Durante los veinte años que ha trabajado para la organización electoral, Benjamín Ortiz Torres no ha aceptado responsabilidades que impliquen manejar recursos de contratación. No lo hizo siquiera cuando trabajó como secretario general de la Registraduría, una entidad que ha menudo debe hacer licitaciones y grandes adquisiciones. Las razones son dos. Primero, porque ha evitado verse envuelto en problemas con los órganos de control; segundo, porque desde que trabajó como peón en una finca y luego como vendedor en galerías o plazas de mercado, al lado de sus padres, ellos lo acostumbraron a dar razón hasta del último peso del que dependía su subsistencia.
No se imaginó que llegara a ser el experto en derecho administrativo, catedrático y magistrado que es hoy. De hecho, desde adolescente tenía tomada la decisión de que, después de acumular experiencia como agregado o peón en una finca de la vereda Santa Teresa de Ibagué y desarrollar fortalezas naturales para la venta líchigo y pollo, tendría el dinero suficiente para vivir bien. Así que el tiempo que pasaría en las aulas sería más productivo si lo aplicara al trabajo disciplinado que solía hacer.
Una fuerza oculta lo impulsaba, sin embargo, a leer, a leer mucho sobre todo poesía y discursos de hombres famosos. Admiraba la retórica de Alberto Santofimio, el primer tolimense que a los 25 años fue ministro de Estado y quería ser como él. En la misma época en la que repartía pollo en los barrios Belén, La Macera y la Pola conoció a Flavio Augusto Rodríguez, secretario de gobierno de Ibagué y el gusto común por la literatura los acercó.
Rodríguez, liberal de origen, le aconsejó que estudiara porque de otra manera no podría ayudarle a surgir como era su propósito. Dejó entonces de lado su trabajo como peón de brega y vendedor en las plazas de mercado, se empleó como celador en una firma de vigilancia que le prestaba servicios al Instituto Politécnico Luis A. Rengifo y se hizo bachiller estudiando de noche.
Lo de la oratoria se le daba bien. Varias veces ganó el primer lugar representando a su colegio en concursos de este arte. Las matemáticas y la física no eran su fuerte, pero las directivas del claustro donde estudiaba convencían a los profesores que le ayudaran un poco con las notas para no perder a un alumno con tales fortalezas, según le contó alguna vez al periódico El Olfato, de su tierra tolimense.
La habilidad retórica le sirvió para ganarse unos pesos de más en la redacción de discursos. Asesoró en este campo a algunos políticos de su región y también a un jerarca de la iglesia católica y ahorró para establecerse en Bogotá. Aquí le salieron oportunidades de trabajo como auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Dirección de Registro de Abogados. En esta oficina se enamoraría del Derecho y también de Leo, una joven que se convertiría en su esposa y que lo haría feliz hasta cuando una difícil enfermedad se la llevó.
Se tituló como abogado en la Universidad Grancolombiana y después, cuando entró a trabajar para la Registraduría, aprendió con la práctica intensa el derecho electoral y se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario. Alternó la academia con el ejercicio de la cátedra en la Universidad del Tolima y en el Colegio Mayor de Cundinamarca.
Jamás estuvo en ninguna convención liberal ni se afilió al partido, pero como sus mejores amigos pertenecen a él, en septiembre del año pasado, al ser elegido, entró como representante de la colectividad roja.
Llega a trabajar todos los días con la misma disciplina que se imponía cuando acompañaba a sus padres en las faenas del campo en la vereda Santa Teresa. Por sorteo le corresponderá ahora actuar como magistrado ponente en la investigación de oficio abierta por la corporación cuando fueron divulgados autos en los que, Armando Benedetti, embajador saliente en Venezuela, dice que a la campaña del hoy presidente de la República ingresaron $ 15.000 millones que no figuran en las cuentas oficiales.
Al ser notificado de su designación por reparto se aplicó a redactar el auto de 5 de junio de 2023 a través del cual ordenó las primeras prácticas y envió copias por correo electrónico al propio presidente Petro, al abogado Julio César Ortiz Gutiérrez, al Partido Colombiana Humana, al Partido Polo Democrático Alternativo, a la Unión Patriótica, al Movimiento MAIS, al Movimiento Alianza Democrática Amplia, a la revista Semana, a la Procuraduría, a Armado Benedetti y a Laura Sarabia. Es decir, a todos los interesados directos.
La presidenta del Consejo Electoral, Fabiola Márquez, y su colega Alba Lucía Vásquez, la una del Pacto Histórico y la otra del Polo Democrática, quieren modificar el reglamento para ampliar la comisión de ponentes.
Ortiz les ha dicho a sus compañeros que solo o acompañado proyecta instruir una investigación imparcial y rendir, llegado el momento, una ponencia ajena a presiones o sesgos partidistas. Espera hacerlo como cuando les rendía a sus padres cuentas de lo que hacía como jornalero como vendedor en las galerías del mercado.
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