Se trataba de uno de los grandes contratos que firmaría el Ministerio de las TICs en cabeza de Karen Abudinem, con un propósito más que loable: dotar de internet 14.745 escuelas rurales de Colombia. La millonaria licitación que dividió al país en dos regiones, le asignó la región B del proyecto Centros Digitales a la Unión Temporal Centros Poblados, por un valor total de $ 1.07 billones. El dinero provenía de los pagos que realizan las empresas de telecomunicaciones y otras como el operador del dominio.co al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Alrededor de la UT Centros Poblados se tejió un mega entramado para quedarse con una tajada millonaria: $ 70.243 millones de anticipo que se esfumaron. Aunque fueron muchos los implicados detrás del robo hubo dos protagonistas principales: Juan Carlos Cáceres y Emilio Tapias que la justicia lleva más de cuatro años cercándolos.
Ambos aceptaron cargos y firmaron sendos principios de oportunidad con la Fiscalía pero el de Cáceres acaba de ser avalado por el juez 78 penal municipal con funciones de control de garantías con lo cual el acuerdo quedó en firme.
A cambio de su impunidad total, Cáceres Bayona deberá entregar información privilegiada sobre el desvío de los recursos públicos mediante contratos irregulares con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), devolver $ 12.000 millones y colaborar con la justicia como testigo clave en el proceso contra el contratista costeño Ottomar Lascarro, que controlaba dos empresas clave en el entramado por su experiencia técnica: Omega Building e Intec de la Costa, firmas utilizadas por Emilio Tapia para lograr adjudicarse el contrato con MinTic, y que según indicó la fiscalía exigió $ 4.000 millones a cambio de usarlas en la propuesta.
En junio de 2021 la Unión Temporal presentó varias garantías bancarias falsas con el fin de quedarse con un millonario contrato que pretendía llevar el servicio de internet a escuelas rurales del país, y que implicó el giro irregular de un anticipo por $ 70.000 millones de MinTic a Centros Poblados. La investigación indica que Cáceres Bayona se quedó con al menos 9.062 millones de pesos del anticipo girado a Centros Poblados en 2021. El mismo Cáceres reveló como había utilizado parte del anticipo del contrato para comprar un apto y un vehículo de alta gama.
El turbio historial de Cáceres en el sector de las telecomunicaciones
Cáceres Bayona antes de Centros Poblados era un poderoso contratista de redes de telecomunicaciones en el Caribe y Norte de Santander. Oriundo de Bucaramanga, empezó a trabajar en el sector de telecomunicaciones desde 2008, y tres años después, en noviembre de 2011 creó la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información - Funtics, la cual, con solo un solo año de creada, consiguió dos contratos por $ 6.500 millones en Atlántico, durante la gobernación de Eduardo Verano de la Rosa, que le permitieron despegar en el negocio y ya para 2013 ya era una mega-contratista pública.
A través de su empresa, Funtics, encontró una fórmula para cobrar por servicios de conexión a internet no prestados a los colegios públicos o facturar con sobrecostos. En más de siete años ejecutó más de $ 188 mil millones, de los cuales $ 111 mil millones le han sido asignados en procesos de selección que han cerrado con un solo oferente.
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Cinco días antes de presentar la propuesta de Centros Poblados, Funtics registró una nueva razón social: Novotic. Dicho cambio se realizó aparentemente para evitar ser relacionados con los cuestionamientos por irregularidades en los contratos celebrados entre 2013 y 2019 con entidades territoriales. Solo en cinco contratos de prestación de servicios de internet en los colegios de La Guajira (2015 y 2017), Magdalena (2015), y Santander (2013 y 2016), las gobernaciones le pagaron $ 22,873 millones de más, un 24 % del dinero de los contratos pagados a Funtics, que no se utilizó en internet para mejorar la educación.
Al cambiar su razón social y mantener su NIT, la Fundación pudo acreditar su experiencia en construcción de infraestructura de internet, y de esa forma, ganar la licitación como socia del consorcio.
Funtics (ahora Novotic) estuvo en la mira de la Contraloría por varias irregularidades previas. El Contralor Delegado Sectorial para Regalías de ese entonces, Iván Sánchez Arango, encontró cosas como que las gobernaciones le pagaron a Funtics, $ 10.949 millones por megabyte (medida de caudal de datos) que nunca contrató con sus proveedores de internet; o que Funtics recibió $ 6.981 millones por servicios facturados a 599 instituciones educativas en períodos de vacaciones, cuando tanto alumnos como profesores se encontraban fuera de las instituciones. Además, se le pagaron $ 1.664 millones por sobrecostos en el servicio, lo que significa que cobró a las gobernaciones un 65 % más de lo que le pagó a sus proveedores por cada megabyte.
La habilidad de Emilio Tapia para llenarse los bolsillos haciéndole el esguince a la ley
Un nombre que ha sonado todo el tiempo en este escándalo es el de Emilio Tapia. Sin embargo no aparece oficialmente vinculado a las empresas que conformaron la Unión temporal Centros Poblados, pero sí lo hacen personas cercanas a él, como Herles Ariza en ICM Ingenieros, y a Ottomar Lascarro Torres, quien sería su socio.
De ahí que, la importancia de que Juan Carlos Cáceres como testigo, propietario de Novotic y Nuovo Security S.A.S., y Robert Antonio Gómez representante legal de Novotic, afirmen que Tapia estaba detrás de las garantías presuntamente falsas, y que controlaba 3 de las 4 firmas (ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costas SAS y Omega Buildings Constructora SAS) que suman el 65 % de la composición accionaria de Centros Poblados, además de ser el estructurador del entramado desde el inicio-
De todos modos, la Fiscalía imputó a Tapia por su participación en el entramado y había permanecido detenido en la cárcel del Bosque de Barranquilla hasta el 11 de abril cuando el Juzgado de Barranquilla le concedió libertad condicional. Igual que Cáceres, logró también firmar un principio de oportunidad con la fiscalía general, y aceptó pagar $ 5.000 millones y cumplir una condena de 6 años en prisión, pero todavía no ha sido avalado por el juez.
Así las cosas, del desfalco a la Nación de $ 70.000 millones, se han recuperado los $ 12.000 millones que se comprometió a pagar Juan Carlos Cáceres, un poco más de $ 2.000 millones que el exministro Mauricio Lizcano indicó se recuperaron a través de procesos de cobro coactivo. Más los $ 5.000 millones acordados con Emilio Tapia de los cuales ya ha entregado cerca de $ 2.500 millones. Otras personas implicadas, como Juan José Laverde, quién confesó que falsificó tres pólizas, y Jorge López Benavides quién tramitó las pólizas falsas, entregaron a la Fiscalía $186 millones y $187 millones, respectivamente. En conclusión, siguen sin recuperarse más de $ 52.000 millones después de casi cuatro años.
