Toda esta historia inicia con una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por suplantación de identidad y falsificación de documento público en el RUNT, donde se registra de manera falsa un vehículo de alta gama a mi nombre. Sin embargo, en este periodo de pandemia, la Fiscalía está saturada y van dos años en curso tratando de defenderme. Esta es la situación de los hechos:
El RUNT (Registro Único Nacional de Transporte) identifica a cada propietario de un vehículo en el país y contiene la información sobre todos los tramites, impuestos y otras novedades de sus vehículos. Para consultarlo, el ciudadano solo puede acceder digitando la placa de los vehículos que posee, pues no es posible ingresar con su número de cédula, como en otras plataformas oficiales. La ausencia de esta opción está facilitando desde hace años que delincuentes y funcionarios corruptos registren a nombre de cualquier persona la propiedad de vehículos que no son suyos y evadir así el pago de los impuestos que les corresponden.
Sabiendo que la víctima elegida para esta felonía solo podrá consultar la información de los vehículos cuya placa conoce por ser su legítimo propietario, los hampones registran ilegalmente el “regalito” con la complicidad de algún turbio funcionario. En el RUNT del afectado se acumulan impuestos sin pagar durante años hasta que cualquier día surge el drama que me está ocurriendo a mí y que merece hacerse público para que nunca le ocurra a usted: ¡solo me enteré de que en mi RUNT figura a mi nombre un vehículo que no es ni ha sido mío al recibir un comunicado de la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca reclamándome el pago una millonaria suma por los impuestos no pagados durante más de 15 años de un carro de alta gama que jamás he tenido!
Hasta el día en que recibí esa comunicación no conocía la placa de ese vehículo ajeno, cuya propiedad se me atribuía. Digitando esa placa pude ingresar al registro y confirmar que, en efecto, ahí estaban, a mi nombre, el carro y los impuestos que me endilgaron los delincuentes. Procuré tranquilizarme y me dije: "Sencillo, denuncio esto ante las autoridades, reclamo y se arreglará el problema". ¡Pero no fue así!
Después de dos años de viacrucis, de haber denunciado ante la Fiscalía General de la Nación la falsificación de documento público y privado (como lo es la suplantación de identidad al registrar un vehículo de manera fraudulenta en el RUNT), de estar pagando un abogado para interponer recursos legales, recabar prueba y amparar mis derechos, Hacienda se mantiene hasta hoy en que el RUNT es su referente para el cobro y yo debo pagar dichos impuestos, so pena de cobro coactivo mediante el embargo de mis cuentas bancarias.
Desde el comienzo, con el abogado que me asiste, nos enfocamos en lo obvio: solicitar en la Secretaria de Transporte de Cota, mediante un derecho de petición, la carpeta del vehículo en cuestión, que es un documento público donde se reflejaría la verdad sobre su registro de propiedad y cómo llegó de manera fraudulenta a mi registro oficial. La petición no fue respondida en dos oportunidades, pero un funcionario de esa secretaría le dijo a mi apoderado en la gestión que esa carpeta no existía y que por eso nunca me la iban a entregar. Entonces, decidí exigir la carpeta mediante una tutela. Como era de esperarse, el funcionario tampoco le obedeció al juez.
Algo está mal diseñado en la plataforma de acceso al RUNT. Como ciudadano desprevenido y persona de buena fe, uno se pregunta: ¿por qué, siendo usuario legítimo de mi RUNT, no puedo entrar a mi registro con mi cédula para ver qué vehículos tengo a mi nombre, y solo puedo ver el historial de “mis” vehículos si introduzco la placa del carro que estoy verificando? Esto permite que un funcionario corrupto haga desastres en la información del registro sin que uno tenga forma de enterarse de que vehículos ajenos figuran a nombre propio. El RUNT no debe seguir siendo un “baloto” de sorpresas por un defecto mayúsculo, que se traduce en incertidumbres y en riesgos legales y económicos para el usuario.
El Estado me debe proteger, como lo ordena la constitución colombiana; y cuando mis derechos fundamentales son violados, algún mecanismo debe parar un cobro coactivo del Estado por el solo hecho de yo declarar, en una denuncia ante la Fiscalía, que hay un error en un registro oficial o, peor aún, que hay un fraude. Mi derecho fundamental es al debido proceso, antes de que me impongan un embargo por una deuda que no me pertenece.
Y aunque sigan los caminos tortuosos en busca de respuestas y esperando un fallo a mi favor en este caso, confío en que la Fiscalía pueda desentrañar a fondo este entuerto. Por ahora, me siento condenado a recibir en cualquier momento la orden de un embargo que afectará mi condición de pensionado, mientras el sistema define cuánto más se puede desbordar la corrupción, ahogando a sus ciudadanos que si cumplen con su deber y obligaciones fiscales.
