Durante tres años, Lucy Jeannette Bermúdez tuvo el convencimiento que detrás de la demanda del Partido MIRA, que pedía anular la elección de todo el senado actual, se escondía un problema mucho más grande. Ante el Consejo de Estado el movimiento cristiano puso una demanda luego de conocer los resultados de las votaciones. Las cuentas no les cuadraron y estaban seguros de que les habían robado las elecciones.
Bermúdez, magistrada del Consejo de Estado desde hace 5 años, estaba dispuesta a ir hasta el fondo de un caso que terminó siendo uno de los fraudes electorales más grandes de los últimos años. Puso en el ojo del huracán el sistema de conteo de votos en las elecciones colombianas que tiene a los candidatos presidenciales con las alertas prendidas.
No era la primera vez que esta mujer, egresada de la Universidad Gran Colombia de Bogotá, se embarcaba en una empresa que podría desprestigiar su carrera, pero esa misma perseverancia la llevó, junto a otra consejera de Estado dura como Stella Conto, a tomar la decisión y votar en la sala plena para anular la elección de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Ricaurte, también expresidente de la Corte Suprema, quien hoy está siendo investigado por el escándalo del ‘Cartel de la toga’ y se encuentra detenido en La Picota mientras define su situación.
La magistrada Bermúdez, junto a su colega en el Consejo de Estado Stella Conto, lograron que se anulara la elección de Francisco Ricaurte en el Consejo superior de la judicatura. // Fotos: elespectador.com y semana.com
Su carrera en la rama judicial ha estado llena de grandes victorias que le han dado la confianza para aguantar los ataques de hombres tan poderosos como el expresidente Álvaro Uribe, quien no vaciló en afirmar en 2016 que la magistrada Bermúdez pretendía “ayudar al Gobierno para que imponer, a la brava, lo acordado con las FARC”, luego de que Bermúdez adelantara una ponencia en la que aseguró que la campaña del NO en el plebiscito había usado estrategias tramposas y existía un engaño generalizado.
Lucy Jeannette comenzó su carrera como notificadora y escribiente. En los años 80 se convirtió en contratista de la Procuraduría para asuntos relacionados con la Defensoría del Pueblo. Precisamente, fue en el Ministerio Público, al mando en ese entonces de Carlos Gustavo Arrieta, donde ganó toda su experiencia en temas electorales. Fue una de las primeras procuradoras delegadas en el tema electoral para revisar las listas y advertirles a los partidos sobre las personas que estaban inhabilitadas para lanzarse al Congreso. También le puso el ojo a gobernadores y alcaldes, e incluso impidió que varios candidatos elegidos en Maicao o Bahía Solano llegaran a posesionarse.
Con 20 años de experiencia, decidió salir de la Procuraduría con la llegada de Alejandro Ordóñez, a pesar del respeto que le tenía al exprocurador que terminó siendo destituido, precisamente, por el Consejo de Estado. La magistrada Bermúdez fue una de las consejeras que votó en favor de anular su elección.
En 2014, el Partido MIRA entregó toneladas de archivos y pruebas que llegaron en una tractomula hasta el Consejo de Estado. Incluso tuvieron que arrendar el piso completo de un edificio cerca al Palacio de Justicia para guardar los documentos. El caso le tocó a la magistrada Lucy Jeannette. Durante más de dos meses, revisó con su equipo de trabajo cada documento solo para saber si aceptaría la demanda o no. Desde ese momento tuvo que enfrentarse a las trabas burocráticas de la Registraduría que durante tres años le sacó decenas de excusas para no entregarle el material electoral que ella solicitaba. Mientras tanto, Thomas Greg & Sons, la empresa que a través de una unión temporal ha controlado el conteo de votos durante ocho años y le entregó a la Registraduría el software que fue saboteado para cambiar los resultados de hace cuatro años, le decía que ese sistema era privado pero que además no lograría rastrear los resultados de 2014 porque había sido actualizado.
No desistió y presionó con multas y sanciones a funcionarios si no le entregaban lo que ella pedía. Solo hasta 2017 la Registraduría le dio los respaldos de seguridad del software. “Primero me decían que no sabían en dónde estaban esos respaldos, luego que la llave del cuarto estaba perdida, también que la persona que la tenía ya no trabajaba en la institución, hasta que presionamos tanto que se vieron obligados a entregarlos. No creo que hayan actuado de mala fe, pero no hubo una verdadera colaboración para avanzar en la investigación”.
Bermúdez hubiese podido abandonar la investigación después del primer año y concluir que no había pasado nada; sin embargo, desde su formación en el Liceo Nacional Femenino Magdalena Ortega de Nariño le enseñaron ha mantenerse firme en su posición, y con una persistencia quijotesca, la misma figura que decora su oficina en el Palacio de Justicia, terminó descubriendo el sabotaje al software, por el que tendrán que responder tanto la Registraduría, que en esos años estaba al mando de Carlos Ariel Sánchez, como Juan Carlos Galindo, quien asumió el cargo desde diciembre de 2015. “Yo me reuní varias veces con ellos y tuve que insistirles porque me decían una cosa, pero luego me salían con otra”.
La magistrada Bermúdez es clara al afirmar que las pretenciones del Partido MIRA, al demandar toda la elección del senado de hace cuatro años asegurando que más de 400.000 votos eran irregulares, no debían ser desestimadas. Sin embargo, al haberse perdido y eliminado mucho del material electoral, no se pudo dimensionar la totalidad del problema. Pero el fallo sí reconoció que por lo menos 195.000 votos eran fantasmas.
Después de publicado el fallo, Lucy Jeannette estaba segura de que los medios la iban a buscar sin descanso y el impacto en la opinión pública iba a ser inmenso, pero nada de eso sucedió. “Me sorprende que solo cinco meses después se esté hablando de esto, pero no por la decisión del Consejo de Estado, sino por lo dicho por el doctor Petro y la Fundación PARES”. Además, no vacila en asegurar que este ha sido uno de los casos más importantes desde 1991. “Su magnitud es equivalente a todos los procesos de nulidad electoral que ha habido desde la constituyente hasta hoy”.
Ahora el registrador Galindo tendrá que darle garantías a las personas y candidatos para que esto no se repita. Mientras tanto, la magistrada Luucy Jeannette hace un llamado a mantener la confianza en las votaciones, pero sabiendo que es necesario exigirle a la empresa Thomas Greg & Sons y la unión temporal de empresas, además de la Registraduría, que entregue un software verdaderamente seguro para las elecciones, día clave para cualquier democracia.
