La corrupción es uno de los grandes beneficiados de medio siglo de conflicto armado en Colombia. La violencia desmedida, el dolor compartido y la amenaza directa, ruidosa y claramente identificable de los grupos armados ilegales, ha sido el velo perfecto para que en nuestro territorio se instalen, profundicen y consoliden todas las expresiones de la corrupción. Obvio, no es que nos inventamos la desviación y robo de los dineros públicos y privados en la década de los 60 (inicio del conflicto armado), pero el crecimiento del conflicto, con todo lo que este significa en términos de una catástrofe humanitaria, sirvió de escudo para que nuestros esfuerzos y controles públicos y nuestra capacidad de asombro y de repudio se volcaran contra los camuflados y las botas de caucho dejando a un lado la fiesta macabra de la corbata y el zapato de cuero.
Cinco a uno. Esa es la proporción aproximada de Fiscales Antiterrorismo y contra Crimen Organizado versus los Fiscales Anticorrupción. Solo hay que pasar por los despachos de cada Dirección para ver cómo en los primeros, aun con falencias, hay carros blindados, equipos tecnológicos de comunicación e interceptación avanzados, investigadores y policía judicial con experiencia y alcance y recursos para pago de informantes y recompensa. La Dirección Anticorrupción ha sido una cenicienta en la que funcionarios valiosos y valientes enfrentan, con muy pocos recursos y mucha imaginación, investigaciones complejas contra poderosas empresas criminales por desfalcos de billones de pesos.
El nuevo Fiscal General, quien reiteradamente ha declarado que su objetivo central es la lucha frontal contra la corrupción, tiene que liderar la transformación de la entidad para darle los recursos, el talento y el alcance que exige el tema. Los expertos en explosivos, balística y en guerra de guerrillas tienen que dar paso a los contadores, los peritos expertos en finanzas, transacciones internacionales, lavado de activos y sociedades. Muy seguramente habrá que continuar con la intervención de líneas telefónicas y mensajes por redes y la policía judicial tendrá que hacer seguimiento de personas, pero con la corrupción hay que centrarse en aquello que moviliza e impulsa al corrupto: el dinero.
La operación se ejecuta de tal forma
que la ausencia de los recursos solo es evidente
uando ya la plata, y muchas veces los corruptos, están lejos
El gran objetivo de los corruptos, en el sector privado y en el público, es desviar el dinero público o ajeno para tener control sobre él y reinvertirlo o gastarlo en aquello que favorezca un interés personal. La operación se ejecuta de tal forma que la ausencia de los recursos solo es evidente cuando ya la plata, y muchas veces los corruptos, están lejos y cómodamente situados bajo muchas capas de “legalidad” o “legitimidad”. La persecución y búsqueda de los recursos provenientes de la corrupción es un esfuerzo de “arqueología” financiera y jurídica llena de laberintos y de sociedades comercializadoras, inversionistas, constructoras y fundaciones en diferentes países. En el caso del sector público, la plata producto de la corrupción se invierte en muchas ocasiones en bienes raíces que luego son objeto de compra por parte del mismo Estado para solucionar “necesidades urgentes” o aprovechar grandes oportunidades. Es el caso, por ejemplo, de rellenos sanitarios, vías doble calzada y construcción o traslado de empresas industriales y comerciales del Estado. A su vez, estos procesos de contratación pública los lideran gobernantes elegidos con dineros de inversionistas cuyos recursos provienen de anteriores contratos públicos. Un círculo del infierno con pocas fracturas y muchos beneficiarios.
La lucha contra la corrupción se tiene que dar necesariamente en muchos espacios. Una política criminal estructural, con fines disuasivos, con recursos y seguimiento es fundamental , pero no es suficiente. El control fiscal regional tiene que cambiar radicalmente. Mientras las corporaciones de elección popular, en donde hacen presencia algunos grupos e individuos dedicados a ordeñar las arcas públicas, sean quienes eligen los contralores estos no podrán y no querrán cumplir sus funciones a cabalidad. Los ciudadanos/electores tenemos un importante “garrote” contra la corrupción cuando ejercemos el derecho al voto de manera responsable e ilustrada. Desafortunadamente muchas veces nosotros mismos nos metemos las manos a los bolsillos y les entregamos los recursos públicos a los corruptos cuando los elegimos. Los partidos políticos deberían ser aliados en esta lucha ejerciendo un verdadero control legal y ético de sus avalados pero, tal como lo hemos visto recientemente, por las rendijas de control partidista se cuelan desde “doctorados” multimillonarios, quienes solo han ejercido funciones públicas, hasta asesinos despiadados.
El fin del conflicto armado nos enfrentará a una dura realidad que, aunque no es nueva, sacará su horrible cabeza por todos lados. Tendremos que cambiar muchos estereotipos para describir y buscar a “los malos”. A diferencia de los guerrilleros, los corruptos no están allá en el monte, no llevan brazalete y no quieren que nada cambie. Están en el apartamento de encima, en la oficina del lado, son de la misma promoción del colegio o de la universidad y quieren ser amigos tuyos. Son cordiales, educados y de “buenas familias”.
La próxima contienda electoral va a girar alrededor de la lucha contra la corrupción. Los corruptos estarán en la competencia y tratarán de presentarse como los probos y valientes luchadores por la moral pública o intentarán enlodar al mayor número de contendores. Nuestro reto como nación, para declarar una verdadera batalla contra la corrupción, es romper ese vínculo entre las maquinarias electorales que se alimentan de los recursos de todos los ciudadanos con la dirección del Estado. No es un reto menor.
