La ética empresarial y sus desafíos

Para nadie es un secreto que crear empresa en un país como Colombia no resulta sencillo, como tampoco resulta fácil mantenerse en el mercado. Según cifras del Doing Business 2016, Colombia se ubicó en el puesto 54 de 189 economías evaluadas. Este estudio mide la facilidad para crear empresa y hacer negocios en un país, teniendo en cuenta aspectos como la facilidad de la legislación nacional para crear empresa, la obtención del manejo de permisos de construcción, las condiciones para llevar a cabo el registro de propiedad, los requisitos para la obtención de crédito, el pago de impuestos, y el cumplimiento de contratos, entre otros criterios.

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan retos adicionales y estructurales que afectan su sostenibilidad desde el momento de su creación; algunos son en la mayoría de los casos, problemas y retos financieros que hacen que el empresario emprendedor concentre toda su atención y sus esfuerzos en alcanzar el punto de equilibrio financiero de su empresa como aspecto que le permita permanecer en el mercado. Así, temas relevantes para la sostenibilidad de la empresa, relacionados con la gestión ética empresarial, la visualización y estructuración de la estrategia en pro de la sostenibilidad y aspectos básicos de Responsabilidad Social Empresarial son condiciones esenciales que pasan a un segundo lugar en los primeros años de vida de la empresa.

Según los últimos resultados del Doing Business, México y Perú son los países de América que ocupan mejor posición que Colombia en el ranking (puestos 50 y 38 respectivamente). Sin embargo, Colombia supera en posición a países como Costa Rica, Panamá, Salvador, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela.

Tabla construida por Transparencia por Colombia, resaltando los resultados de 4 de los 11 criterios valorados por el Doing Business

Los resultados para Colombia no son los mejores en criterios como: las condiciones para crear empresa, el pago de impuestos, el comercio transfronterizo y el cumplimiento de contratos. Sin embargo en el criterio condiciones para crear o dar apertura a una empresa, obtuvo 11 puntos, resultados que evidencian que aunque en el país tenemos ocho procedimientos para dar apertura a una empresa, el puntaje es favorable frente al promedio arrojado para los datos agregados de los otros países de la región donde en promedio se llevan a cabo 8,3 procedimientos previos a la apertura de la empresa.

Así mismo, el tiempo en días que tarda iniciar una empresa y que en Colombia es de 11 días aproximadamente, supera en 2 días y medio al promedio de tiempo para llevar a cabo el mismo proceso en los países comparados por la medición de la OCDE.

Frente al criterio pago de impuestos, se valoran aspectos como los impuestos que una empresa de tamaño medio debe pagar al año y la carga administrativa asociada al pago. En Colombia las empresas pagan un 18,6% en impuestos laborales y contribuciones, frente al 13,2% que en promedio pagan las empresas de otros países de América Latina y el Caribe. De igual manera, las pequeñas y medianas empresas colombianas asumen en un 22,5% de impuesto a las ganancias, frente al 20% de las empresas de la misma región. El porcentaje para las empresas colombianas de otros impuestos a pagar es del 28%, mientras que el de las empresas de los otros países de América Latina y el Caribe está en promedio del 13,6%; factor que para Colombia se convierte en el principal problema para hacer negocios según los últimos resultados arrojados por el Índice de Competitividad Global 2016.

El tercer criterio relevante en términos de resultados para Colombia, es el Comercio Transfronterizo donde se valoran criterios como el tiempo y los costos relacionados con el proceso logístico de importación y exportación. En el país las empresas deben asumir un costo para exportar de USD545 frente al promedio de USD493 para las empresas de los otros países de la región y USD160 que deben asumir las empresas de los países de la OCDE. Con relación a los tiempos para exportar e importar la diferencia para las empresas de Colombia y de América Latina y el Caribe difiere en un promedio aproximado de 55 horas para exportar frente a las empresas de los países OCDE y 97 horas en promedio aproximado para importar.

El cuarto y último criterio para facilitar hacer negocios en Colombia es el de Cumplimiento de Contratos, donde se tienen en cuenta aspectos como el tiempo y los costos en los que deben incurrir las empresas para resolver una disputa comercial recurriendo a estrados judiciales. Las empresas en Colombia deben esperar aproximadamente 1.288 días una vez se presenta la demanda y se recibe el pago por la misma, situación que para las empresas en otros países de América Latina y el Caribe se resuelve en un aproximado de 737 días y para las empresas de los países OCDE en 539 días. A estas cifras, se suma que para las empresas en Colombia el porcentaje asociado a los costos judiciales es del 45% frente al 30% para las empresas de la región y 21,1% para las empresas de los países OCDE comparadas en la Medición. Es claro que la justicia no tienes las características deseables de bien público en Colombia, ya que no se encuentra disponible para todos los ciudadanos en igual cantidad y calidad, al igual que la mayoría de bienes públicos en el país

Con este panorama la ineficiencia y la ineficacia de la ley, son otro detonante para que las empresas lleven a cabo malas prácticas en detrimento de la ética y la transparencia empresarial; malas prácticas que se traducen en pagos de facilitación indebidos al sistema judicial, sobornos para obtener decisiones en tiempos más cortos y a favor, donde muchas veces prima el interés particular sobre el interés general.

Los resultados hacen un llamado a los gobiernos de los diferentes países considerados en la medición, para que brinden las condiciones adecuadas en términos de normatividad para facilitar la apertura de empresas y la realización de negocios; ya que la ausencia de la legislación adecuada para facilitar negocios o una legislación inoperante y con poca aplicabilidad, son un factor clave para que los emprendedores realicen sus primeros negocios de manera poco proba donde el pago de facilitación de trámites para acelerar los procesos de apertura de nuevas empresas, especialmente aquellos pagos que puedan estar encaminados a la obtención de permisos y licencias de operación y funcionamiento, se vuelven prácticas comunes y habituales.

Si analizamos el escenario del pago a los impuestos, no cabe duda que es el empresario colombiano uno de los que más paga impuestos en América Latina, hecho que es reconocido por el Índice Global de Competitividad en sus últimos resultados 2015 – 2016; como el factor más problemático para hacer negocios en Colombia, seguido de la corrupción . Según los últimos resultados del Índice Global de Competitividad, Colombia ocupó el puesto 61 en el ranking de los 142 países medidos y comparados, mejorando su posición frente a los resultados obtenidos en la medición inmediatamente anterior donde ocupó el puesto 66.

Gráfico 1 elaborado por Transparencia por Colombia

Estos resultados promedio reflejan la comparación de cada ítem por país, y su lectura nos permite concluir además que altas tasas impositivas se convierten en un criterio perverso que en muchos casos lleva al empresario al no pago de impuestos y a su evasión a través de malas prácticas contables. Al final del día, las altas tasas impositivas y el creciente aumento de impuestos para el empresario y para el ciudadano del común, se convierten en la causa de condiciones inapropiadas que no favorecen al empresario ni a la competitividad del país. Así mismo, los altos costos para exportar e importar productos por las vías legales se convierten en otro factor incidente para la puesta en marcha de malas prácticas, que a su vez pueden traducirse en un incentivo para el comercio ilegal y el contrabando, lo que sin duda alguna, va en detrimento del mercado y del consumidor, que finalmente espera productos de la mejor calidad.

Los resultados arrojados por el Doing Business y el Índice Global de Competitividad plantean desafíos muy interesantes para la empresa privada, que deben asumirse desde el mismo momento de la creación de la empresa y que implican para el empresario esfuerzos y compromisos adicionales más allá de los que dicta la ley y que propenden por incluir en su gestión empresarial del día a día buenas prácticas éticas de transparencia, responsabilidad social empresarial y anticorrupción.

Sin embargo, vale la pena precisar que nada justifica la adopción y materialización de malas prácticas que conlleven a hechos de corrupción en las relaciones del negocio con y desde el sector privado, como tampoco nada justifica la NO adopción de buenas prácticas en responsabilidad social como el pago de salarios justos y a tiempo, condiciones laborales idóneas esenciales y el establecimiento de unas reglas claras básicas para el relacionamiento con proveedores y otros grupos de interés.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, Transparencia por Colombia; líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, cuenta desde el año 2005 con el Programa Rumbo Empresas Integras y Transparentes, herramienta que nace como mecanismo de apoyo para que la pequeña y mediana empresa asuma el desafío de la gestión de la ética empresarial como herramienta de prevención a los posibles riesgos de corrupción.

En la actualidad, el Programa propende por incluir en el ADN empresarial buenas prácticas relacionadas con la gestión ética empresarial, las buenas prácticas deben nacer a la par con las empresas y para ello hay que comenzar con acciones tan sencillas como respetar y cumplir la ley, ser honestos y justos con el pago de salarios, cumplir y respetar lo acordado a través de los contratos o convenios adquiridos tanto con proveedores como con los clientes, como también reconocer a tiempo las utilidades para socios, accionistas e inversionistas y los mínimos debidos para el relacionamiento con accionistas mayoritarios y minoritarios. La gestión de la ética empresarial está en llevar a la práctica las cosas sencillas que comienzan con la formalización de políticas e instrumentos para la gestión de los sistemas de ética e integridad empresarial en el día a día.

En manos del gobierno nacional está favorecer la estabilidad empresarial de la pequeña, mediana y gran empresa. La responsabilidad es crear entornos favorables que incentiven las buenas prácticas y mitiguen la propensión de riesgos de corrupción y para eso se hace indispensable facilitar la normatividad y las condiciones apropiadas para el buen funcionamiento del mercado.

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