Dos años después del inicio de las investigaciones, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, pidió este jueves 30 años y 10 meses de prisión para la candidata presidencial Keiko Fujimori y otras 40 personas, entre las que se encuentra su marido Mark Vito, acusadas del delito de lavado de activos.
"Pedimos 30 años por los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la Justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio”, anunció el fiscal peruano, añadiendo que también reclaman el impedimento de salida del país "y otras restricciones" para la política y empresaria peruana por crímenes relacionados con presunto lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
El documento de la investigación con más de 15.000 páginas fue presentado este jueves ante el juez Víctor Zúñiga Urday, encargado de realizar el control de la acusación y decidir si se inicia un juicio oral, algo que podría durar meses. El fiscal Pérez indicó que espera que "sea lo más pronto posible", pero que es competencia del Poder Judicial y aseguró que "(el juicio) va a depender de su carga para que puedan programar las audiencias del caso Keiko Fujimori".
Las pesquisas iniciaron a finales de 2018 y es ahora cuando los fiscales piden la acusación de la candidata a la Presidencia de Perú, hija y heredera política del expresidente condenado Alberto Fujimori, acusada también de ocultar donaciones ilícitas durante la campaña electoral de su partido, Fuerza Popular, en 2011.
El fiscal encargado del caso pide la disolución del partido Fuerza Popular, financiado supuestamente con dinero irregular
Según las indagaciones, la hija del expresidente lleva tiempo siendo investigada por haber recibido, supuestamente, 1,2 millones de dólares de Odebrecht en su primera candidatura a la presidencia en 2011.
Además, el partido conservador también habría recibido aportes millonarios del mayor grupo financiero Credicorp, por valor de más de 3 millones de dólares, sin que los líderes del partido declararan estos ingresos ante las autoridades competentes.
A propósito de las declaraciones de Keiko Fujimori y su abogada, Giulliana Loza, tras la acusación fiscal, vale la pena recordar los intentos de obstrucción a la justicia de parte de la candidata presidencial de Fuerza Popular. [ABRO HILO]
— Romina Mella (@romina_mella) March 11, 2021
Su abogada, Giulliana Loza, rechazó los cargos y acusó a los fiscales de “politizar un proceso judicial”, en sintonía con las declaraciones de Fujimori tras darse a conocer la polémica acusación.
Keiko Fujimori acusa a la Justicia de ensombrecer su campaña presidencial
Fujimori, que está de nuevo sumida en la campaña política para los comicios que se celebrarán en Perú el próximo 11 de abril, respondió a la acusación a través de un video en Twitter en el que asegura que el fiscal Pérez "quiere ser un actor político de estas elecciones" y que no se va a quedar callada: "no le voy aceptar silenciarme en pleno proceso electoral".
Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral.
(VIDEO) pic.twitter.com/bovUI5zid9— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 11, 2021
Previamente, la candidata, que según los sondeos locales estaría en tercer lugar, alegó ser víctima de una persecución política: "Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica", relató en su red social.
El fiscal encargado de la investigación solicitó la disolución de Fuerza Popular, fundado en 2010. El partido está en la lista para los próximos comicios, la tercera candidatura de Fujimori, que ya perdió la Presidencia en las segundas vueltas de las elecciones celebradas en 2011 y 2016.
La candidata presidencial, de 45 años, salió de la cárcel en noviembre de 2019, después de 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso por el que el Ministerio Público peruano le pide ahora 30 años de cárcel. Durante su detención, varios empresarios y antiguos colaboradores confesaron las maniobras ilícitas del partido para ocultar los pagos, algo que pone contra las cuerdas y dificulta aún más la defensa de Fujimori.
