Franck McCourt, un profesor de origen irlandés, obtuvo gran fama como literato cuando rondaba los 70 años de edad. En 1997 fue galardonado con el premio Pulitzer por su libro “Las cenizas de Ángela”, el cual sería llevado al cine dos años más tarde por el director inglés Alan Parker. Su tardía llegada al mundo de las letras lo limitaría a publicar, antes de fallecer, solo cuatro libros de carácter autobiográfico. Esto, sin embargo, le bastó para alcanzar el reconocimiento y la fortuna que el Magisterio nunca le brindó.
En el 2005, McCourt publica su tercera obra “El profesor” y en la cual describiría de manera cruda su experiencia como catedrático en diferentes escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Basta con leer su introducción para sentirse identificado y saber que, tanto allá como aquí, “La enseñanza es la servidumbre de las profesiones” y retribuida al final de los días con una “jubilación miserable”. Situación, por decir lo menos, paradójica si tenemos en cuenta que en los últimos años el tema educativo se convirtió en el caballito de batalla para jefes de Estado, alcaldes, ministros y secretarios de Educación de nuestro país.
No hay día en que Yanet Giha, actual ministra de Educación, y su homóloga en la Secretaría de Educación de Bogotá (SED), María Victoria Angulo (bajo un claro trastorno narcisista), dejen de producir y publicar noticias sobre su gran manejo y administración en torno a la educación de nuestros niños y niñas de Colombia. A lo anterior se suma el gran cubrimiento de los medios tradicionales de comunicación, quienes sin ahondar en el tema educativo y su situación real dentro de la escuela pública colombiana, replican cuanta barbaridad venga de los entes gubernamentales encargados de llevarnos a ser el país “más educado” para el 2025.
Ahora bien, si el tema educativo se ha vuelto tan importante para el establecimiento, al menos en el discurso, es difícil entender por qué poco o nada se habla sobre los docentes y su compleja situación laboral. No solo somos los empleados profesionales con los salarios más bajos dentro de la carrera pública, también contamos con un pésimo sistema de salud y un régimen prestacional “especial” el cual es el ejemplo más cercano del purgatorio en la tierra. Giha y Angulo simplemente evitan dar algún comentario sobre el tema. En esta ocasión, no se presentan estadísticas ni se convocan ruedas de prensa, como tampoco trinos en sus respectivas cuentas de Twitter de los millones de pesos que se le adeudan al Magisterio, y mucho menos se comenta que un profesor debe esperar entre uno y dos años para recibir el dinero de sus cesantías (lo cual, por cierto, lleva a que el Estado desembolse a los docentes alrededor de 7.000 millones de pesos al año por conceptos de mora).
Dicho lo anterior, vale la pena ejemplificar con una situación real sobre el tema. Ángela Carreño es una profesora del área de Humanidades del Colegio Distrital Rafael Bernal de la localidad número 12 en la ciudad de Bogotá. El 11 de marzo del 2016 radicó los documentos exigidos ante la SED para solicitar sus cesantías parciales y así realizar adecuaciones en su vivienda. Diez meses más tarde la entidad empleadora aún no expide el acto administrativo correspondiente para el desembolso de su dinero. En este caso no solamente se han vulnerado todos los derechos por parte de una entidad pública a uno de sus empleados. A ello se suma la impotencia de Ángela para actuar frente a este hecho, algo que ella denominó “pelea de tigre, con burro amarrado”. Lastimosamente esta situación se repite día a día con miles de profesores a nivel nacional, lo cual no parece importarle a nadie dentro ni fuera del establecimiento, ni siquiera aun, al ministro de Hacienda.
Ahondemos un poco más en el tema. La Ley 1071 de 2006 regula el pago de las cesantías definitivas y/o parciales a los servidores públicos, entre ellos, los miembros del Magisterio. Los artículos 4.º y 5.º determinan como tiempo máximo para expedir la resolución de pago el décimo quinto día hábil después de realizar la radicación correspondiente. Al término se le deben añadir 45 días más para el desembolso del monto propio de cada solicitud. Esto quiere decir que la profesora Ángela debió recibir su dinero a más tardar el día 13 de junio de 2016. Empero varios meses después y con un nuevo año en curso, Ángela solo ve cenizas en torno a este tema.
Para rebozar la copa, el Magisterio colombiano no solo ha tenido que enfrentar la ineptitud e ineficacia de su régimen “especial” y las entidades que lo dirigen (Ministerio de Educación Nacional, Fiduprevisora S. A. y las diferentes secretarias educación del país); a todo este caos, es menester mencionar a nuestros ilustres padres de la patria quienes como pistones bien “enmermelados” funcionan bajo una cadencia perfecta para que las locomotoras del Gobierno Nacional busquen el “progreso” de la Nación, y, ¡claro!, de la educación.
Así pues, durante el año 2015 fue aprobada por parte del Congreso de la República, la Ley 1769, por medio de la cual se definió la vigencia fiscal de la nación para el año 2016. Los representantes de los colombianos legislaron para que se extendería en 15 días hábiles más el desembolso del dinero por concepto de cesantías parciales y definitivas de los profesores. No satisfechos con dicha infamia, a partir de ese momento, los intereses de mora pasarían de ser liquidados bajo un salario mínimo diario (Ley 1071 de 2006) a regirse por el equivalente al DTF efectivo anual, es decir, el monto por dichos intereses sería mucho menor al que tiene derecho cualquier otro servidor público de Colombia. Este evidente atropello obligó a FECODE a demandar dicho artículo por violación al derecho a la igualdad. Varios meses después, por fortuna, la Corte Constitucional en votación de 7 contra 2 falló a favor del Magisterio, lo cual llevaría a poner fin a tan vergonzoso episodio.
La situación está lejos de mejorar. Los tiempos nunca se cumplen y los profesores no les queda más opción que acudir al sistema judicial con el fin de hacer valer sus derechos, algo igualmente paradójico teniendo en cuenta los tiempos que puede llevar un proceso judicial en el país “más educado” para el 2025.
En fin, mientras Giha, Ángulo y demás personajes continúan haciendo demagogia con el tema de la educación, el Magisterio no cuenta con más opción que perseverar en su lucha por su supervivencia. Una supervivencia que debemos terminar con el fortalecimiento en la formación política, intelectual, académica, legal y por supuesto social, las cuales nos permitan si no llegar al poder, sí a influir de manera contundente en él. De lo contrario, como plantea McCourt, continuaremos siendo recibidos por la “puerta de servicio”, intentando ganar una “pelea de tigre, con burro amarrado”.
