Los Llanos Orientales en el 2003, cuando los socios de La Fazenda llegaron buscando tierra, eran una tierra sin ley atrapada en la pugna entre aventureros, lavadores de dinero, paramilitares, narcotraficantes, y esmeralderos. Jaime Liévano, encabezando Agropecuaria Aliar S.A de Santander, tenía en mente montar la empresa porcícola más grande del país. Se asociaron con Contegral de Medellín, de la familia Mesa, los que hacen Concentrados Finca.
El sueño era controlar el proceso completo, desde la producción del alimento hasta la planta de sacrificio para poder sacar la carne de cerdo congelada con el sello La Fazenda. En agosto de este año entra en funcionamiento del frigorífico donde se sacrificarán 250 cerdos cada hora.
El proyecto resultaba tan promisorio que en junio 24 del 2008 el Presidente Álvaro Uribe le apostó con su presencia en la inauguración de la planta, reconociéndolo como el modelo de desarrollo agrícola que el país necesitaba. "Pienso que la Ley Agro Ingreso Seguro es un muy buen paso, que los incentivos tributarios lo son… Ojalá aquí pudieran convertir estos grandes proyectos en zonas francas… que les permite traer toda esa maquinaria sin arancel, sin IVA. Y les impone una tarifa de renta solamente del 15 por ciento; no del 33, que será la tarifa ordinaria en Colombia."
Jaime Liévano y los especialistas agrícolas de Aliar le muestra al entonces presidente Uribe los cultivos de Soya y Maíz. En segundo plano se ve a Andrés Feipe Arias.
Su discurso generó reacciones contradictorias. Para unos fue el espaldarazo del gobierno a una forma de desarrollo enfocada en proyectos agroindustriales bajo el argumento de la seguridad alimentaria y de la competitividad. Pero para otros era la institucionalización en el Llano del abandono estatal a los pequeños y medianos campesinos, convirtiéndolos en víctimas del Estado y los grupos ilegales.
Uno de los argumentos más fuertes para criticar La Fazenda es que siempre ha tenido la sombra del poderoso terrateniente Víctor Carranza. En unos terrenos donde los paramilitares de la Masacre de Mapiripán se escondieron y que usaban como cuartel, nació El Brasil, una finca de 16.000 hectáreas englobada por Agualinda Inversiones, empresa de la cual era gerente María Blanca Carranza de Carranza, esposa del esmeraldero. Diez días después del englobe de tierras, el predio tenía ya una promesa de compraventa por parte del grupo Aliar. Esa tierra se entregó al Banco Helm en una fiducia, y solo podía ser comprada por Aliar.
Facsímil de la compraventa que tenía El Brasil por parte del Grupo Aliar
En el 2012 el senador Iván Cepeda llamó la atención al país sobre la situación del predio. En un debate de control político criticó dos aspectos de la empresa: la violación de topes de adquisición de tierra, y el pasado paramilitar que tiene la finca, donde dice que hay evidencias de fosas comunes.
Las denuncias de Cepeda tuvieron en eco en una investigación de a VerdadAbierta.com.
El gerente de La Fazenda Jaime Liévano respondió a los cuestionamientos con una comunciación el 30 de octubre del 2013: Nuestro interés en la altillanura no es adueñarnos de la tierra. Aliar S.A. -dueña de La Fazenda- hoy cuenta sólo con la propiedad sobre la extensión necesaria para ubicar sus plantas de proceso para producción de carne de cerdo. Las demás tierras donde se cultiva soya y maíz, son de propietarios de la zona y han sido vinculadas mediante contratos de arrendamiento y tenencia, con remuneración variable, que depende de la productividad de las cosechas.
Posición que le ratificó a Las 2 Orillas para este artículo: “El negocio nuestro no es comprar tierra. Ahí se va todo el capital. Nosotros preferimos asociarnos con la comunidad. Si uno gana, mejor que ganen todos y se invierte poniendo a producir las tierras." Es decir, alquilan las tierras, pero no a cualquier vecino.
Pero VerdadAbierta demostró que Agropecuaria Aliar cedió la promesa a 10 empresas de Bucaramanga y Medellín, las cuales tienen distintas relaciones con Agropecuaria Aliar, bien sea porque sus socios han trabajado con Aliar, o porque son incluso de los mismo dueños. Cruzando los nombres de las empresas y sus representantes legales, se evidencia que por ejemplo Jaime Liévano, representante legal de Agropecuaria Aliar, es también representante legal de Proyectos La Fazenda S.A., junto a su hijo Juan Pablo Liévano Ardila, que es una de las 10 empresas dueñas de El Brasil. Fabio Andrés Saldarriaga Sanin, exgerente de Contegral, es también miembro de la junta directiva de Zona Franca La Fazenda S.A.S, empresa que mencionaremos más adelante, y cuyos representantes legales son Sandra Magally Carrillo y Juan Pablo Liévano Ardila. Mejor dicho, la empresa de Liévano le paga alquiler a Liévano, y otros cercanos a su proyecto, por los terrenos.
Jaime Liévano caminando por los sembrados del maíz que alimenta a los cerdos
Este entramado muestra que allegados y/o empleados de Aliar son representantes y/dueños de las 16,000 hectáreas de El Brasil -a quienes pagan ese alquiler- y de los terrenos del frigorífico. Con lo cual el alquiler de tierras resulta un negocio lucrativo para los propios socios de La Fazenda.
Cuando se trata del alquiler a terceros, las reglas son claras. Se pagan $450.000 pesos al año por hectárea especialmente para la producción de granos para el alimentos, logrando una productividad entre 6 y 7 toneladas por hectárea. La meta es llegar a 12 aplicando tecnología de punta, recomendada por la brasileña Embrapa que asesora a distintos empresarios en los Llanos.
En La Fazenda se produce la soya y el maiz, el alimento que engorda a los cerdos; los excrementos los convierten en abono y el ciclo lo cerrarán con el frigorífico que localizado a 100 kms, con lo cual reducirán los fletes a una quinta parte del valor actual.
La productividad es alta. Una cerda sana puede tener quince crías por parto y puede tener dos partos al año. La Fazenda completará este año 20.000 madres gestoras que producirán 560.000 cerdos al año, con un peso c/u de 100 kilos: 54,000,000 kilos en total, el equivalente al 17% del consumo anual de carne en el país. Significaría que 1 de cada 6 cerdos que se consume en Colombia viene de Puerto Gaitán, en el Meta.
Este tipo de proyectos, comunes en Brasil y Argentina, son el escenario ideal para experimentar con la recientemente ratificada Ley 1776 del 29 de enero del 2016, mejor conocida como Ley Zidres. Esta busca incentivar grandes proyectos productivos en donde se asocien grandes empresarios con pequeños campesinos, pero las organizaciones sociales han criticado el modelo porque dicen que abre las puertas para iniciativas de neocolonización. La ley dice que serán estos territorios los que “demanden elevados costos para su adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas; que tengan baja densidad poblacional; presenten altos índices de pobreza; o carezcan de la infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos.” Para las organizaciones, estos territorios son vulnerables y no pueden defenderse de las grandes empresas que llegan, entran y se apoderan de todo.
El gobierno ve con buenos ojos estos tipos de empresa agroindustrial para avanzar en la seguridad alimentaria, y sin duda La Fazenda es uno de los ejemplos que abrió el camino para la aprobación de la Ley Zidres por un escaso margen en la Corte Constitucional después de duros y agrios debates.
Aurelio Irragorri pone el segundo ladrillo del frigorífico, mientras Nesto Humberto Martinez se limpia las manos después de haber puesto el primero.
La Fazenda no solo entusiasmó al gobierno Uribe. La cúpula del actual gobierno se movilizó en pleno a Puerto Gaitán para acompañar a los socios a colocar la primera piedra de la planta de sacrificio que entrará en operación este agosto y cuya inversión alcanza los $30 mil millones. Allí estuvieron el 29 de mayo del 2015 el vicepresidente German Vargas Lleras, el entonces ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez y otros cuatro ministros, además de una delegación de alto nivel del Ecuador.
Horas después de la visita de los otros miembros del Gobierno, Mauricio Cárdenas hace la segunda inauguración de la obra
En Colombia las regulaciones no son suficientes en materia social y ambiental, y en muchos casos las regulaciones existentes no son implementadas de manera adecuada. El Llano se ha caracterizado por ser una tierra sin ley ni orden, donde anteriormente campaban a sus anchas los forajidos de la ley, y que hoy se volvió el objetivo de las macroindustrias agropecuarias. Pero el problema hoy es que estas corporaciones son las que están dictando la ley en una región que está subsanando el vació de poder que han dejado paras, esmeralderos y narcos, con la plata de los megaempresarios del centro y occidente colombiano.
La Fazenda fue el sueño convertido en realidad de Liévano, que contó con todo el apoyo estatal posible. También cumplió uno de los sueños de Uribe: demarcar los territorios agroindustriales como Zona Franca. Así, del matadero en Puerto Gaitán saldrán, en caminiones de frío, 1 de cada 3 cerdos que se consumen en Colombia y que están siendo comercializados en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, y que para finales de año se espera puedan ser vendidos en la mayoría de capitales del país.
