Mientras sus abogados proponían a los clientes defraudados por su millonaria pirámide acuerdos de pagos a cuentagotas, Felipe Rocha, el joven heredero de la ganadería de casta Achury Viejo, se mantenía distante y solo era visto de vez en cuando en la bicicleta de carreras en la que recorre las vías de la sabana de Bogotá o en alguno de sus carros de alta gama. Las pocas veces que habló con algunos de ellos les dijo con desparpajo que devolvería el dinero, pero que en realidad no tenía las cuentas claras.
Hasta el jueves 27 de abril un puñado de los inversionistas afectados aceptó firmar unos acuerdos de pago que eran parciales, pues incluían las sumas inicialmente confiadas a Rocha, pero no un cálculo claro sobre los intereses prometidos. Los apoderados de sus clientes actuaban a regañadientes: La única garantía era que tenían frente a ellos a dos abogados serios que representan a Rocha: María Paulina Riveros y David Bazzani.
No todos estaban de acuerdo con el procedimiento y por eso una prestigiosa familia santandereana, que tiene debidamente reportada su inversión ante la DIAN y conserva los contratos firmados y las garantías en orden, se cansó de una espera que parecía convertirse en burla y le dio poder al abogado Jaime Lombana para que denunciara penalmente a Rocha.
Este viernes el reconocido penalista acudió a la Fiscalía para radicar su denuncia. En su primer memorial atribuye al responsable de la pirámide los delitos de “estafa agravada en masa, en concurso homogéneo de falsedades y uso de documento privado falso, lo mismo que por concierto para delinquir agravado”.
Lombana le dijo a Las2Orillas que se trata de un típico delito de cuello blanco cometido por Rocha y por su organización. “Ellos -observó Lombana- han venido haciendo reuniones con los abogados de las víctimas, eso es puro bla, bla, bla. Hay papelitos; pero que hayan resarcido los perjuicios a las víctimas no es cierto”.
Lo más seguro es que la Fiscalía actuará de inmediato porque se trata de delitos de investigación oficiosa, es decir, que en condiciones normales no hubieran requerido de una denuncia.
“En el caso de la familia que yo represento son dineros invertidos transparentemente, declarados fiscalmente, tributariamente. Por eso esos recursos no los deben seguir manejando el señor Rocha y su organización. Los debe manejar la Fiscalía y es necesario que procedan los embargos respectivos”, explicó Lombana.
El proceso penal debe conducir a que procedan, dentro de las órbitas de sus competencias, las superintendencias Financiera y de Sociedades.
Para los clientes que se oponen a la firma de acuerdos, las evidencias de los delitos cometidos le cierran todo el espacio a una conciliación.
Luis Felipe Criollo, otro de los abogados, comentó a su vez que los acuerdos parciales que venían siendo alcanzados no son enteramente satisfactorios y solo buscaban atenuar el daño. De fondo persiste una gran disputa porque está claro una cosa es el monto de la inversión y otra la utilidad.
La promesa principal, firmada ya en algunos pocos casos, es devolver lo invertido. Aunque ese sería el menor de los males, la mayoría de los ricos y poderosos inversionistas consideran que solo estarán resarcidos si se les paga al menos una parte de los intereses prometidos.
En medio del sigilo que rodea las negociaciones no se conocían con certeza cuales son los bienes que respaldan la oferta de devolución. La primera inicial era de rendimientos de hasta el 40 por ciento por un proyecto que consistía en el engorde de ganado cebú que ya pastaba en fincas de la familia. Sin embargo, no hay un solo ejemplar de esa raza en las tierras que son genuinamente de Rocha y tampoco existen los pastizales.
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