Un año antes de que la representante a la Cámara Susana Gómez Castaño, mejor conocida como Susana Boreal, se hiciera famosa en el país por aparecer con batuta en mano avivando las manifestaciones durante el estallido social, su hermana Claudia Patricia, de 40 años, fue asesinada con cinco balazos por su esposo Andrés Felipe González Montoya, de 46 años, a las 3:18 de la madrugada del 15 de noviembre de 2017.
Los recuerdos de ese episodio imborrable en la vida de Susana Boreal, como es conocida, los compartió la congresista sin muchos detalles, pero sí con dolor y firmeza a través de sus redes sociales cuando supo que el Estado colombiano debía cumplir con un proceso de reparación directa y pagarle $ 700 millones a su familia por no haber protegido a su hermana, quien literalmente, llevaba años durmiendo con el enemigo.
Hoy la justicia honró la memoria de Claudia Patricia 🤍Después de 7 años de dolor y 5 de lucha legal, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín emitió una sentencia que finalmente reconoce lo que tantas veces denunciamos: el Estado falló en proteger a mi hermana. pic.twitter.com/VWfyV70MaA
— Susana Boreal (@SusanaBoreal) October 7, 2024
Un matrimonio desgraciado del que quedaron once hijos
Cuando quedó tendida en el piso, con un orificio en la frente y bañada en sangre, Claudia Patricia Gómez Castaño tenía 23 años de casada, muchas heridas en el alma y 11 hijos. De ellos, 2 hombres de 1 y 18 años de edad y 9 mujeres todas llamadas Ana, de 3, 5, 8, 10, 12, 13, 16 y 21 años, esta última con parálisis cerebral absoluta y necesidad de un cuidador permanente. La mayor, de 29 años, ya vive aparte.
Apretaditos, excepto la hermana mayor, vivían en una modesta casa unifamiliar de tres pisos en el noroccidente de Medellín, con escaleras en concreto y baldosas hasta el segundo nivel donde estaba el comedor, la sala, dos habitaciones con camarotes, colchones en el piso y al fondo, la cocina, un pasillo y más peldaños que conducían al tercer nivel.
Allí, había otra habitación donde dormía Claudia Patricia junto al más pequeño de sus hijos, el de 2 años, cuando su esposo la despertó con pistola en mano, pese a que ocho días antes, el 8 de noviembre de 2017 a las 10:12 a. m., había pedido ayuda a la Comisaría de Familia y a la Policía Metropolitana para alejar al hombre de su casa.
Una secuencia de agresiones antes del desenlace final
Ese clamor de la ama de casa, dedicada también al rebusque mediante la fabricación y venta de productos comestibles, no fue el primero ni el único. El 7 de noviembre de 2017, el padre de sus hijos la golpeó y agarró por el cuello casi hasta estrangularla en un ataque de celos provocado por una cita que ella tenía con el ortodoncista.
Una década atrás, el 20 de febrero de 2008, en la Comisaría de Familia también le habían abierto un expediente a Gómez Castaño cuando solicitó protección para su hija mayor, Ana, quien había sido maltratada por González Montoya, dos días antes, diciéndole que era “la peor tristeza que había tenido él” y también relató que todos vivían aterrorizados porque el papá les pegaba y los regañaba muy fuerte.
“Yo le tengo mucho miedo porque él es muy violento”, dijo Claudia en esa ocasión con la esperanza de separarse o encontrar protección y más libertad para ella y su hija porque él casi nada les permitía.
Mediante avisos que pegaban en la puerta de la vivienda del hombre violento con su familia, la Comisaría le pedía que “se abstuviera de ejecutar actos de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa en contra de Claudia Patricia y demás miembros del grupo familiar” y supuestamente, después hicieron las paces.
Se volvió una historia repetida de agresiones. En 2009, lo denunció porque “le pegaba en los embarazos”, a la hija mayor, cuando tenía 14 años, le pegó por tener novio y aunque solo quería que su esposo no la volviera a agredir a ella ni a sus hijos, la Comisaría declaró no probada la responsabilidad del agresor, levantó la protección y archivó el caso.
En 2010, cuando la hija mayor tenía 15 años, denunció a su papá en la Comisaría de Familia por maltratar a su mamá, les recordó a los funcionarios que las anteriores denuncias no fueron escuchadas y ahora, el señor la maltrataba a ella y a su hermano de 11 años, en ese momento.
El hombre le decía que no era su papá, que la iba a sacar del colegio y a dejarla sin estudiar, que no le importaba si lo metían a la cárcel por ella, le pegaba puños en la cara y la enfrentaba como si estuviera en un combate con un hombre. Nuevamente, lo único que obtuvo la adolescente de parte de la Comisaría fue una conminación a los padres para que no la maltrataran y a renglón seguido, le pidieron que respetara su autoridad.
El clamor de la hermana de Susana Boreal que no fue escuchado
Para Claudia Patricia, la hermana de la representante a la Cámara, Susana Boreal, el principio de su fin comenzó ese sábado cuando compró un vestido para ir a la iglesia a una confirmación y a su esposo Andrés Felipe González le pareció muy corto, se enojó y le prohibió recibir la visita de una amiga que llegaría acompañada. Toda la vida, desde que eran novios, había sido “celoso y posesivo” y en los últimos años estaba peor.
Aburrida con la situación y llorando le pidió a González que empacara su ropa y se marchara. No quería nada con él por todo el daño que le había hecho. En ese momento llegaron algunos de los hijos y vieron que el papá tenía a la mamá “aprisionada”, le pidieron a él que saliera de la casa y llamaron a la Policía.
Los policías le dijeron a Claudia Patricia que acudiera a la Comisaría de Familia para pedir que le ordenaran al hombre no acercarse a su casa ni a su familia y le recomendaron que, si tenía para donde irse, tomara ese camino porque González no quería salir de la casa, pero luego agarró una maleta y se alejó, aunque no por mucho tiempo.
El marido asesino y su pasado oscuro
Andrés Felipe González estudió solo Primaria y al parecer, su infancia no fue nada fácil pues a su hija mayor le contaba que la abuela solía vender a sus hermanas a los hombres. No era muy responsable con el sostenimiento de la casa en la que aportaban más los abuelos maternos y convenció a su hijo de 18 años de edad para que comprara una moto a su nombre y la pagaban juntos.
Itinerario de una tragedia
El 8 de noviembre de 2017, Claudia Patricia estuvo en la Comisaría de Familia, pero en la entidad, por una supuesta falta de transporte, nunca enviaron la solicitud de protección a la Policía, pese a que había sido golpeada en la cabeza por su esposo cuando se estaba cambiando de ropa tras la discusión de ese fin de semana.
González Montoya aprovechó que estaba trabajando con su hijo de 18 años como conductor elegido para merodear la casa. El 14 de noviembre le dijo a su hijo que estuviera pendiente del celular para recogerlo como a eso de las 9 de la noche. Como no aparecía, casi a la medianoche, el joven le escribió por el chat para preguntarle si había salido algún servicio, lo dejó en visto y se quedó chateando como hasta la una de la mañana de ese 15 de noviembre de 2017.
Nadie sabe cómo entró a la casa, pero a eso de las 3 de la mañana, una de las niñas se despertó al escuchar a la mamá alegando con alguien y luego, vio a su papá mostrándole un arma, le agarró el celular y mientras le apuntaba, lo quebró. Cuando ella se levantó, la empujó contra el clóset y le dio cinco tiros.
Los disparos se escucharon dentro de la casa, muy cerca y levantaron al hijo de 18 años que corrió a la habitación de la mamá. Cuando iba subiendo, el papá bajaba y antes de salir, el feminicida dijo:“¡por perra!”. Aturdido, el joven vio correr a sus hermanas pequeñas y de inmediato las sacó de allí junto con el bebé, se acercó al cuerpo, lo movió y gritó: ¡mamá, mamá!... y vio cómo se le fue la vida.
Andrés Felipe González confesó haber matado a su esposa Claudia Patricia Gómez con un arma de fuego en su habitación, 7 días después de que ella solicitó medidas de protección y está condenado a 33 años de prisión.
En representación de los hijos y familiares de Claudia Patricia, el abogado Yovani Andrés López demandó al Distrito de Medellín y el Juzgado Primero Administrativo, a través la sentencia 148, determinó que el Estado fue responsable de no otorgar las medidas necesarias para preservar la vida de una mujer que estaba en inminente riesgo y lo obligó a pagarle $ 700 millones a su familia.
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