Finalmente, después de un duro pataleo jurídico de seis años y la negligencia de dos alcaldes, un juez ordenó la demolición de la Torre Aquarela que deberá hacerse en menos de dos meses.
Fue el Ministerio de Cultura con el liderazgo de Mariana Garcés en el gobierno Santos, el que hace seis años interpuso la Acción popular que el juzgado 12 de Cartagena acaba de fallar contra la Curaduría Urbana # 1 y la constructora de Medellín Promotora Calle 47, los dueños del proyecto, ordenando la demolición de la gran torre.
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Los efectos de esta sobre el Centro Histórico de Cartagena pusieron en riesgo la permanencia de Cartagena como ciudad patrimonio de la humanidad, status decretado por la UNESCO. Esta entidad les había dado un ultimátum a los gobernantes cartageneros que, incluido el alcalde William Dau se vio reacio a actuar y terminó enredado en la selva jurídica.
La Defensa Jurídica del Estado, primero por intermedio de Camilo Gómez, quien se aplicó en el caso, y luego con su actual directora Martha Lucia Zamora, fue clave en la decisión final que compromete también a Corvivienda, Alianza Fiduciaria y el Instituto de Patrimonio y cultura de Cartagena, cuyas cabezas en su momento, tendrán que responder, según la Sentencia de este 31 de marzo.
