A fines de la semana pasada, un dirigente manifestó públicamente su propósito de acabar con la pobreza en Colombia y causó gran revuelo por sus antecedentes y por los alcances directos que un gobernante tiene en esta materia. Por supuesto, casi todos los políticos hablan de este tema y cuando se avecinan las elecciones lanzan consignas relacionadas con la solución de este grave problema social y humano que se ha agudizado notoriamente en el último año por motivo del desempleo y el paro en la economía ocasionado por la pandemia del COVID-19.
Pero en las frases de los políticos en campaña poco se puede creer, en razón a los alcances directos que tiene un programa de gobierno en este campo, así sus planteamientos sean bien intencionados; pues la pobreza, que ya se está convirtiendo en miseria, tiene causas estructurales cuya eliminación, para que el problema desaparezca, no es posible realizar desde el gobierno únicamente. El gobierno solo puede promover las leyes pertinentes para crear condiciones en la economía y la institucionalidad, que conlleven a mejorar las condiciones económicas de las familias de bajos ingresos.
Estamos en el sistema capitalista y nadie está proponiendo cambiarlo por otro; por lo tanto el país marcha sobre el mecanismo de funcionamiento del sistema, que en este caso es el mercado, con las leyes y reglas inherentes a este mecanismo, donde una de estas reglas es, precisamente, la gestación de las desigualdades en todos los frentes del conjunto socioeconómico. Por culpa del mercado se crean desigualdades entre regiones, entre sectores económicos, entre empresas y por supuesto, entre las clases sociales, concentrando la riqueza en unos grupos, que cada vez son de menor cantidad y extendiendo la pobreza, que cada vez se agudiza más, en las grandes capas de la población donde se asienta la mayor parte de los colombianos. Es una ley implacable que no perdona.
Pero un sistema económico con estas características va en contra de la ley natural, que propició mediante el instinto la creación de la economía como un mecanismo para la conservación de la especie; por ello no es razonable ni justo, que se permita la economía de mercado gozando de plena libertad para que la riqueza se concentre en manos de unos pocos. Se necesita que el Estado intervenga para neutralizar las fuerzas del mercado y canalizar los flujos de valor de manera equitativa, para que toda la población pueda contar con condiciones de vida aceptables.
Siendo así la realidad y ya descartada la opción de cambiar el sistema económico, la alternativa política debe orientarse hacia la administración del Estado, para que este organismo establezca los mecanismos apropiados para neutralizar las fuerzas del mercado canalizando los flujos de riqueza de manera más equitativa. Políticas macroeconómicas, políticas sectoriales y políticas públicas adecuadas, con un Estado justo, transparente y honesto, que propicie las condiciones necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de bajos ingresos, lo cual requiere de la expedición de las leyes necesarias para la creación del piso jurídico que permita la realización de los procesos de gestión pública acordes con el bienestar general y el bien común. No son suficientes las palabras de un dirigente, si no se cuenta con las condiciones políticas necesarias y la voluntad de enfrentar a las élites de poder económico que hoy se están beneficiando de la situación presente y que se oponen a los cambios de fondo necesarios, por lo cual es mejor no creer cuando se presenta en el discurso político la falacia de la pobreza.
