Recientemente, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que la esperanza de vida de las personas trans en Colombia es de apenas 35 años. Una cifra impactante, mediática, fácilmente viralizable. Sin embargo, como ciudadano comprometido con los derechos humanos y la justicia social —y como profesional con formación científica— no puedo quedarme callado frente a semejante afirmación: ese dato no tiene ningún sustento metodológico serio.
Decir que la esperanza de vida de una población es de 35 años implica haber realizado un análisis demográfico riguroso: una recolección de datos longitudinales, caracterización detallada de nacimientos, muertes, condiciones de vida, acceso a salud, empleo y otros determinantes sociales. Nada de eso existe en Colombia para la población trans. No se ha hecho ni siquiera una caracterización básica y sistemática de esta población.
¿De dónde viene entonces la cifra? Muy probablemente del promedio de edad de víctimas de homicidios registrados en bases de datos abiertas, como ONGs o informes de prensa. Es decir, no estamos hablando de esperanza de vida: estamos confundiendo edad promedio de muerte violenta con un dato demográfico complejo. Es el equivalente a decir que en Medellín la esperanza de vida es de 28 años porque esa es la edad promedio de los hombres asesinados en una comuna específica. Absurdo.
El uso irresponsable de estas cifras no solo demuestra una alarmante falta de rigor técnico, sino que además reduce a un espectáculo emocional una problemática real y grave. Es hipócrita: se sustituye la acción estatal seria por un dato dramático y vacío, enarbolado para aplaudir la sensibilidad de funcionarios públicos, pero sin ningún efecto real sobre las vidas que se supone queremos proteger.
La población trans en Colombia enfrenta barreras gravísimas: discriminación en salud, desempleo estructural, exclusión educativa, violencia policial, estigmatización cultural. Pero no resolveremos nada con cifras falsas ni con actos performativos de empatía mediática.
La defensa de los derechos humanos no puede estar reñida con la seriedad científica. Quienes realmente nos preocupamos por mejorar la calidad de vida de las personas trans, exigimos algo más que titulares emocionales: exigimos estudios serios, datos reales y políticas públicas con impacto concreto.
Porque una cifra mal usada no solo no ayuda: desinforma, confunde y banaliza el sufrimiento real de miles de conciudadanos transgénero.
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