Marelbys del Carmen Meza Buelvas, la niñera que ha pasado dos veces por el polígrafo como sospechosa de robo, se está transformando velozmente en la protagonista de un affaire que podría acarrear serias consecuencias para sus dos últimos patrones: Laura Sarabia, poderosa jefe del gabinete de la Casa de Nariño, y Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela.
De acuerdo con las evidencias expuestas públicamente, la niñera ha sido testigo del movimiento de grandes sumas de dinero en las casas de ambos y eso ha atraído la atención de la justicia y de los órganos de control, que quieren ir más allá de si los derechos fundamentales de Marelbys fueron violados al haber sido retenida irregularmente y sometida a un interrogatorio en las oficinas del edificio Galán, contiguo a la sede del Gobierno Nacional.
El origen del dinero demarcará seguramente una de las líneas centrales de la investigación. Por lo pronto, Laura Sarabia ha dicho que el maletín con dinero que se perdió de su apartamento a comienzos de año contenía 7.000 dólares que hacen parte de sus viáticos de viajes al exterior. Por ahora no ha ahondado en detalles sobre por qué, por ejemplo, el maletín lo cargaba la oficial jefe de su esquema de seguridad y por qué -como lo dice su exempleada- siempre que regresaba a su casa se dirigía a la caja fuerte.
La situación de Armando Benedetti podría resultar más compleja porque él ya venía siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, si bien después de su salida del Congreso y su ingreso a la diplomacia ha conseguido maniobrar jurídicamente para que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía no hayan hecho plena claridad sobre cuál de las dos es la competente para investigarlo.
La prueba que dice tener sobre su inocencia data ya de hace más dos años. El 18 de noviembre 2021 hizo llegar a la Corte Suprema un informe de policía judicial firmado por Diego Andrés López Bautista, investigador experto del Grupo de Investigaciones Financieras – Sección de Investigaciones para las Finanzas Criminales, según el cual no se advertían inconsistencias en sus últimas declaraciones de renta en las que estaba reportado debidamente su patrimonio.
El documento llegó al expediente pocos días después de que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), que estaban a nombre del excongresista y actual embajador en Venezuela y de tres personas posiblemente relacionadas con él.
En aquella época la DIAN le envió a la Corte información según la cual Benedetti no había justificado patrimonios correspondientes a los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.
Hasta ahora Benedetti ha sido esquivo para comparecer ante la Corte Suprema, pese a que desde el 15 de febrero de este 2023 a rendir indagatoria precisamente dentro de un proceso por enriquecimiento ilícito. Se ha resistido a hacerlo y busca generar un conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Corte para obtener una nulidad.
Su abogado, Mauricio Pava, que además es conjuez del alto tribunal, ha aducido que hay dos procesos en contra de su cliente por el caso de un presunto saqueo de recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), cuota suya durante la administración de Juan Manuel Santos.
Uno de esos procesos fue enviado a la Fiscalía por la Sala Penal de la Corte, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, y otro asumido por la propia Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana.
La solicitud de nulidad se ha basado en el principio universal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Los registros de los vuelos charter que suele utilizar para moverse entre Caracas y Bogotá lo muestran como un asiduo visitante de Bogotá, pero cuando está en la ciudad suele permanecer largas horas en la Casa de Nariño y no parece asomarse al vecino Palacio de Justicia.
El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, es obediente con el presidente Gustavo Petro, pero no parece haberlo sido con la Corte Suprema de Justicia. Benedetti llegó este jueves 9 de marzo a Bogotá, menos de doce horas después de ser requerido por el jefe del Estado, que lo tiene además como uno de sus asesores más cercanos. A la magistrada Cristina Lombana, que lo tenía citado a indagatoria desde el año pasado, antes de las elecciones presidenciales, la entuteló, la envolvió en incidentes judiciales y consiguió ponerla en contradicción con los demás magistrados de la Sala Penal. La pelea jurídica la da con su abogado el penalista Mauricio Pava.
Su relación con el presidente es personal y directa. Pasa poco por el celular, los correos electrónicos o la valija diplomática. En cambio, ha rehuido sus encuentros con la Corte, pese a que públicamente insiste en que él fue quien pidió ser oído en indagatoria cuando el abogado Jaime Lombana lo denunció penalmente como presunto responsable de un saqueo al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Hasta ahora los cuestionamientos en su contra solo son materia de publicaciones esporádicas en los medios y poco se sabe de la forma hábil en que ha logrado retirar su nombre de los expedientes. El año pasado fue exonerado en relación con el escándalo Odebrecht, pese a que varios testigos lo mencionaban como uno de los congresistas que tendió puentes para que la transnacional brasilera se ganara jugosos contratos de obra pública en el país que luego incumplió.
El 28 de abril de 2022 la Sala Especial de Instrucción de la Corte resolvió a su favor una recusación contra la magistrada Lombana quien, según Benedetti, obraba con parcialidad contra él y desconocía los términos procesales para tomar decisiones de fondo.
Interpretada como un regaño a su magistrada, la Corte dijo en su providencia: Precisadas las premisas constitutivas del norte para definir el carácter fundado o no de la recusación ante la dilación judicial y, trasladadas a la elevada por el aforado contra la magistrada Lombana Velásquez, un discernimiento inicial se impone. En concreto, que nadie, ni aún la funcionaria judicial, discuten que se desconoció, además, con creces, el término previsto legalmente para definir la pretensión probatoria de la representación judicial de aquel.
El pasado 23 de febrero de 2023, la misma sala le quitó también a Lombana el expediente por el caso Fonade al declararse en desacuerdo con que fuera ella quien oyera en indagatoria al embajador de Colombia en Venezuela.
En un auto de dos párrafos ella misma reconoció su derrota: “Durante la sala celebrada en la presente fecha, los argumentos estructurales del proyecto de nulidad presentado por la suscrita Magistrada ponente fueron derrotados, acordándose elaborar una ponencia sustitutiva a cargo del Magistrado César Augusto Reyes Medina, la cual será sometida a consideración de la colegiatura próximamente”.
Ya antes Benedetti había presentado una acción de tutela para pedir protección de derechos fundamentales que le habrían sido violados porque la Corte no atendía su solicitud de ser oído en versión libre o indagatoria para demostrar su inocencia en medio de una serie de “denuncias falsas” en su contra.
Sin embargo, él mismo había pedido que se aplazara una indagatoria fijada para mayo de 2022, con el argumento de que no era conveniente que una diligencia de esa naturaleza se cumpliera faltando apenas diez días para elecciones.
Aunque la magistrada insistió en realizar la diligencia, Benedetti se opuso con el argumento de que su abogado se encontraba en el exterior.
Antes de que se produjera una nueva citación el excongresista difundió en sus redes un video con este anuncio: “Una vez pasadas las elecciones he venido a la Corte Suprema de Justicia a pedir que me oigan, a enfrentar la cantidad de denuncias falsas que hay en contra mía y al mismo tiempo confiando en la administración de justicia. Ya ahora, sin la suspicacia de las elecciones, estaré mucho más tranquilo para poder atender el proceso”.
“Lo que le hizo a la magistrada Lombana fue injusto porque, mientras de labios para afuera aseguraba que él estaba dispuesto a atender sus requerimientos, en la práctica los dilataba para luego acusarla a ella de estar denegándole justicia”, comentó un magistrado auxiliar de la propia Corte.
Después de su posesión como embajador ante el gobierno de Nicolás Maduro, la Corte remitió las cuatro denuncias pendientes en su contra a la Fiscalía al considerar que ya no tenía fuero parlamentario. Pero la Fiscalía tiene dudas para proceder en su contra porque su condición de embajador le confiere fuero ante la Corte.
Esta vez, las revelaciones conocidas a diario sobre su relación y sus peleas con Laura Sarabia, en las que hay de por medio maletas llenas de dinero, la propia Corte podría de asumir de oficio una investigación. También, esperar a que la Fiscalía le envíe copias de sus hallazgos, si encuentra mérito para hacerlo.
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