Según se dice, fue el político británico Edmund Burke (1729-1797) quien se refirió por primera vez a la prensa como “el cuarto poder”. Esta manera de describir la influencia de la prensa en la vida pública se hizo tan popular que pronto el ensayista e historiador escocés Thomas Carlyle (1795-1881) la introdujo en sus textos para inmortalizarla. Hoy día, hablamos del cuarto poder no solo para referirnos a la prensa, sino al conjunto de los medios de comunicación y su excepcional capacidad de influencia en todos los aspectos de nuestra vida.
El rol de los medios en una sociedad democrática es fundamental y por esto la manera en que se organizan, administran y financian es un tema del interés general. Mucho más cuando se trata de los medios de comunicación públicos los cuales, pese a lo que piensan algunos políticos, no son propiedad o aparato de propaganda de los gobiernos de turno, sino un espacio cultural de expresión diversa.
En septiembre pasado, el Gobierno colombiano empezó a dar trámite en el Congreso a un proyecto de ley que ha recibido varios nombres: Ley de convergencia, Ley de la televisión pública, o Ley de modernización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Pese a las diferentes denominaciones, la lógica del gobierno de Duque y su bancada para presentar la ley ha sido la misma: generando poco ruido, negándose al debate y con un juicioso lobby por parte del MinTic en cabeza de Silvia Constain, quien se ha encargado de presionar a las bancadas para conseguir la aprobación.
El proyecto de ley propone unificar y darle nuevas reglas a la televisión, la radio y los medios digitales, creando una sola entidad reguladora, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, encargada de poner las reglas y de vigilar su cumplimiento, así como de crear la infraestructura necesaria para que el país entero tenga cobertura de internet. También dice el proyecto de ley que la Comisión estaría compuesta por cinco personas, dos de ellas elegidas discrecionalmente por el presidente quien, además, será el encargado de supervisar directamente las decisiones y presupuestos de la entidad. Mejor dicho, de aprobarse la creación de este ente regulador, el presidente de la República tendría la potestad de decidir qué contenidos van y no van en la televisión pública, pero también qué recursos se le asignan y para qué se destinan.
El interés del gobierno de Duque en que la ley se apruebe es tan grande, que hace algunas semanas el primer mandatario le puso “mensaje de urgencia” para el Congreso, lo que quiere decir que el proyecto de ley no debía pasar por cuatro debates (como lo deben hacer todos) sino que se agotaría en dos.
Dice Manuel Castells, uno de los estudiosos más importantes de la comunicación en la actualidad, que en nuestros tiempos la política es fundamentalmente una política mediática en la medida en que los mensajes, las organizaciones y los líderes que no tienen presencia mediática no existen para el público. Por eso es que, nos guste o no, hoy día solo aquellos que consiguen transmitir sus mensajes a los ciudadanos tienen la posibilidad de influir en sus decisiones y en mantener o disputar el control de las instituciones del Estado. Lo anterior quiere decir que, a diferencia de Burke, Castells dice que los medios no son un cuarto poder, sino el espacio en el que se despliega la política.
Darle al presidente de Colombia el poder de decidir qué se dice y qué no se dice en la televisión pública, significa darle la posibilidad de que censure a aquellos quienes transmitan un mensaje antagónico a su gobierno. Recordemos el reciente caso de Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos de Señal Colombia, quien luego de participar en un vídeo de La Pulla en el que se critica la ley en mención, fue víctima de censura. Esa noche, por orden del gerente de RCTV, no se transmitió un episodio de Los Puros Criollos, programado con anterioridad en la parrilla de la noche.
No muy lejos están las denuncias realizadas por el periodista Juan Pablo Calvás en su más reciente columna. La llegada del expresentador de Noticias RCN Juan Pablo Bieri a la gerencia de RTVC, ha significado la cooptación de la radio y la televisión pública por parte del gobierno de Duque. Despidos, presiones, imposiciones sobre el contenido de la programación… la lista es larga.
Ante semejante panorama tan complejo (faltaría referirme al papel que en todo esto han desempeñado las grandes empresas y productoras nacionales y multinacionales), la respuesta de los comunicadores, los productores, la oposición política y de otros sectores de la sociedad civil antagónicos la ley, ha sido fundamental. En pocos días y a través de una corta pero permanente campaña en redes sociales, se organizaron plantones y debates públicos que obligaron a los medios de comunicación a darle voz al mismo Santiago Rivas y a los partidos de oposición al gobierno que se encargaron de trasladar el malestar social al Legislativo.
El tema está aún pendiente, pero sin duda la organización y la presión de estos sectores y sus aliados han logrado frenar el ímpetu con el que se venía la aprobación del proyecto de ley que pone en juego la regulación de contenidos en los medios públicos.
Acciones organizadas como las de los estudiantes de las universidades públicas y quienes se oponen a la Ley de convergencia, recuerdan la épica historia del ‘Perro’ Romero y sus vecinos en la Estrategia del Caracol, enfrentados a un adversario poderoso, dueño de todo y que busca imponer su propio interés pero venido a menos por la excepcional estrategia de los más débiles.
Lo de los estudiantes y los comunicadores es, también, una pista del rol protagónico que debe desempeñar la ciudadanía en el cuatrienio del gobierno del Centro Democrático. Más que dejar la casa pintada, puede ser el momento de apropiársela.
