Tal vez faltan más filósofos, juristas y científicos políticos que disciernan más sobre el asunto. Ya han hecho grandes aportes Rodrigo Uprimny y Mauricio García, así como Ana Bejarano, Helena Urán y Mauricio Silva entre muchos escritores. Sin embargo faltan aportes para esclarecer el origen del mal en el estado colombiano. ¿Por qué se estableció la doctrina que estimula crímenes contra los civiles desde el estado? ¿Cómo se estableció la impunidad para los gestores de lo inhumano, del mal llamado “trabajo sucio” para conservar el orden público?
En las dictaduras de Argentina y Chile, en las centroamericanas, en la de Brasil y Uruguay, tomaban el poder estimulados y respaldados por los gobiernos de Estados Unidos. Necesitaban impedir una segunda Cuba socialista en América Latina. Las élites económicas que ganaban con la estabilidad y el orden que sobrevenía eran las cómplices. ¿Porque apoyaron esas dictaduras? Para defender la economía, maestro, sería la frase correcta.
La doctrina que inspiraba a cometer crímenes desde el estado, hipersimplificada, consistía en suspender el estado de derecho y dejar que la fuerza militar cometiera las arbitrariedades necesarias. Por supuesto, llenar las cárceles de prisioneros políticos torturados, cementerios clandestinos de civiles asesinados y ríos, mares y potreros con víctimas que se convertirían en “desaparecidos” requería un complemento: la impunidad a los criminales designados. Y a sus jefes. Y a los ideólogos. Y a los inspiradores.
La doctrina empezó a desbaratarse con el auge de los derechos humanos y los valores democráticos. La sociedad civil alzó la voz con ejemplos como las Madres de Mayo y las Madres de Soacha. La justicia en América Latina renovó sus principios y constituciones, surgió el nuevo derecho, el poder ciudadano a través de figuras como la tutela, la acción de grupo o la de cumplimiento. La justicia militar sobre los civiles se acabó. En Argentina y otros países los militares se transfiguraron. Pasaron de héroes a criminales condenados. O a vampiros como el director Larraín dibujó a Pinochet en una analogía tan provocadora y macabra como contundente sobre el dictador.
A los criminales de la doctrina del mal se les pusieron de punta sus pelos con la detención de Pinochet en Inglaterra. Baltazar Garzón interpretó el nuevo derecho y logró estirar el brazo de la justicia internacional para señalar que la impunidad se acababa. Un criminal es un criminal y punto. Amparado por los fusiles, por los gringos o por la Thatcher, es un criminal. Este giro fue un elemento esencial para desestimular la repetición. Pocos querrán cometer crímenes para terceros si deben responder por ellos. La justicia de Chile con una sociedad civil dividida no está aún dispuesta a enfrentar que apoya la doctrina del mal.
Luego surgió el mejor de los ambientes para que en la bipolaridad del estado colombiano se iniciara el fin de la impunidad. El país estaba acostumbrado a que sectores de las fuerzas de seguridad actuaran como en las dictaduras cometiendo crímenes con impunidad. Los gobernantes civiles dejaban actuar a los bárbaros incrustados en el estado porque su labor era eficaz para mantener el orden público. La guerrilla era una amenaza y el libre ejercicio del mal permitía gobernar y mantener a raya a la insurgencia. Se generó un nudo de complicidad que es difícil desbaratar.
La luz verde civil es silenciosa, discreta y secreta. Sin dictadura, los criminales del estado asesinaron a media Corte Suprema, a miles de civiles de la Unión Patriótica, a decenas de miles de campesinos y jóvenes inocentes. Y le dieron cobertura a los paramilitares y a los narcos asociados con ellos. Cuando llegó Uribe la situación se volvió más dramática porque encontró el ambiente perfecto para aplicar la doctrina del mal, sin controles. La impunidad estaba pregarantizada.
La ironía de la historia en Colombia es que el fin de la impunidad comienza con el fin de las Farc que Uribe no pudo derrotar ni con sus excesos. La justicia transicional, expresada en la JEP, permite transitar de la arbitrariedad a un orden concertado, exponiendo la verdad, respondiendo a las víctimas y comprometiéndose a no repetir. Es gracias a la JEP que se dio el tránsito de las Farc de organización política criminal a organización política simple. Ahora corresponde desmontar la doctrina del mal incrustada en el estado colombiano.
Más allá de saber quién dio la orden, está saber quién implantó la doctrina que amparó esas órdenes
Condenar socialmente a uno o a diez generales, a todo el mando de las Farc o de los paramilitares, es parte del camino. Más allá de saber quién dio la orden, está saber quién implantó la doctrina que amparó esas órdenes. Este será un próximo capítulo de la JEP para que los gatilleros -así tengan muchos soles- no sean los únicos condenados. Los ideólogos que convirtieron en deber moral el asesinato y la violación de los derechos ciudadanos como forma de control social deben ser expuestos y sancionados.
Los civiles que estimularon, establecieron y aplicaron la doctrina del mal, quieren seguir escondidos. Son muchos, no solo Uribe. No quieren poner la cara para justificar sus políticas. No quieren dar el paso que han dado tantos militares y paramilitares ante la JEP. ¿Qué dicen Santos y otros ministros de defensa ahora invisibles? Es admirable que la sociedad civil haya madurado tanto y busque la sanción para acabar con la bipolaridad estatal. Estrenar las doctrinas de la justicia transicional y poner a las víctimas como ejes del proceso es un avance que eleva el poder ciudadano y afianza el ejercicio de los derechos. No fue una cortesía para las Farc que quedaron obligadas a revelar las verdades, a exponer sus crímenes y a poner cara ante sus víctimas. Los militares -muchos más de los que se esperaba- que creían irrevocable la ley del silencio quedaron sometidos a la jurisdicción especial. Es el turno de exponer y sancionar a los. ideólogos.
