Esta semana María Isabel Rueda, en la W Radio, volvió a evocar el debate semántico generado por los polémicos términos del caso 01 de la JEP. ¿Las Farc secuestraron personas o las retuvieron ilegalmente? Para esa periodista e influenciadora la respuesta es simple: se trata de secuestros. Pocas veces estoy de acuerdo con Rueda, pero esta vez le doy la razón. No hace falta sino consultar las definiciones de ambos términos que da la Real Academia de la Lengua para darse cuenta de que esta guerrilla normalizó la cruel práctica del secuestro.
El comentario que María Isabel Rueda hizo esta semana en la W y su artículo Colombia, paramilitar, publicado el 13 de agosto de 2017 en el periódico El Tiempo, me hicieron pensar en el libro Colombia, un pueblo sentenciado a muerte, publicado en 1998 y editado por Jon Agirre y por el sacerdote jesuita colombiano nacido en 1944, Javier Giraldo. En dicha obra, los diferentes colaboradores, que no dejan títere con cabeza, demuelen el Estado colombiano, las fuerzas armadas y los medios de comunicación. A manera de ilustración, el texto de la contraportada comienza así: "Si hay un ejemplo donde el gobierno recurre a organizar fuerzas paramilitares para llevar adelante su política genocida, sin tener que dar cuentas por ello, ese es el caso de Colombia. Para garantizar el éxito de que esa tarea se lleve a cabo con impunidad, resulta fundamental la estrategia 'informativa' desplegada por los grandes medios".
Así pues, la polémica sobre la semántica de las palabras retención/secuestro nos remite a la introducción del citado libro (titulada Los secretos de la construcción de una imagen), donde Javier Giraldo denuncia abiertamente la estrategia de los medios de comunicación del país en lo que se refiere al conflicto armado y sus víctimas.
A finales de la década de 1990 la imagen que de Colombia y de su violencia se difundía por el mundo entero comenzaba a confeccionarse, según Javier Giraldo, con aquellas “informaciones” que en el interior mismo del país eran asimiladas masivamente como “verdad”.
Cuando uno lee este libro y compara la situación actual del Estado colombiano, de los “grandes” periodistas (perros guardianes del poder), de los líderes sociales, de las fuerzas armadas, del narcotráfico, de las “bandas criminales” y de las “disidencias” de las Farc, con la situación de los noventa descrita en el libro, uno llega a la conclusión de que las cosas han cambiado bastante poco.
En 1998 el padre Giraldo señalaba que la violencia política en Colombia había pasado a ser objeto de preocupación mundial y era innegable que un porcentaje significativo de las muertes violentas que se producían en Colombia, que subían a 90 anuales por cada 100.000 habitantes (más de 30.000 por año), tenían relación con el conflicto social y político.
Empero, el religioso señalaba tres errores de apreciación. El primer error, o en otra perspectiva, el primer mecanismo de deformación de la realidad, consistía en hacer creer que la mayoría de las víctimas perdían la vida en “un cruce de fuegos” entre diversas fuerzas armadas enfrentadas. Nada más falso, decía Javier Giraldo. Y agregaba que, aún si se creyera a los comunicados oficiales del Ejército y de la Policía, quienes morían en el “cruce de fuegos” no llegaban al 25% de las víctimas de la violencia política. El mayor porcentaje de las víctimas de aquel entonces eran civiles desarmados, perseguidos por sus posiciones políticas o ideológicas. ¿Han cambiado las cosas casi treinta años después?
El segundo error de apreciación, y en este caso el mecanismo más distorsionador de la realidad, consiste en la atribución de responsabilidades, o más precisamente, en el encubrimiento de las responsabilidades. En los años noventa, los grandes medios en Colombia, según el padre Giraldo, optaron por “informar” sobre la violencia, designando a los autores de los crímenes con nombres genéricos que les ahorraran represalias: la mayoría de ellos se llamaban “grupos al margen de la ley”. Y, en general, los grandes episodios de la violencia de aquellos años negros eran interpretados y presentados como “enfrentamientos entre grupos al margen de la ley”, entre “dos fuerzas” que, al combatirse, causan muchas desdichas a las poblaciones civiles adyacentes. Esas dos fuerzas serían la guerrilla y los paramilitares.
Algunos años antes, acota el padre Giraldo, se atribuía la mayor cantidad de acciones violentas al “narcoterrorismo”, apoyándose en innegables acciones terroristas que los carteles colombianos de la droga realizaban para combatirse entre ellos o para combatir a sus enemigos comunes, acciones que en el momento más álgido (1988/1990) representaron tan solo el 7,6% de los hechos violentos que ocurrían en Colombia. No obstante, gracias a las estrategias “informativas” del Estado y de los medios, constituían, para el mundo entero, el incentivo fundamental de la violencia que se daba en Colombia, en ese momento ya la más alta del continente.
Al padre Giraldo y a sus colaboradores les tocó seguir de cerca el desplazamiento violento de más de 10.000 campesinos que huyeron del departamento del Chocó y se refugiaron en otra zona de conflicto, en el norte del departamento de Antioquia (la zona de Urabá), desde los primeros meses de 1997. Relata que todo lo que leían en los periódicos, escuchaban en los noticieros y comentarios radiales, y veían y oían en la televisión acerca de ese desplazamiento masivo, se lo presentaban como un efecto del enfrentamiento armado entre la guerrilla y los paramilitares. Las víctimas, en cambio, cuenta Javier Giraldo, le describieron decenas de veces, con minucia de detalles, los bombardeos que el Ejército realizó sobre sus aldeas; los operativos violentos en los que el ejército iba mezclado con los paramilitares para obligarlos a emigrar, luego de torturar y asesinar a varios de sus vecinos.
En aquel tiempo el paramilitarismo cumplió a cabalidad su objetivo fundacional, que era ocultar la responsabilidad del Estado en aquellas acciones que no encontrarían justificación en ningún mecanismo legal. Y la estrategia “informativa”, según se lee en el libro, fue fundamental para que dicho objetivo pudiera cumplirse. Gracias a ella, el gobierno podía presentarse con la frente levantada ante las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos, y “reconocer” que los niveles de violencia en Colombia eran escandalosos, salvo que el gobierno “no tenía culpa alguna en ello”, pues se trataba de “fuerzas al margen de la ley que se enfrentan entre sí tratando de aniquilarse mutuamente y que en su carnicería arrastran consigo numerosas víctimas ajenas al conflicto”.
Y aunque hubiese hechos protuberantes que evidenciaran la unidad de acción entre los agentes del Estado y los paramilitares, ello no obstaba para que mantuvieran las férreas pautas de la estrategia “informativa”. Así, por ejemplo, relata Javier Giraldo, numerosas delegaciones internacionales, agentes de las Naciones Unidas, embajadores, funcionarios del Ministerio del Interior y de varias Consejerías de la Presidencia de la República, pudieron observar, entre marzo y septiembre de 1997, un retén paramilitar ubicado permanentemente a 4 minutos de la base militar del barrio Policarpa, en el municipio de Apartadó (Antioquia), en la cual saqueaban casi diariamente las pertenencias de la comunidad de San José de Apartadó, comunidad de desplazados por la violencia, y en el cual asesinaron o desaparecieron a numerosos miembros de esa misma comunidad. Sin embargo, el comandante militar de la zona se había acostumbrado a responder a las delegaciones internacionales que denunciaban y reclamaban, que “cuando él enviaba soldados a buscar a los paramilitares, no los encontraban”.
En la introducción de este libro, Javier Giraldo sostiene que el éxito del accionar paramilitar, como eje de una represión política e ideológica que utilizaba los métodos más bárbaros y crueles sin escrúpulo alguno, y sin temor alguno a acciones judiciales, estaba justamente en la estrategia “informativa”.
“Y en esa estrategia participaron los grandes medios. Su principio fundamental era controlar el lenguaje de tal forma, que los vínculos entre el Estado y el paramilitarismo quedaran a cubierto”, sentencia el padre Giraldo.
Textos consultados:
Agirre J. y Giraldo, J. (1998). Colombia: un pueblo sentenciado a muerte. Tercera Prensa: Donostia.
¿Era necesario incluir en la Constitución la prohibición del paramilitarismo?
