Ya vendrá el momento de analizar la responsabilidad política que tuvo el gobierno pasado al nominar al abogado del grupo Aval (cuyo propietario es el magnate Luis Carlos Sarmiento que posee un conglomerado económico que consta de medios de comunicación, fondos de pensión, entidades financieras, fiduciarias, comisionistas de bolsa, centros comerciales, constructoras, entre otros negocios) Néstor Humberto Martínez Neira como fiscal general, quien finalmente fue elegido por la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en 2016, con el beneplácito y campaña de Leonidas Bustos, exmagistrado envuelto en el escándalo del “Cartel de la Toga”.
Al jurista Martínez Neira le llevan cuestionando su relación con el grupo Aval porque se trata del, nada más y nada menos, socio más influyente de Odebrecht en Colombia. Precisamente, a los quince días de conocerse el escándalo de sobornos de esa multinacional carioca, que afectó las finanzas de más de 12 países, el fiscal general dijo que no habían encontrado ningún indicio de corrupción en el contrato de Navelena, encargada de garantizar la navegabilidad del río Magdalena.
Después se supo, por una investigación juiciosa del senador Robledo y del analista económico José Roberto Acosta, que Navelena había adquirido un préstamo por 120 000 millones de pesos incumpliendo los requisitos de calificación, por parte del Banco Agrario. Es decir, con nuestros impuestos terminaron tapando los huecos fiscales que tenía Odebrecht, posterior a la captura de su presidente Marcelo Odebrecht, quien fue capturado en junio de 2015. Meses después lograron obtener el préstamo bajo procedimientos irregulares que fueron comprobados por la Contraloría General de la República. El fiscal Martínez no tuvo otra opción que aceptar que, en efecto, tenía relación con el asunto de la Ruta del Sol.
Ahora el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, -capturado por este escándalo- lo aporta como testigo a su favor. En otras palabras, Andrade dice que la actuación del abogado Néstor Humberto Martínez demuestra su inocencia porque quien estuvo en toda la asesoría de adición al contrato de Odebrecht fue el hoy fiscal general. Entre tanto, el escándalo de sobornos no ha tocado a ningún poderoso del Grupo Aval ni de la multinacional brasileña en Colombia.
La investigación de Odebrecht demuestra el total impedimento que tiene el abogado Martínez para ser fiscal general, pues los intereses que ha tenido como jurista le impiden llevar a caso unas investigaciones y acusaciones justas respectando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La Fiscalía no desarrolla hoy investigaciones exhaustivas,
sus indagaciones carecen de credibilidad porque
siempre aparecen elementos extraños que se pueden controvertir
Estos hechos dejan claro que la Fiscalía hoy en día no desarrolla un trabajo investigativo exhausto para determinar la culpabilidad de las personas envueltas en delitos sino que sus indagaciones carecen de credibilidad porque siempre aparecen elementos extraños que se pueden controvertir. Como la calidad en su investigación en contra del ex jefe negociador de las Farc, Jesús Santrich, y el proceso de lavado de activos por parte de las Farc a través de supermercados que dejan más dudas que respuestas. O al menos eso piensan quienes conocen el proceso de forma factual y no emocional.
Ahora, el periodista Gonzalo Guillén, reveló en La Nueva Prensa que el fiscal estaría involucrado con una empresa panameña llamada Amanda Advisors, que fue creada por otra denominada Rosas & Rosas quien tiene nexos directos con el blanqueo de dinero de los sobornos de Odebrecht, a través de la cual adquirió un apartamento en Madrid, España, que ya reconoció de su propiedad.
Es muy grave el fiscal no haya respondido la denuncia de Guillén como se debe: demostrando que sus bienes en el exterior fueron declarados debidamente ante las autoridades tributarias colombianas.
Esta es la hora que los interrogantes que deja el fiscal Martínez son mayores en perjuicio de la credibilidad de la institución de investigación judicial más importante en Colombia que hoy, prácticamente, está en manos del poder financiero que, al parecer, está vinculado en escándalos de corrupción que el ente investigador debe inspeccionar en beneficio de la verdad que necesitan los colombianos.
