El proyecto “Rionegro se valoriza” ha generado gran polémica por las implicaciones políticas y jurídicas que contiene, usualmente favoreciendo a grandes terratenientes y personas que no tienen condición agropecuaria como lo indica la norma.
El 16 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, emitió un acto administrativo por el cual decretó una medida de suspensión provisional contra la Resolución 1027 del 10 de junio de 2021.
“En resumen, el Tribunal Administrativo de Antioquia avala la posición jurídica que expuse a mis jefes; claramente la Resolución 1027 del 10 junio de 2021, fue expedida y suscrita por el Secretario de Desarrollo Territorial Carlos Andrés Gómez Franco, extralimitando sus competencias, ya que para ese momento la discusión de la contribución de valorización que en dicho acto administrativo se modificó, era un asunto de competencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues el auto admisorio de la demanda se encontraba admitido y notificado a todas las partes. También lo expuse ampliamente al Alcalde Rodrigo Hernández Alzate, en las reuniones del dos (02) y cinco (05) de agosto de 2021, a quien me dirigí directamente con el propósito de enterarlo de una actuación presuntamente irregular e ilegal, y también con el propósito de tomar los correctivos legales del caso; pero una vez más, mis conceptos jurídicos no tenían valor o credibilidad alguna, pues ya meses atrás, incluso delante de compañeros de trabajo, no solo era ignorada, sino además ridiculizada, sin argumentos válidos excepto que yo “no brindaba soluciones”.
Fue como un portazo que cierran frente a tu nariz, fue mi último intento, para entender, no solo que yo no encajaba en ese lugar, donde no se acataba la Ley, sino además que desde hace meses venía siendo víctima de un proceso soterrado de silenciamiento, de un acoso laboral en todas las modalidades, hasta con presuntas connotaciones sexuales. Y es que después de hablar con la máxima autoridad del municipio de Rionegro, no podía llegar a una conclusión distinta, después de que con toda la técnica jurídica le expliqué paso a paso, no solo por qué se configuró una extralimitación en las funciones del Secretario Carlos Andrés Gómez Franco, sino además las posibles soluciones ya que dicha Resolución se encontraba en firme – solicitar una revocatoria o demandarla en lesividad- algo que para ese momento – cinco (05) de agosto de 2021- era traído de los cabellos, pues “cómo iban a demandar a su compañero de Gabinete”, según las propias palabras de la Secretaria General de Rionegro”, asegura la exfuncionaria Lina María Castaño.
De acuerdo con su versión de los hechos, el Alcalde no solo la ignoró, sino que además auspició el maltrato laboral del que fue víctima por parte de Lina Marcela García Tabares, como subsecretaria de Valorización y de Carlos Andrés Franco Gómez en la reunión del cinco (05) de agosto de 2021, pues también estuvieron presentes; gritando le decían: “que qué hacía allá, que por qué no me iba, que no confiaban en mi trabajo”, frente a lo cual el Alcalde Hernández no solo guardó silencio, sino que además le dio como solución pedir un traslado o apartarse del Gobierno (…) Con la expedición de la Resolución 1027 de 2021, se configura un presunto prevaricato por acción, pues a pesar de las advertencias que le dio en su condición de profesional especialista y servidora pública, manifiesta que las obvió, las pasó por alto y frente a las cuales incluso le aseveraron: “las faltas disciplinarias, ya miraremos”, advierte la exfuncionaria Lina María Castaño Ramírez en la queja disciplinaria por presunto acoso laboral presentada el 8 de septiembre de 2021 ante la Personería de Rionegro y como se puede escuchar de la propia voz del Secretario de Desarrollo Territorial Carlos Andrés Gómez, en uno de los audios que reposan en el SAMAI, plataforma de consulta de la Rama Judicial, pues entre otras acciones, la abogada presentó una demanda por el acoso laboral del que fue objeto, que actualmente es adelantada por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de la ciudad de Medellín.
Lina María Castaño ejerció sus funciones como subsecretaria de Planeación Estratégica y finalmente estuvo vinculada como Profesional Especializada G3 en la Subsecretaría de Valorización desde febrero de 2017 hasta el 25 de septiembre de 2021. Laborando en total 12 años en la Alcaldía de Rionegro en diferentes cargos.
Según el testimonio de la exfuncionaria, Lina María Castaño, con el cambio de Gobierno y una vez inició “Juntos Avanzamos Más” a través del Secretario de Desarrollo Territorial Carlos Gómez y directamente de la Subsecretaria de Valorización Lina Marcela García Tabares, junto a su compañero el arquitecto, Simón Jaramillo, empezaron a recibir una serie de instrucciones, que pretendían modificar las normas y las reglas de interpretación para esta materia: la contribución de valorización. De este modo por ejemplo, la Subsecretaría se obstinó con la idea de ampliar el beneficio denominado tratamiento especial para los inmuebles habitacionales rurales, desconociendo que la norma definía claramente el tratamiento especial habitacional y cuáles inmuebles se tenían en cuenta para el análisis de dicha normatividad, de acuerdo al sector urbano o rural: la casa, el cuarto útil, el parqueadero y la terraza, en los estratos 1, 2, 3 y 4; lo que además se encuentra taxativamente definido en el artículo 1 del Acuerdo 012 de 2018; razón por la cual no había lugar a interpretaciones porque además en materias tributarias la interpretación es restrictiva y no extensiva, porque además por un principio general del derecho donde la Ley no se presta a interpretaciones.
De este modo, empiezan a generarse tensiones en la relación laboral, no solo con Lina Castaño, sino además con su compañero, el arquitecto Simón Jaramillo. Ambos empiezan a ser molestos para las finalidades de quienes dirigían el Proyecto de Valorización y para el alcalde mismo.
“Con el tratamiento especial habitacional rural se nos presentaba un gran problema para hacer esa concesión. Había personas que vivían en una finca de diez mil metros y debíamos determinar sobre esa extensión de tierra cuánta era la ocupación de la vivienda y sus inmuebles complementarios”, asegura la abogada Castaño.
Dentro de sus argumentos, la exfuncionaria manifiesta que empezaron a afirmar que eso se les iba a salir de las manos, que sería antipopular, pero para ella era claro que no tenían por qué buscar los destinos populares, ella tenía una obligación legal de consolidar la seguridad jurídica del Proyecto de Valorización. Pese a que la subsecretaria de valorización Lina Marcela García Tabares, le daba indicaciones provenientes supuestamente del Alcalde, en el sentido que debían ampliar el tratamiento especial en la modalidad habitacional rural, ya que el alcalde había dado la orden de otorgarlo hasta diez mil metros, posteriormente lo redujeron a tres mil, aunque a la exfuncionaria se le apartó de ese estudio porque desde que se puso en la mesa de discusión tanto ella como su compañero Simón Jaramillo, se opusieron y desconocieron en que terminó el asunto. ¿Eso de dónde salió? Cuestionó ella esa intencionalidad, además de dar las razones legales por la cuáles esto no era posible.
“Renuncio básicamente porque desde mi formación ética y profesional, concluí que no podía estar en un lugar donde mis principios, conceptos y mi trabajo no tenían valor alguno, al contario ello se me convirtió en un foco de estrés, fui diagnosticada con un trastorno generalizado de ansiedad, pero a esto no llegué así de la nada, primero fue el dolor de cabeza que se vuelve en parte de tu vida diaria, la desmotivación y llegas hasta dudar de tus capacidades; entonces ante la propuesta del alcalde de pedir un traslado o apartarme del Gobierno, decido renunciar, y esa renuncia fue de los actos más significativos de mi vida, nadie se imagina cuánto lloré redactando mi carta de renuncia, bastante cuestionada por cierto, me preguntaron que quién renuncia en más de diez páginas, y mi respuesta fue: pues yo”, asegura Lina Castaño.
Tras 16 años de trabajo, lo que detonó su renuncia fue enterarse que en su periodo de vacaciones en mayo de 2021, se empezó a gestar con un equipo de profesionales contratistas paralelo, la Resolución de 1027 del 10 de junio de 2021; un acto administrativo que contenía la voluntad, las presiones y los intereses del Secretario de Desarrollo Territorial, quien en mayo de 2020, un año atrás, pretendió coaccionar a la abogada a hacerlo y ante una respuesta a un derecho de petición que presentó un gran contribuyente, donde en conclusión le indicó que la vía gubernativa se encontraba agotada, le indicó: “que un leguleyo me volvía mierda esa respuesta”. En esa reunión Carlos Andrés Gómez, le llamó la atención de manera violenta por lo que se le encargó como servidora pública.
Denuncia ante fiscalía por acoso laboral a favor de la valorización de privados; y acoso de índole sexual
En noviembre de 2021 la abogada Lina Castaño, fue citada por la Fiscalía Unidad de Delitos contra la Administración Pública, al igual que el arquitecto Simón Jaramillo. Dicha Unidad adelanta una investigación contra un excontratista y exfuncionario de la Alcaldía de Rionegro, Javier Gómez, quien presuntamente pedía dineros a los contribuyentes del Proyecto de Valorización que se encontraban en proceso de cobro coactivo, bajo la promesa de disminuirles significativamente la deuda. Estando la funcionaria Lina Castaño todavía laborando en la subsecretaría de Valorización se enteró que Javier Gómez, era buscado por varios contribuyentes y que éste desapareció y continúa así hasta la fecha, sin conocerse sobre su paradero.
La abogada Lina castaño, también refirió presuntos acosos sexuales en su ampliación de queja ante la Personería de Rionegro, dicho ente de control, conoce de su queja desde septiembre de 2021 y hasta la fecha no ha adelantado actuación alguna, afirmando: “Es muy indignante saber especialmente como mujer, que cuando vencemos el miedo de denunciar presuntos acosos sexuales, algo tan íntimo y personal en nuestro ser femenino, los entes de control, poco o nada hacen.
Si esto me pasa a mí con una formación en derecho, no quiero imaginar que sucede con las mujeres que no cuentan con las herramientas que tengo. Nada ha sido suficiente para que la Personería abra formalmente una investigación y el proceso allí sigue en estado de queja. Sí debo destacar el trabajo de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los procesos se están adelantando e incluso el Juzgado 17 Administrativo Oral de Medellín me escuchó en declaración por más de 4 horas y ese solo hecho, sentirme escuchada ha sido muy importante en el restablecimiento de mis derechos, mi reparación y ni qué decir del auto del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió la Resolución 1027 de 2021, no se imaginan cuán satisfactorio fue, que la máxima autoridad administrativa de Antioquia me diera la razón después de haber sido tratada de leguleya y por meses sufrir un acoso laboral traducido en expresiones como que yo no daba soluciones”.
La abogada Lina Castaño, en la queja disciplinaria presentada ante la Personería de Rionegro, también dio a conocer presuntos hechos de acoso sexual de los que fue víctima por parte de Carlos Gómez, secretario de Desarrollo Territorial, donde narra cómo siendo su jefe la llamaba en horarios de oficina en la época de pandemia que se encontraba en casa o le escribía preguntándole por cosas de su vida privada, como si estaba sola en su apartamento o estaba con la niña, que a donde había ido de vacaciones y a decirle que la extrañaba. De todo esto tiene el respectivo soporte documental y lo adjuntó tanto a la investigación de la Personería como al proceso que adelanta el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de la ciudad de Medellín. Que solo vinieron a prestarle atención cuando lo hizo público en sus redes sociales y comenzó a marcar la agenda en la opinión pública.
DICIEMBRE DE 2019
Estaban en la fiesta de Navidad con la secretaría de Desarrollo Territorial, la secretaria era la ingeniera Ana María Mejía Bernal, hoy gerente de la campaña de Andrés Julián Rendón. Llega Carlos Andrés Gómez Franco, gerente de la EDESO Rionegro (Empresa de Desarrollo Sostenible) encargados de hacer obras de infraestructura.
Este funcionario le manifiesta que en la finca que le habían vendido con su exesposo, supuestamente habían encontrado un demonio en la habitación principal, por eso le dijo monita a ustedes le hicieron una brujería. Se voltea y simula un golpe, lo que le generó a Lina temor.
Carlos Andrés Gómez comienza a llorar y le dice que hable con Bairon (su exesposo) y vuelva con él, mientras tanto dedíquese a “culear” y me tiene en cuenta a mí doctora que conmigo pasa bueno.
La reacción de Lina es irse inmediatamente de la fiesta navideña. Le contó el asunto a su jefe Carlos Alberto Zapata, también le relató la historia a su exesposo y le manifestó que era una persona complicada al momento de tratar a las mujeres. Ella le dijo que no le dijera nada porque sería su próximo jefe.
AÑO 2020
En el 2020 cuando se posesionó como Secretario de Desarrollo Territorial, Carlos Gómez, la comienza a llamar en horarios laborales y extralaborales, a decirle que si se tomaban un vinito o si estaba con la niña (hija de Lina) en la casa. Ella siempre le dio manejo a la situación, cambiando de tema y lo evitaba. Por esa misma época le pidió de manera insistente que revisara la finca Santafé del empresario Carlos Gilberto Uribe.
El caso de Carlos Gilberto Uribe Correa, quien es Economista de la Universidad de Antioquia. Máster in Business Administration (MBA) en Tulane University. Realizó un curso en Alta Gerencia en la Universidad de Los Andes. Hábil en los negocios de la ropa importada y parece que en los referentes a la valorización también. Gran contribuyente de los negocios en Antioquia, empieza con el jefe Carlos Andrés Gómez a buscar ser favorecido con auspicio de la Administración Municipal.
La abogada Lina Castaño dio como respuesta a su exjefe Carlos Gómez, respecto a la finca Santafé, que la vía administrativa se encontraba agotada. La apoderada legal del contribuyente también de manera insistente y hasta descociendo que contra el recurso de reposición, único establecido en el Estatuto de Valorización contra la liquidación del gravamen, no proceden nuevos recursos, presentó un nuevo recurso contra el recurso inicial, el cual fue rechazado. Posteriormente, directamente el contribuyente Carlos Gilberto Uribe presentó un derecho de petición insistiendo en los argumentos del recurso, básicamente solicitaba la revisión y corrección del VUT (Valor Unitario). Ese derecho de petición fue sobre el cual iniciaron las presiones a la abogada Lina Castaño, en el sentido que no debía modificar el VUT disminuyéndolo, ni dar las respuestas de siempre, sino ofrecer verdaderas soluciones; algo que la desconcertaba pues a pesar de explicarle jurídicamente en detalle, ninguno de sus argumentos eran tenidos en cuenta.
“No sé qué piense ahora, después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia es quien suspende por la evidente ilegalidad la Resolución 1027 del 2021”, pero manifiesta que nunca le importaron sus advertencias, hasta en una de sus grabaciones le dicen: “Las faltas disciplinarias, ya miraremos”.
Por su parte el subsecretario de valorización de esa época Carlos Alberto Zapata, le solicitó a la abogada Lina Castaño, darle traslado de ese nuevo derecho de petición relacionado con la finca Santafé al área técnica, debido a que él también estaba recibiendo presiones de parte del secretario Carlos Gómez.
A Lina Castaño, le tocó dar respuesta a dicho derecho de petición, que según ella, no podría haber sido distinta, donde le responde a la apoderada del contribuyente que se trataba de una situación jurídica consolidada y que por tal razón, la discusión en la vía gubernativa se encontraba agotada. No obstante, previamente los abogados de Carlos Gilberto Uribe, tres profesionales del derecho a los que tuvo que explicarles lo que deben saber, la vía gubernativa se encontraba agotada.
En la reunión sostenida con los abogados del contribuyente entre ellos, la abogada Catalina Otero, ésta le indica a Lina Castaño, delante del subsecretario de valorización Carlos Alberto Zapata y otros funcionarios de la Administración Municipal de Rionegro, que ya han tenido acercamientos con el alcalde y entienden que hay un interés de cooperar. La respuesta de la exfuncionaria es que: “En las administraciones públicas y las materias tributarias no se negocian. ¿Cuándo la DIAN te llama a concertar o conciliar el impuesto de renta? Jamás”.
Días anteriores a la reunión del 20 de mayo de 2020, el secretario Carlos Gómez, le había indicado a Lina Castaño vía WhatsApp (la exfuncionaria conserva integralmente el chat de WhatsApp además que es una de las pruebas decretadas en el proceso administrativo), que no le gustaban esas respuestas y que eran malas noticias. Se notifica el derecho de petición relacionado con la finca Santafé el 19 de mayo de 2020, ese mismo día Lina Castaño, recibió una llamada de su exjefe Carlos Zapata: “Fue un revuelo dar esa respuesta, fue tal el enojo del señor Carlos Gómez Franco por esas respuestas de negativa, que los citó a reunión al día siguiente 20 de mayo de 2020 a pesar de las restricciones y asilamiento por el COVID -19”.
Al día siguiente la abogada, acudió a la reunión, la cual decidió grabar ante la violencia y gritos del exjefe Carlos Gómez, cuando les dijo que lo habían metido en la grande, que esa respuesta se la daña un leguleyo de la Alpujarra. También le expresan que en su caso hay un tema de egos. La contratista Natalia Zuluaga Mesa, dice que si necesitan que expida un acto en tal sentido, lo haría, pero con la condición de no aparecer en la parte inferior como persona que revisó o proyectó.
A partir de esa reunión, empezó a notar que ya no era citada a reuniones, en su lugar era citada la contratista Natalia Zuluaga Mesa y con el ingreso de la nueva subsecretaria de valorización Lina Marcela García Tabares, comenzó a ser relevada de muchas de sus funciones como única abogada de la planta de cargos de la Alcaldía, por personal contratista; esta circunstancia más los hechos que se presentaron un año después con la expedición de la Resolución 1027, las reuniones de agosto de 2021 presididas por el alcalde e Rionegro, Rodrigo Hernández, donde le dijeron que por qué no se iba y que no confiaban en su trabajo y una serie de reprimendas como su calificación significativamente más baja que a la de otros periodos, le modificaron su equipo de trabajo, en sus incapacidades laborales recibía instrucciones constantes de trabajo pese a que se encontraba incapacitada por un trastorno de ansiedad; le llevaron a la conclusión que todo esto no se trababa más que de la intención de hostigarla, hacerle difícil el proceso de recuperación de su salud y de incidir de manera indirecta en su renuncia, razón por la cual decide demandar, por supuesto después de consultar con sus amigos abogados quienes consideran que no solo están cumplidos todos los requisitos para configurarse un acoso laboral en todas las modalidades que define la Ley 1010 de 2006 en su artículo segundo, sino además para configurar lo que se conoce como un despido indirecto aupado incluso por el mismo Alcalde de Rionegro Rodrigo Hernández Alzate.
Dice Lina Castaño que una vez radicó su carta de renuncia donde indicó las razones que la motivaron, recibió mensajes a su whastsapp provenientes del mismo alcalde y los cuales ha aportado a los procesos que se cursan, su única finalidad era que retirara ese escrito que lo comprometían y a sus funcionarios de confianza. Posteriormente de manera oficial por cumplir las formas le indicó allí que daría traslado al Comité de Convivencia Laboral, organismo que finalizando el 2022 le confirmó que jamás el Alcalde dio traslado.
“Nunca mis derechos importaron, ni mi salud, solo era importante el proyecto político y recibí incluso presiones políticas para retirar esa carta de renuncia. Al contrario, lo que hice fue ratificarla y presentar dos insistencias, ya que fue toda una odisea que fuera aceptada. Ni contigo, ni sin ti. El Gobierno “Juntos avanzamos más”, partió mi vida laboral en un antes y un después, partió mi fe y ahora como buena Marinilla estoy reinventando mi vida en un emprendimiento propio y de vez en cuando hago asesorías a mujeres que son víctimas no solo de acoso laboral sino de otro tipo de violencias”, cuenta Lina Castaño.
En la reunión de mayo de 2020: “En ese momento me declaro impedida y le pongo a disposición el cargo, le dije que no le iba a mover una tecla para ese caso. Me apartan de las funciones, no me llaman a reuniones. No ven con buenos ojos a una abogada que va a acceder a sus intereses. La única solución es cometer un acto de corrupción, como efectivamente pasó un año después”, aseguró Lina Castaño.
Su jefe Carlos Alberto Zapata pidió un traslado y lo llevan para hacienda. El 7 de julio de 2020, inició la nueva subsecretaria de valorización Lina Marcela García Tabares, la que insultó a todos los transportadores en el paro de diciembre del 2022. Con ella se concretó su apartamiento de funciones y le nombran personal contratista. Era la planta conformada por dos profesionales especializados: la abogada, el técnico y la subsecretaria.
Hay un caso de unas certificaciones de pequeño y mediano agropecuario, como ocurrió con su excompañero laboral, Simón Jaramillo, quien estaba desplazado de sus funciones, pero un día cogió un expediente y fue a hacer visita. En el predio ubicado en la glorieta del José María Córdova por Guarne, después de la bomba en un parqueadero, que funciona alrededor del aeropuerto. Resulta que le habían dado tratamiento especial porque era pequeño y mediano productor agropecuario.
““Lo único que cultivan aquí es la mala fe”, le aseguró Simón Jaramillo. Asevera la bogada que simplemente pretendían tenerlos de adorno y que a eso se debe la demanda por despido indirecto.
El 30 de julio de 2021, LINA CASTAÑO estaba haciendo seguimiento a las demandas tramitadas en la Jurisdicción Contenciosa administrativa y observa que en el proceso de la finca Santafé, desiste la abogada de Carlos Gilberto Uribe, considera que es muy raro que desistan en el proceso de una liquidación de 1700 millones de pesos.
“La abogada había desistido porque accedieron a las pretensiones que contenía en la demanda a través de la Resolución 1027 del 10 de junio de 2021. Cuando el apoderado judicial me informa al respecto le digo que es imposible. Vio la firma de Carlos Andrés Gómez, quien aprobó fue la subsecretaría Lina María García Tabares, y empezó a estudiar. Se realizó estando en ejercicio de sus funciones, se rebajó el valor unitario de la tierra (VUT) y se fueron extrapetita otra situación que administrativo no procede; modificaron extra o mejor ultrapetita las áreas de amenaza alta y media (¿de dónde sacaron la corrección?) Pusieron un documento de cobro coactivo y ponen los intereses de mora en cero. Un festín de descuentos y beneficios para este señor, ¿qué es lo que ocurre? Le escribo a la abogada a Daniela Orozco, quien la reemplazó en sus vacaciones (…) ¿Ustedes a cuántos particulares han favorecido bajo esta figura? Es una finca que está al frente de Comfama, parque recreativo, vía a San Antonio”, argumenta Castaño
Ante esta situación, de acuerdo con la versión de Lina Castaño, las respuestas del alcalde Rodrigo Hernández era que no debían buscar donde no tienen que buscar, que dejen de ser “empeliculados”. Posteriormente dialoga con el mandatario, diciéndole doctora Lina para que hablemos en nuestra oficina.
Mantenía cuestionándose ¿cuántos actos administrativos hay así? Debió acudir al psiquiatra con un trastorno generalizado de ansiedad. En una reunión privada les quitaron los celulares. Le manifiestan todo lo anteriormente expuesto. Aseveró Lina Castaño que debían realizar un acto de revocatoria o demandar la Resolución 1027 de 2021 en acción de lesividad.
Con las personas que realizaron el acto 1027, en la reunión nombrada como la encerrona, el señor Carlos Andrés Gómez le dice que es una persona no grata en la administración, que no confían en ella y que se debería ir.
- Alcalde Rodrigo Hernández: “Ese presunto prevaricato del acto 1027 es con dolo, a lo que respondió Rodrigo Hernández que los tenían muy perjudicados y como no fueron capaces de responder esos tratamientos especiales casi perdemos las elecciones”.
- Exfuncionaria, Lina María Castaño: “Alcalde, hay más de 30 mil solicitudes y somos solo dos personas, era imposible. Eso no lo ha respondido Rionegro en años, ni con todas las secretarías en pleno”.
- Alcalde: “No sé si ustedes miran a ver si se entienden, piden un traslado o se apartan del gobierno”.
Se enfermó en todo ese proceso, la calificaron mal intentando desprestigiarla, tuvo que medicarse. Ante tantas presiones debió renunciar, lo que ella asocia con un despido indirecto. En primer momento, se tuvo que ir un tiempo del país y posteriormente llegó a poner en la agenda pública lo que está ocurriendo en la Administración Municipal, un presunto prevaricato a favor de particulares, empresarios o gente influyente de Rionegro.
Aunque establecimos contacto con el área de comunicaciones de la Alcaldía de Rionegro para escuchar la versión de la Administración Municipal, no nos dieron respuesta frente al caso.
