Es aberrante que desde la Sala Diamante de la Fiscalía General de la Nación, según lo admitió Néstor Humberto Martínez, se estuvieran realizando interceptaciones ilegales que violaron derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y el derecho de asociación, así como ocurrió con las directivas sindicales de la asociación de pilotos ACDAC. En ese caso, un agente del Estado o varios de ellos, haciendo uso de su fuero de servidores públicos investidos de autoridad, realizaron las “chuzadas” para entregar información a terceros de los cuales Avianca niega tener conocimiento; pero, este hecho deja un manto de duda razonable muy grande.
Sobre los servidores públicos de la Fiscalía, como los de todas las entidades públicas, debe existir algo que se denomina administración del riesgo y que se utiliza para prevenir posibles abusos o desviaciones que les alejen de su deber fundamental de proteger los derechos y buscar el bien común. Por lo tanto, no es justificable que el superior inmediato del implicado y capturado no tuviera conocimiento ni aplicara los controles preventivos para minimizar el riesgo de la comisión de conductas delictivas. Solo se produce el descubrimiento del delito, una vez cae la red de interceptaciones, cuando ya era muy tarde y se habían producido efectos sociales y judiciales.
Queda también una gran duda que debe ser resuelta por las autoridades, haciendo un análisis de las declaraciones y actuaciones judiciales de Avianca y hasta qué punto los directivos y el equipo jurídico de dicha empresa, utilizó la información obtenida de manera ilícita para obtener ventajas en los procesos ante la justicia y la opinión pública. No basta con que se señale uno o algunos responsables. Los controles anticorrupción de la Fiscalía General han demostrado evidentes fallas y no de ahora, por ejemplo, el caso del fiscal anticorrupción es una evidencia tangible de ello y se genera la perspicacia respecto de si el implicado actuaba solo o con el respaldo de alguien más poderoso.
Es evidente que el caso de declaración de ilegalidad de la huelga de los pilotos de Avianca debe ser revisado con minuciosidad en los estrados judiciales internacionales porque quedan muchas dudas. Las inquietudes que deben resolverse involucran identificar si esas interceptaciones son práctica común en el ente acusador y si se han realizado también contra otros líderes políticos, sindicales y sociales. Con esos hechos, se refuerza la idea de que la Fiscalía General de la Nación no es una garantía, sino un peligro para la sociedad.
