Desde el 28 de abril empezó un paro nacional en Colombia, convocado inicialmente por unos gremios y sindicatos importantes del país. Dicho paro tomó una fuerza que el gobierno, aquellos que lo convocaron e incluso la misma ciudadanía pensaron. Durante el mismo, la presencia institucional y el despliegue de la influencia del gobierno no se ha hecho esperar, teniendo tal vez el gobierno la mayor capacidad para hacer daño y deslegitimar las demandas de la ciudadanía de una manera ruin y despiadada.
Pase a lo que muchas personas aún piensan, vale la pena aclarar que la gente no salió a las calles únicamente por la reforma tributaria presentada al Congreso, esta fue únicamente la gota que terminó rebozando el vaso. La gente salió porque Iván Duque Márquez llegó al poder a partir de promesas en temas trascendentales del país (materia ambiental, económica y de gasto público) que sin sonrojarse fue rompiendo una a una. Así insultó la inteligencia y buena fe de sus electores, y de paso pisoteó la credibilidad que el país tenía en las bondades democráticas, que a la larga deberían ser el arma de la ciudadanía cuando sus dirigentes no cumplen con su función ni su palabra.
Lamentablemente, esas garantías exigen una presencia institucional sólida e imparcial, donde la separación de poderes esté debidamente definida y los organismos acaten las funciones, principios y deberes para los que fueron creados. Sin embargo, la realidad es muy diferente en este momento. Los tentáculos del gobierno se han ido acentuando cada vez más en altos cargos estratégicos en las principales instituciones que podrían hacer algún contrapeso en las decisiones que toma, dejando al país a la deriva del razonamiento de un personaje que ha demostrado no estar a la altura de ocupar el cargo más importante del país.
Prueba de esto es que en estos días de alta tensión social no han motivado tan siquiera el retorno a las sesiones presenciales en el Congreso de la República. Además, nuestros honorables senadores y representantes a la Cámara no han realizado ni convocado debates de control político donde se llame a rendir cuentas a las autoridades competentes que tienen un alto grado de responsabilidad en esta crisis económica y social por la que atravesamos. Y, para rematar, algunos de ellos se encuentran fuera del país, como si el salario que se les paga no fuera suficiente para que se interesen por cumplir con su trabajo o, peor aún, como si les importara realmente poco todo lo que ocurre en los territorios que dicen representar.
Camino similar siguen los magistrados de las altas cortes, de donde aún no sale algún pronunciamiento que tan siquiera repudie el accionar de la fuerza pública y altos funcionarios del Estado. Solamente hasta el 5 de mayo a las 11:24 a.m. se pronunciaron en las cuentas oficiales “exaltando la instalación de mesas de diálogo”, ciertamente un llamado necesario, pero tibio y permisivo con la represión y el autoritarismo.
Dentro de las instituciones de gran importancia que brillan por su alto grado de incapacidad para cumplir con sus funciones se encuentran la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación:
- En la primera, Carlos Camargo, el defensor del pueblo, al parecer monitoreó la crisis desde el jueves y durante todo el fin de semana en una casa de descanso en Anapoima, mientras los colombianos éramos testigos de imágenes que claramente iban en contra de los derechos humanos y del proceder correcto de las autoridades. Así mismo, es importante mencionar que representantes de esta institución han estado en el territorio, pero el actuar despreocupado de su jefe pone en tela de juicio la veracidad de la información que presenten.
- Por su parte, Francisco Barbosa, fiscal general e intimo amigo del presidente, no se ha quedado atrás. No ha iniciado investigaciones ni ha dado declaraciones contundentes sobre los más de 100 desaparecidos y más de 20 muertos durante las jornadas de protesta. De hecho, en su única aparición se dedicó a la retórica desgastada de relacionar las protestas con grupos al margen de la ley, sin presentar prueba alguna y, aún más grave, siendo fuertemente cuestionado por la legalización de una serie de capturas sin tener el material probatorio suficiente.
- Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, quizá la institución que mayor acompañamiento se le ha visto, se ha limitado solamente a realizar seguimiento a diálogos, sin empezar ningún tipo de investigación a funcionarios públicos que tienen manchadas las manos de sangre.
Lo anterior me parece suficiente para darse cuenta de que los colombianos están librando una lucha desigual, se encuentran solos y así pelean contra un aparato complejo, corrupto y violento, que sirve obedientemente a las pretensiones del presidente Duque y consecuentemente de todo el uribismo.
¿En qué va a terminar estos días de tensión y de resistencia por parte de la ciudadanía? Eso no es claro. La situación es preocupante y tensa. Estamos a pocos meses de ir a elecciones y no se observan garantías plenas que aseguren tan siquiera que se puedan llevar a cabo. Mientras tanto se empiezan a escuchar las flojas y malintencionadas intenciones de declarar estado de conmoción interna, quizá el peor escenario al que podríamos llegar el país y del que no será nada fácil salir.
