Desde hace más de 25 años soy creyente de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Me cansé de ver que se volvió recurrente que cada cierto tiempo los enemigos de la iglesia encuentren eco en algún medio de comunicación para repetir las mismas mentiras con las que desde hace 16 años se intenta afectar el buen nombre de una sólida, creciente y creyente comunidad que tan solo profesa su fe sin hacerle daño a nadie y que por el contrario practica valores tan esquivos en la sociedad moderna, como son el respeto por el otro, la transparencia, la honestidad y la solidaridad.
Desde entonces, sus líderes tienen que distribuir su tiempo entre su labor pastoral, defenderse de cada nuevo ataque y atender los requerimientos de medios de comunicación y de la justicia. Esta última, por fortuna, ha actuado en derecho y ha emitido más de 170 fallos a favor, y los medios y las redes sociales han tenido que realizar rectificaciones o retractaciones y eliminar publicaciones en internet.
A partir de 2004, oportunistas como lo veremos, emprendieron esta sistemática campaña mediática de difamación para intentar convencer a la justicia colombiana y transnacional y a la opinión pública de que la iglesia, plenamente reconocida por el gobierno a través del Ministerio del Interior, no es más que una secta discriminatoria y que sus principales líderes no son personas honorables y decentes, sino simplemente narcotraficantes, lavadores de activos, estafadores, secuestradores y hasta homicidas.
Otros oportunistas, autores también de infamias, cuyos nombres son citados en cada publicación, como Óscar Jair Bedoya, Priscila Angulo Porras y Doris Bohórquez, sumados a falsos psicólogos y hasta caza sectas que creen que los más de dos millones de creyentes de la iglesia somos tan solo un grupo de ignorantes borregos. Sin embargo, desconocen que nuestra inquebrantable fe y capacidad de movilización, lejos de fanatismos, han impedido que destruyan a una comunidad religiosa que desde 1972 es refugio espiritual de gente de familias sólidas, educadas, honestas, pensantes y trabajadoras.
Estos personajes, a quienes tan solo los une la codicia, odian a la iglesia por no haber accedido a sus ambiciones particulares. Lo que no cuentan los medios es que Óscar Jair Bedoya se declaró “enemigo” de la máxima líder de la IDMJI, todo por no permitirle apropiarse ilegalmente de una casa, en el occidente de Bogotá, y de un segundo piso de una edificación en el barrio Carvajal de propiedad de la IDMJI.
O que Priscila, cuyas denuncias las desmienten hasta sus propios hijos, odia a su antigua comunidad religiosa desde el día en que fue relevada de sus labores de liderazgo en la iglesia. Se constituyó víctima luego de más de 11 años de haberse retirado de la congregación, solicitando en el 2016 que se le indemnizara injustificadamente con más de mil doscientos millones de pesos.
O que Doris Bohórquez solo intenta tener su propia iglesia, imitando a la líder y usando fraudulentamente los símbolos de la IDMJI, victimizándose infructuosamente ante las autoridades americanas, que permanentemente le han desestimado sus falsas acusaciones.
El daño a la iglesia, a sus líderes y a la congregación ha sido inmenso: amenazas de muerte, secuestros, homicidios y atentados contra las sedes de la iglesia, más el despido de creyentes de sus trabajos y hasta bullying hacia sus hijos en colegios y universidades. A eso se suma el bloqueo financiero, el cual ha afectado gravemente el funcionamiento de la iglesia y hasta la labor social de su Fundación Internacional María Luisa de Moreno, la cual ha construido colegios en sitios apartados y marginados de Colombia, liderado centenares de brigadas de salud y llevado bienestar a miles de necesitados, entre ellos cientos de discapacitados desde el año 2000.
A lo anterior hay que agregar el repetitivo reciclaje de procesos que se ha convertido en un círculo vicioso, en especial los relacionados con un tema tan peligroso y deleznable como es el narcotráfico, lo que implica no solo quedar en la picota pública y en la Mira de la justicia de Estados Unidos y de otros países, sino heredar los enemigos de las organizaciones criminales con las que supuestamente la Iglesia ha tenido nexos, como el Clan del Golfo, y convertirse en víctima de la delincuencia común.
En 2010, por citar tan solo un ejemplo, la Fiscalía les reabrió una investigación a los máximos líderes de la iglesia y el partido por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, trayendo los hechos y las mismas fuentes de la denuncia interpuesta en 2004, la cual investigó durante siete años, al término de los cuales profirió un auto inhibitorio en 2011. Hoy, en 2020, siguen hablando de la misma indagación, pese a que la iglesia ha dado las explicaciones requeridas y hasta, voluntariamente, les entregó a las autoridades toda la información donde reposa hasta el último registro de su clara contabilidad, para que fuera examinada con lupa por los investigadores.
Se volvió una constante que cada vez que la Fiscalía y los medios de comunicación hablan de una denuncia, ya sea en Colombia o el exterior, los bancos vuelven a exigir las mismas explicaciones, a pedir constancias cada tres meses y a frenar el flujo de recursos con los cuales se atiende el funcionamiento de más 1.000 templos, en más de 50 países, la construcción de nuevas iglesias y el pago de arriendos, nóminas y servicios públicos, entre otros.
En ese 2014, en la antesala de las elecciones al Congreso de la República, también intentaron impedir, por todos los medios, que el Mira continuara su vertiginoso crecimiento. En ese entonces, echaron a andar una estrategia encaminada a lograr que la colectividad no alcanzara el umbral electoral, con el propósito de que perdiera su personería jurídica, hecho que la sacaría de la vida política nacional.
Primero, lo hicieron reciclando un viejo video sobre una reunión privada de predicadores, el cual fue obtenido ilegalmente, editado, manipulado y filtrado a medios de comunicación, para insistir en un supuesto acto de discriminación, con el fin de golpear indirectamente al partido. Luego, emprendieron sus acciones contra el presidente del partido y senador.
El modus operandi fue similar: editar, manipular y filtrar a los medios de comunicación otro vetusto video de una reunión en la que se hablaba de algunos de los vicios del sistema electoral colombiano. Los titulares de prensa quisieron hacer creer a la opinión pública que Mira promovía la compra de votos, práctica no solo ajena a sus líderes a través de su fecunda historia de servicio a la comunidad, sino rechazada categóricamente por la colectividad.
Pero la manipulación y ambición se sumó al fraude electoral de otros enemigos quienes mediante maniobras delictivas lograron manipular 6.418 mesas de votación para alterar la votación a favor de Mira, tal como lo reconoció el Consejo de Estado en sentencia del 8 de febrero de 2018. Ese falló le devolvió al partido lo que había ganado en las urnas: tres curules en el Senado de la República, y Mira renunció a la reclamación de la indemnización cuantiosa...
Hoy, en pleno 2020, esos mismos detractores y la inmensa mayoría de medios de comunicación insisten en desconocer la autonomía entre la iglesia y el partido político Mira, de modo que al atacar a uno se afecta inevitablemente al otro. El propósito es claro, destruir estas minorías cuyo único pecado es trabajar por los más necesitados.
En concreto, ha sido un largo, tortuoso y peligroso camino de persecución que la Iglesia ha logrado transitar gracias a la fe de nosotros sus creyentes, quienes con nuestro actuar decidido no solo hemos puesto a salvo a una comunidad religiosa, sino a todas aquellas minorías que son víctimas de discriminación y odio.
