Cuando estudiaba Derecho siempre oía los comentarios de mis colegas la idea de que la Constitución del 91 es muy bonita, pero que en la realidad no se cumplía porque nos encontrábamos ante gobiernos que se habían decidido a no cumplirla o reformarla a su antojo, impulsados por una tendencia al “mal”. Escuchando al precandidato Alejandro Gaviria y a los miembros de la Coalición de la Esperanza de centroderecha se puede encontrar los rezagos de lo que en apariencia para ellos es un asunto de reforma y de implementación compensada con una fe irresoluta en la agencia moral de sus miembros, siendo este un asunto que en esencia implica considerar la Constitución no como un plan programático, rígido e ideal que solo debe implementarse “bien”, sino como un documento que se puede leer de muchas maneras; como reiteradamente lo ha demostrado la Corte Constitucional en sus fallos, y que en Colombia bajo los gobiernos que hemos tenido han resultado ser su peor interpretación.
Eso explica la honda contradicción que no deja de perseguir a los ciudadanos y que representa la contradicción histórica de la Constitución del 91, una gama de derechos variada y completa con un poder político y económico fundamentado en la desigualdad que le permite instrumentalizar al otro para su propio beneficio; que en ocasiones es un beneficio inhumano y ambicioso cimentado en la libertad del mercado, una Constitución que desea la igualdad real sin tocar los privilegios de la clase política-económica que nos gobierna.
Alejandro Gaviria, la Coalición de la Esperanza y el Nuevo Liberalismo vacían el desgarramiento que produce esa contradicción y la despojan de su realidad material para abstraer un falso dilema, y es que la violencia de nuestro país es el resultado de dos extremos antagónicos liderados por “jefes” autoritarios y déspotas, pero no hallan viable considerar que esta es fruto de una lucha de intereses económicos que se encuentra en la lógica misma del sistema que la derecha y la extrema derecha han optado por tomar como piedra angular de sus interpretaciones (reformas y desarrollos legislativos), una interpretación en la que los pobres, los negros, los asalariados, las mujeres, los indígenas, los campesinos y demás comunidades minoritarias son las que han sufrido la peor parte.
En estos sectores de la población siempre se reaccionó violentamente por causa de la violencia que ejercía el mismo Estado o agentes bajo el beneplácito de este, al querer implementar el capitalismo ahora ideológicamente hablando el neoliberalismo en sus territorios, un ejemplo son las guerrillas, quienes podrían representar el lado más extremo de la desesperación a la que conlleva las contradicciones del capitalismo en la clase proletaria y campesina. La Constitución del 91 fue fruto de la lucha que traía convulsionando al país, en donde una carta política tan anacrónica como la del 86 no tenía el andamiaje teórico práctico para desarrollar las bases de esas minorías.
Fue una construcción plural en donde el M-19, partido político y exguerrilla, tuvo mucha influencia, pero como le pasó a toda izquierda que intentó ser poder en los noventa, fue exterminada y la comunidad se refugió en la ideología que está detrás de la candidatura de Alejandro Gaviria, la Coalición de la Esperanza y el Nuevo Liberalismo, una ideología que traerá consigo a futuro a la extrema derecha. Puede que no en forma de Álvaro Uribe Vélez, pero sí con el ideario político de este. Esto sucede porque el ideario del liberalismo de centro y centroderecha es incapaz de resolver la contradicción que genera el mercado y la acumulación de capital, la pobreza desespera y el pueblo, en vista de que le ofrecieron el “cambio”, en lata light se vuelca a los idearios represivos, en donde el orden se sostiene en el terror.
Por ello, considero que votar por el Pacto Histórico es apostar a un trabajo colectivo de los sentires que no han representado un papel fundamental en el desarrollo de nuestra Constitución, es apostarle a una nueva realidad fundamentada no solo en el mercado creador de desigualdad, sino en la protección del ambiente y el acceso a servicios de manera pública a través del Estado como la educación, salud, transporte, pensión y tierras.
