Hace poco, una trabajadora de Tiendas D1, víctima de acoso laboral me buscó con el propósito de asesorarla para organizar un sindicato dentro de esa empresa. Algo apenas normal, pues el derecho de asociación es de rango humano y fundamental. Sin embargo, antes de iniciar el proceso de sindicalizarse la trabajadora presentó una queja por acoso laboral y la empresa, en lugar de iniciar los procedimientos internos propios para dar tratamiento a esta conducta en el marco de la ley 1010 de 2006, mejor la despidió. Y “problema resuelto”. Esa conducta aceleró la organización de los trabajadores. Entonces otro trabajador, en periodo de prueba decidió sindicalizarse. Fue despedido, a pesar de que tenía fuero sindical y la ley lo protege. Pero llegaron otros compañeros y compañeras y con ellos, más historias de abusos y arbitrariedades sistemáticas.
Luego los medios informaron que en Bogotá un trabajador de D1 saltó de un puente sobre las vías de Transmilenio en Suba. Se suicidó. Un hecho que apenas si registraron los medios, en un país en el que hemos normalizado la muerte. La información escasa que circula por las redes sociales apunta a que el trabajador, un joven de apenas 22 años, tenía problemas asociados al exceso de trabajo. El Ministerio del “Trabajo” ha guardado silencio. Salvo un retuit del Senador Luis Fernando Velasco, nadie más ha dicho nada. Indiferencia total. Nadie quiere incomodar a los poderosos.
Desde hace más de cuatro años, cuando empecé a escribir esta columna en Las2Orillas sobre el mundo del trabajo y de los trabajadores, advertía que poco se hablaba de ellos en los medios de comunicación y en la vida cotidiana. Que eran temas invisibilizados adrede, temas a los que se le da poca importancia en medios tradicionales y centros de poder. A pesar de que el trabajo es el que mueve el mundo y de que los trabajadores sufren tragedias cotidianas en Colombia. O como dice una gran amiga, el trabajo “es el vehículo mediante el cual se realizan otros derechos”.
Se ha normalizado el hecho de que “tenemos que dar gracias” por tener empleo, sin importar su calidad y cualquier reclamo es respondido por los empresarios, sus gerentes y supervisores con la salida fácil: “pues, busque otro. Renuncie. No se queje, hay 100 esperando por su trabajo”.
Nunca he entrado a alguna de las tiendas de precios bajos o justos que llaman D1, Ara, Justo & Bueno o similares. He visto que han incursionado con fuerza en el mercado del comercio con precios más baratos y han puesto en aprietos a miles de tiendas de barrio y no al Grupo Éxito. Hace poco D1 celebró la apertura de la tienda número 1.500 y esperan llegar pronto a las 2.000. Y bueno, eso en principio suena bien. Al final el consumidor colombiano, casi todos en la pobreza, necesita precios accesibles y el país requiere generar empleo. Lo que no está bien es que los bajos precios los compensen con pura y dura explotación de sus trabajadores y trabajadoras. Dicen que esta empresa es del Grupo Santo Domingo, propiedad de una de las familias más ricas de Colombia y el mundo, y sus altas ganancias vienen de apretar al máximo la flexibilización laboral y las exenciones tributarias muy generosas que el Estado otorga a las grandes fortunas.
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Nos han llegado decenas de denuncias de abusos, acosos, despidos arbitrarios, jornadas excesivas y condiciones arbitrarias
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Y claro, se salen de casillas cuando aparece el sindicato. Hasta hoy las redes han sido el escenario de crecimiento de la sindicalización en D1. Nos han llegado decenas de denuncias de abusos, acosos, despidos arbitrarios, jornadas excesivas y condiciones arbitrarias. Desde otros sindicatos hemos ayudado a la sindicalización en distintas partes del país, hemos difundido la promoción de la defensa de derechos laborales. Es increíble lo que hemos encontrado aquí, un total desconocimiento de la dignidad humana. La educación, desde la primaria, debería enseñar los derechos laborales y las formas de defenderlos. Al final, los estudiantes de hoy, serán los trabajadores del mañana.
Es tan normal y predecible la reacción de algunas empresas, con toda seguridad, asesoradas por abogados que parecen divertirse cuál romanos en el circo: les encanta despedir, amenazar, pacificar. Por eso fundar sindicatos y reclamar derechos en el país sigue siendo una labor heroica y debe ejercerse con cautela y en la clandestinidad. Parece mentira que en pleno siglo XXI siga siendo así, pero lo es. Los sindicatos siguen siendo vistos como enemigos a los que hay que eliminar, la ciudadanía, indiferente frente a los abusos en el trabajo, calla por miedo a perder el “ingreso” y los medios no dicen nada para no perder pauta.
La Corte Constitucional ha sido clara, el derecho al trabajo “no se limita a acceder a un empleo y permanecer en él, toda vez que el mismo incluye la garantía de ser realizado en condiciones dignas y justas[1]. En ese sentido, implica la búsqueda de la efectividad de las garantías constitucionales en el ejercicio de cualquier tipo de actividad que asegure una vida digna al trabajador”[2].
Después de la expedición del convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el trabajo, solo dos países en el mundo lo han ratificado: Fiji y Uruguay. En Colombia nadie está hablando de eso a pesar de que es pandemia. Tenemos que hacerlo.
[1] Sentencias T-084 de 1994. T-882 de 2006, C-898 de 2006, C-282 de 2007 y T-372 de 2012.
[2] Sentencia C-200 de 2019.
