Mientras el país lamenta la pérdida de Sofía Delgado, la niña violada y asesinada en el Valle del Cauca, el fantasma de la impunidad busca amenazar el procesamiento de varios integrantes de las antiguas FARC-EP que comparecerán ante la JEP para responder por cientos de casos de violencia sexual y contra mujeres y niñas y personas con expresiones de género diversas.
La Procuraduría comenzó una lucha sin cuartel para evitar que prospere una acción de nulidad presentada en bloque por los defensores de exintegrantes de la guerrilla contra un Auto mediante el cual la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas priorizó casos de esa naturaleza ocurridos durante más de 15 años en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
Los abogados que buscan frenar los procesos alegaron presuntas anomalías de carácter procedimental y de forma y adujeron también que durante la época en la que ocurrieron esas graves violaciones de derechos humanos las FARC-EP no ejercían control territorial en esas poblaciones del pacífico colombiano.
Algunos de los comparecientes seleccionados sostienen que en las diligencias previas a la selección y priorización les fueron formuladas preguntas “inadecuadas y sesgadas”.
El Ministerio Público le salió el paso a la petición de nulidad que amenaza los derechos de las víctimas y en un amplio memorias expuso, entre otros criterios, los siguientes:
- En línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es obligatoria la selección de «todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.
- Los llamamientos a versión voluntaria dentro de un macrocaso no se pueden entender como un ejercicio de selección en el sentido que este principio tiene para la ejecución de la acción penal: si bien implica la vinculación como sujeto procesal dentro de la investigación, ello no significa per se que habrá una atribución de responsabilidad.
- La investigación y análisis de violencias discriminatorias hacia las mujeres, como lo son la violencia sexual y de género, son obligación del estado colombiano, en virtud de la Convención Belem do Pará para Prevenir, ratificada por Colombia.
- Aún antes de la vigencia el Estatuto de Roma, la violencia sexual y otros crímenes de naturaleza sexual y de género habían sido calificados como crímenes de lesa humanidad bajo la categoría de otros actos inhumanos.
- El ejercicio del derecho de defensa no puede plantearse de manera antagónica en relación con los derechos de las víctimas.
- Es posible que las manifestaciones de los comparecientes y las alusiones de sus apoderados judiciales expresen disenso, desacuerdo o malestar con las decisiones, su argumentación y su sentido, pero esto no debe reñir con los deberes de respeto a las víctimas y su salvaguarda.
- Para ejercer la participación en su calidad de sujetos procesales no es necesario hacer calificaciones revictimizantes o que de plano niegan la existencia de un tipo de violencia que espera por ser esclarecida.
La Procuraduría pidió a la magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, que niegue la nulidad.
Así se protegería un macrocaso que cuenta con 57 informes incorporados al expediente, diecisiete de los cuales tratan de forma específica sobre las conductas de violencia sexual y violencia basada en género.
La búsqueda de nulidad coincide en tiempo con el trámite de un proyecto de ley de reforma a la justicia que busca otorgar beneficios a los perpetradores de actos de violencia sexual. Entre sus ponentes se encuentra el exdirigente de las FARC-EP Julián Gallo.
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