Llegó el inicio de año con un alto porcentaje de desempleo. En esas circunstancias, una de las mayores oportunidades de emplearse se tiene con el Estado. Para ello existen dos posibilidades: por la vía meritocracia o los concursos de carrera administrativa; y por la vía del clientelismo, con los famosos contratos de prestación de servicios, los provisionales de carrera, los trabajadores oficiales y los de un mayor nivel social y político, los de libre nombramiento y remoción (clientelismo perfumado).
Para los primeros, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha venido ofertando centenares de cargos de carrera para ser provistos por concursos de carrera administrativa, creados conforme lo ordena la constitución para que de forma continua y estable se desarrolle la función pública del estado. En la medida que la CNSC ha venido ganando credibilidad y confianza a estos cargos, se presentan cada vez mayores números de aspirantes. En consecuencia, ganarse hoy un cargo de carrera es como obtener un cupo en la Universidad Nacional, ingresan los mejores.
Ahora bien, después de muchos años de provisionalidades, para estas fechas se han anunciado con bombos y platillos nuevas convocatorias en varias entidades del Estado, que ojalá culminen de manera pronta y sin dilaciones. Lamentablemente, el porcentaje de funcionarios de carrera del Estado es mucho menor con respecto a las otras formas clientelistas de ingreso laboral ya comentadas. En este contexto, el gobierno nacional y los territoriales se aprestan a la renovación de contratos de prestación de servicios en las distintas entidades, que, como se mencionó, han venido creciendo exponencialmente.
A diferencia de los funcionarios de carrera, estos ejércitos de contratistas no son seleccionados meritocráticamente, y su ingreso obedece a las lógicas clientelistas, donde los que ingresan no son los mejores, pero son las cuotas de los políticos y gobernantes de turno, tanto de derecha como de izquierda. Una persona puede tener la mejor hoja de vida, pero si no tiene un respaldo político jamás tendrá una oportunidad laboral con el Estado.
De esta manera se viola la meritocracia constitucional, el trabajo decente, la democracia se deslegitima y el Estado se hace ineficiente. Incluso, hasta las más altas instituciones del Estado, como son las cortes de justicia, entidades del ejecutivo, la misma Comisión Nacional del Servicio Civil, la Función Pública, etcétera, recurren a este tipo de prácticas clientelistas. En Bogotá, la señora alcaldesa López ganó su elección mintiendo que iba a acabar con estas prácticas. Tal vez la única excepción en el Estado ha sido la valiente decisión del anterior defensor del pueblo que se dio la pela por aplicar la meritocracia para vincular los defensores públicos.
Con eso en mente, ríos de tinta se escriben a diario sobre esta problemática por parte periodistas, juristas, académicos, políticos hipócritas y sindicalistas tradicionales. Mientras tanto, los organismos de control no oyen ni ven, tal vez uno que otro pronunciamiento demagógico como el del saliente procurador y nada pasa.
Para cerrar, este año la Constitución Política de Colombia celebra treinta años y de seguro se hablará todo el año sobre sus avances, retrocesos y decepciones. Así que sin entrar en mucho detalle diré que una de las mayores desilusiones ha sido la continuidad del clientelismo que el constituyente quiso erradicar con la implementación del principio de la meritocracia constitucional y la carrera administrativa. La clase política no cambia y ha actuado dolosamente en contra de esa conquista constitucional, todo con la complicidad de un sector del sindicalismo tradicional afecto a estas prácticas.
