbordada al conflicto entre seguridad y el ejercicio del libre desacuerdo con acciones como la movilización social.
Anteceder con esta descripción el problema de la brutalidad policial como actualmente se conoce el abuso de fuerza pública es clave, toda vez la pugna entre legalidad y delito es pantalla nacional inevitable en los medios y la cultura de la información de hoy al entender que cualquier persona sea reportera o veedora de los asuntos de estado, algo que ha sido producto de la globalización del planeta y que si se ve en clave democrática permite aseverar la posibilidad de democratizar la democracia.
Las redes sociales son incidentes en este propósito. Twitter como el “baño público” que referencia el senador Gustavo Petro es la vitrina política del momento que ventiló el pasado 23 de febrero el abuso de fuerza del Esmad contra los manifestantes del grupo de gastrobares, un gremio poco combativo, pero que con la espontaneidad producto del desempleo en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, definiera salir a las calles a manifestar el desacuerdo frente a la decisión del gobierno local de Claudia López sobre el cierre de los bares que no cumplen con la directriz gastronómica en su razón social al que se unió diferentes movilizaciones estudiantiles para exigir matricula cero en las universidades.
En la última semana, este ha sido un problema qué ha generado discusión pública entre instituciones como la administración local de López, el ministerio de defensa de Molano y la policía nacional a cargo del director Jorge Luis Vargas, lo que conlleva a reflexionar las garantías para un ejercicio genuino de la democracia y la seguridad de la vida paradójicamente encargada a los organismos de control y la fuerza pública. Actuar con vehemencia es uno de los argumentos por los cuales la policía de acuerdo con Vargas, no debe pedir permiso para reaccionar o de lo contrario faltaría a su deber para garantizar la seguridad. La polémica se plantea cuando dicha reacción ha dejado como resultado varios muertos y heridos. Recientemente un joven, Gareth Steven, al que se le vio comprometida su salud al recibir un impacto de proyectil en uno de sus ojos (que muy posiblemente pierda por trauma severo).
Es inolvidable hacer memoria sobre este tipo de acciones ya mencionadas en varias opiniones pública antecedidas, luego que en el acontecimiento del 9 noviembre del 2019 en el marco del Paro Nacional el Esmad causara la muerte de Dylan Cruz y al tiempo desatara el historial de crueldad sobre la brutalidad de la Policía Nacional en los últimos 20 años ocasionado por el uso desmedido de la fuerza y que la Corte Suprema reconociera el pasado mes de septiembre como una amenaza para la convivencia pacifica y ciudadana en un estado democrático frente a la falta de garantías sobre la protesta pacífica, en medio de la noche del 9S que sufrió la capital y zonas aledañas con el asesinato de al menos 12 personas con proyectil de disparo frente a las movilizaciones contra el rechazo del abuso de autoridad cometido contra Javier Ordóñez.
Con estos hechos la democracia pierde credibilidad o, como considera la senadora Ángela Robledo, “la desobediencia de la policía puede ser una alerta sobre la fragilidad de la democracia”. Urge sanear con cátedras de derechos humanos a la fuerza pública, así lo leyó con presión la alcaldía a través de los cursos anunciados por el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, que no dieron tregua y el mismo día de inicio de capacitaciones se inauguró con nuevas denuncias ciudadanas; al parecer, único puente focal que quisiera evitar el fascismo institucional que amenaza la democracia, aunque sea la democracia liberal. Lo que permite inferir que el problema no se centra en enseñar la cátedra de derechos, sino en desmontar el Esmad como institución para finiquitar su violencia.
Esta disputa entre instituciones sobre la seguridad, el delito, el derecho y la vida son confusas en ciudades que ostentan ser democráticas, mientras se criminaliza la protesta. Si bien una característica de la democracia es el conflicto, no lo es cuando se ataca la humanidad, lo que la vuelve fascista y de una participación de baja intensidad. Ojalá no estemos próximos a las dictaduras del siglo XXI, atisbadas en las redes sociales y replicadas en la realidad de la calle.
