Los últimos dos días de julio resultaron ser de bastante tensión para la abogada caucana Daniela Andrade Valencia, quien recientemente había renunciado a la Fiduprevisora en medio del escándalo por el modelo de salud de los maestros y cuyo nombre estaba dando de qué hablar gracias a la relación sentimental que mantiene con el asesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo. Después de poco más de un mes sin trabajo, el gobierno le dio la mano designándola como notaria, decreto que fue publicado el 30 de junio y solo un día después comenzó a ser investigada por la Procuraduría.
El ente de control en cabeza de Margarita Cabello decidió ampliar una investigación que están llevando a cabo y que los tiene con la lupa encima de un contrato por $42 mil millones para adquirir tres plantas desalinizadoras para La Guajira a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Originalmente, solo tenían en carpeta a Olmedo López, el exdirector de la entidad, pero finalmente decidieron incluir a otros tres funcionarios, entre los que se cuentan los ex subdirectores Víctor Meza y Sneyder Pinilla y la abogada, quien entra por cuenta del rol que tenía dentro de la Fiduprevisora.
Ella era la Vicepresidenta de Contratación Derivada, cargo desde el que tenía injerencia en todos los procesos de contratación de la entidad que por entonces era dirigida por Mauricio Marín. Justamente, según la Procuraduría, ella fue quien suscribió el contrato como representante de Fiduprevisora y como vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El sector notarial no es ajeno para Daniela Andrade
A pesar de la indignación que provocó dentro de varios sectores de la ciudadanía el nombramiento de la abogada mientras que su nombre aparece dentro de una investigación sobre el entramado de corrupción de la UNGRD, lo cierto es que su experiencia la acredita para ocupar el cargo de notaria y más teniendo en cuenta que es en calidad de encargada a falta de notarios elegibles.
Además de breves pasos por el Consejo de Estado, la Contraloría, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, Daniela Andrade trabajó durante cinco años en la Superintendencia de Notariado y Registro, primero como jefa de la oficina asesora jurídica en el gobierno Duque y luego como superintendente delegada para el Notariado, cargo en el que reemplazó a la abogada Goethny Fernanda García, quien fue ascendida a Superintendente y se mantuvo hasta agosto de 2022 cuando fue reemplazada por el exsenador Roosvelt Rodríguez.
Gracias a ese paso, Andrade tenía en la cabeza el mapa de las Notarías y pudo identificar que había una de primera categoría, es decir, que la nombra el gobierno nacional, que iba a quedar vacante. Esto se dio porque Claret Perea Figueroa, notario de vieja data a quien incluso el Concejo de Bogotá le dio la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en diciembre de 2022, llegó a la edad de retiro forzoso (70 años) y se hizo necesario encontrarle un reemplazo.
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