“El presidente es mi hermano”, expresión frecuente del narcotraficante Ñeñe Hernández para referirse a su amigo el presidente Iván Duque.
El año 2020 será recordado como uno de los años más convulsionados en la historia reciente de Colombia. Comenzamos el año con la incursión de más de 300 hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en Bojayá, pese a las advertencias que hiciera la Misión de Apoyo al proceso de paz de la OEA (MAPP/OEA) en noviembre de 2019 al gobierno colombiano para que tomara cartas en el asunto.
Sin embargo, el foco de la agenda del gobierno de Duque estaba puesto al otro lado de la frontera, atendiendo la visita del Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo y de su lacayo Juan Guaidó, con quienes preparaban la operación Gedeón. Su pretensión de asesinar al presidente Nicolás Maduro, en una incursión armada con la participación de miembros activos de la Armada Colombiana, finalmente fue abortada con la muerte de ocho mercenarios.
Luego, al comienzo del mes de febrero fuimos testigos de los incendios forestales en el Parque Nacional Natural de Sumapaz recordándonos los devastadores incendios en Australia y la destrucción de la selva amazónica que mostraron de cuerpo entero los efectos catastróficos del cambio climático.
Mientras tanto, un silencioso virus que había hecho su aparición en el mes de diciembre (2019) —como en la leyenda negra de Nosferatu, inoculado por un vampiro— se dispersaba por todo el planeta viajando en primera clase. En nuestro país, pese a las advertencias de la OMS, el ministro de Salud salió a tranquilizar los ánimos de la inquieta opinión nacional diciendo que en Colombia el riesgo de la nueva pandemia era moderado. Y tal vez así era, pues frente a la ola de los “homicidios colectivos” que ya sacudía a la dolida geografía rural, la aparición del primer caso de contagio y su muerte por COVID-19, era un mal menor.
En el mes de marzo estalló el escándalo de la ñeñepolítica, cuando un abogado investigador dio a conocer los más de 20 mil audios de las conversaciones de un reconocido ganadero de Valledupar con quien la clase política, empresarial y ganadera del norte del país mantenía estrechos vínculos, como quiera que era uno de los más connotados electores de la costa atlántica. Los audios eran producto de interceptaciones ordenadas por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que le adelantaba por el asesinato del hijo menor del prestamista costeño Carlos Rodríguez. En esas investigaciones se logró revelar que el Ñeñe Hernández era el brazo político del Cartel de la Guajira, una poderosa organización criminal que opera al norte de la frontera entre Colombia y Venezuela, liderada por el narcotraficante Marquitos Figueroa, en alianza con el Kiko Gómez y el clan de los Gnecco y Cerchar. En esas conversaciones también se reveló un frondoso entramado para financiar la compra de votos de la elección presidencial de Duque, de la cual hacían parte, entre otros, la jefe de la Unidad Legislativa del exsenador Álvaro Uribe Vélez. No obstante, el abundante acervo probatorio, las investigaciones contra la clase política duermen el “sueño de los justos” en la Fiscalía General de la Nación, haciendo gala del lema de gobierno “el que la hace no la paga”.
En ese mismo mes, ante la rápida expansión de los contagios del COVID-19, el gobierno se vio obligado a suspender todos los eventos públicos, ordenar el cierre de las fronteras, de los establecimientos educativos y declarar la primera cuarentena estricta en todo el país; aunque alcaldes y gobernadores de las principales regiones ya habían tomado medidas para restringir las actividades económicas y sociales que pusieran en riesgo la salud de sus habitantes.
Con la llegada de la pandemia, se puso en evidencia la precariedad de los sistemas de salud, educación y protección social. El sistema de salud profundamente fragmentado por el interés comercial —basado en el aseguramiento privado—, la precariedad de la red hospitalaria y del régimen laboral de los trabajadores de la salud, limitaron las posibilidades de una respuesta contundente para mitigar los efectos de la pandemia. La capacidad de acción colectiva del personal de la salud y la instalación de nuevas UCI nos permitió atravesar el primer pico de la pandemia con una letalidad reducida, pese al millón y medio de personas contagiadas que nos llevaron al top de los 10 países con mayor nivel de contagios en el mundo. Frente a este trizado panorama de la salud pública, el aprendiz Duque decidió acudir a un programa de TV, llamado Prevención y Acción que tuvo muy poco de lo primero y nada de lo segundo. Este programa se transformó en la “cajita de cristal” para maquillar la incompetencia del gobierno, y terminó siendo un aburrido espectáculo televisivo con bajo rating que obligó al gobierno a contemplar su terminación.
En materia de educación, el cierre de colegios y universidades y el abrupto salto a la virtualidad lesionó profundamente el derecho a la educación en Colombia. Las limitaciones en el acceso a internet, las profundas brechas de calidad y la falta de preparación de los maestros para la enseñanza virtual, terminan por excluir a más de 10 millones de estudiantes de la educación básica y media de un buen servicio educativo. Aunque no se cuenta con estadísticas actualizadas, según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el 96% de las escuelas rurales no pudieron poner en marcha las clases virtuales. De acuerdo con un estudio adelantado por Save The Children, en varios países de América Latina, el cierre de las escuelas en la pandemia hizo que los niños y niñas no avanzaran e incluso retrocedieron en su proceso de aprendizaje. Seguramente los costos futuros para el desarrollo económico y social del país serán muy altos… En pocas palabras la gestión de la educación pública en Colombia perdió el año.
Pero sí el balance de los programas de gobierno en materia de seguridad y equidad fue francamente lamentable, las políticas de empleo y la lucha contra la pobreza, no solo fueron insuficientes, sino con resultados a todas luces desastrosos. Con las restricciones impuestas por la pandemia y las medidas económicas erráticas de este gobierno, el desempleo abierto se disparó alcanzando una cifra récord del 21,1% en mayo (Dane, 2020) y aunque en los meses siguientes disminuyó hasta el 15% en el mes de noviembre, más de 2,5 millones de colombianos perdieron sus empleos. La tasa de desempleo (TD) afectó particularmente a las mujeres y a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) relacionadas con las actividades de alojamiento, servicios de restaurantes y comidas, servicios educativos y de atención de salud, actividades artísticas y de servicios culturales. Según datos de la Lonja de propiedad raíz, solo en Bogotá se cerraron más de 60 mil establecimientos comerciales.
Igualmente, las cifras preliminares de pobreza de la Cepal señalan un incremento de 5,1 puntos porcentuales en este año que representan más o menos 5,6 millones de personas regresando a la condición de pobreza. De acuerdo con Fedesarrollo, la pandemia podría estar afectando al 42,7% de la población en el 2021, debido a sus impactos en los ingresos y el empleo; es decir que, cerca de 19 millones de colombianos estarían hoy en condición de pobreza. Estas cifras significan un retroceso de más de 11 años en la lucha contra la pobreza en Colombia. Frente a esta situación de emergencia, el gobierno nacional continuó utilizando los tradicionales instrumentos de política social diseñados para atender situaciones estructurales normales. Duque hizo oídos sordos a las recomendaciones de los expertos para adoptar la Renta Básica (RBA). En su lugar, y fiel a la ortodoxia neoliberal, prefirió usar los tradicionales instrumentos de política monetaria sustentados en el crédito para asegurar la reactivación económica, beneficiando al sector financiero.
Entre tanto, se destapó la olla podrida de la corrupción, los abusos sexuales y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, cuando una niña de la comunidad indígena Embera fue secuestrada y violada por soldados, con la complicidad de los comandantes de un batallón en Santa Cecilia, Risaralda. Igualmente, el senador Roy Barrera reveló la responsabilidad del ministro de defensa en el ocultamiento de la muerte de 4 menores, en un bombardeo que efectuó el Ejército en Argelia (Cauca). Luego, en el mes de agosto el Ejército asesina a 2 indígenas que hacían parte de una manifestación campesina en la región del norte del Cauca y continuó el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Pero el detonante de la violencia policial fue el asesinato del abogado Javier Ordoñez, que dio lugar a las protestas del 9 y 10 de septiembre, dejando un saldo de 14 jóvenes muertos, 55 civiles lesionados a bala, 93 policías heridos, 39 CAI incendiados y 25 buses quemados y la militarización de Bogotá. Los principales periódicos del mundo calificaron estos hechos como “La Masacre de Bogotá”. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —en un fallo sin precedentes— condenó los abusos de la Fuerza pública, obligó al Ministro de Defensa a pedir disculpas públicas y lo conminó a reglamentar el uso de la fuerza para proteger el derecho a la protesta ciudadana.
A partir del mes de agosto, cuando la Corte (CSJ) ordena la reclusión del expresidente Uribe por los delitos relacionados con la manipulación de testigos y la obstrucción a la justicia, la escalada de asesinatos de jóvenes se disparó hasta alcanzar la cifra récord de 91 masacres en el año y 386 asesinatos de líderes sociales, familiares y relacionados, firmantes de los acuerdos de paz y excombatientes de la guerrilla en el 2020.
Con este desastroso balance global donde los tres ejes del programa de gobierno tienen un saldo en rojo, el desplome en la imagen de aprobación del presidente Duque era previsible. Las encuestas realizadas en el último trimestre de 2020 muestran una caída de 11 puntos porcentuales en la aprobación de la gestión del presidente de Colombia, lo mismo que la caída en la opinión favorable del expresidente Álvaro Uribe que alcanzó los niveles más bajos. Tal vez esto explica las declaraciones del presidente Duque a la revista Semana situándose en el “extremo centro”, en un intento por distanciarse del creciente desprestigio de su partido y de su mentor político el expresidente Uribe.
Sin embargo, estas piruetas ideológicas tienen un claro sabor electorero, en un escenario donde es cada vez más evidente el desconcierto de los partidos de la coalición de gobierno para enfrentar el debate presidencial del año 2022. Resulta muy demagógico —por decir lo menos— que mientras el expresidente Uribe lanza una campaña para “salvar a Colombia en el 2022”, colocándose en la margen derecha del gobierno que el mismo ayudó a elegir, el presidente Duque intente sintonizarse en la margen del extremo centro. Con esta estrategia de las dos orillas, el presidente Duque intenta abrirle paso a la descarriada locomotora del Centro Democrático. ¡Amanecerá y veremos!
