El desencanto, dijo Jorge Orlando Melo en la entrevista del domingo publicada en El Tiempo, es lo que une a todos los manifestantes en las calles. Y las causas profundas del desencanto son las mismas en todos los sectores, así su consigna sea pensional, laboral, por la paz, educativa o ambiental: la calidad de vida en deterioro y la ausencia de oportunidades en el horizonte; decisiones de gobernantes desconectados con las realidades que profundizan las brechas y las desigualdades y convierten los derechos en privilegios. Medidas que se decretan desde la soberbia de Bogotá y el desdén por las regiones, legitimadas por los tecnicismos ininteligibles para la mayoría con fórmulas sobre “desarrollo” y “crecimiento” traídas de ultramar, y defendidas con el uso y abuso de la fuerza.
El tema ambiental dejó de ser una preocupación de unos cuantos para entrar en el caudal del desencanto colectivo y generalizado. El aire, el suelo, el agua y la comida están cada vez más contaminados. El futuro de las actuales y futuras generaciones es incierto por la crisis climática. Se asume como natural que para garantizar proyectos que son de “interés general” haya que sacrificar regiones enteras, someterlas a la destrucción de su paisaje y enfermar a la gente, generalmente de comunidades ya empobrecidas, discriminadas y víctimas de la violencia. Y, cuando a pesar de todo, estas comunidades logran llenarse de valor y ejercer su ciudadanía para decir no, por ejemplo con las consultas populares, el Estado les da la espalda, empantana jurídicamente el mecanismo y se impone por la fuerza judicializando a los líderes y reprimiendo con el Esmad las protestas. Los grupos armados hacen su parte con asesinatos y amenazas.
El descontento ambiental no es de los ambientalistas. Es popular y ciudadano. Es de las mujeres urbanas jóvenes, como yo, que no queremos traer niños a un mundo con unos pronósticos climáticos aterradores. Es de la mujer wayuu en la Guajira que pasa en vela cuidando el asma de su hijo mientras escucha el estruendoso tren del carbón. Es de las víctimas del conflicto armado que sobrevivieron en su tierra o retornaron y ahora el algún proyecto “de utilidad pública” amenaza con desplazarlas nuevamente. Es de usted, querida amiga lectora o amigo transeúnte que respira material particulado en niveles muy tóxicos y desayuna papaya con tanto o más veneno que nutrientes.
El gobierno le apuesta a que puede sustraer estas preocupaciones ambientales del descontento popular si hace una mesa ambiental dentro de lo que llama la gran Conversación Nacional. Lo que más necesita es enfriar los ánimos, separar entre sí los movimientos sociales y dividirlos internamente. La técnica para lograrlo es proponer un diálogo, en la que se buscan algunas soluciones o acuerdos que maximicen beneficios y reduzcan los costos a través de buenas normas y prácticas. Esta lógica, tentadora para muchos que quieren de forma genuina aportar, no responde al malestar del paro.
Lo que hay en las calles es un grito en contra de la soberbia de lo técnico que desprecia el sentido común popular, un cacerolazo contra la exclusión de otras miradas del mundo, un abanico de cuestionamientos políticos frente a la equidad en donde se pregunta quién se enriquece (más) y quién se emprobrece (más) y cuáles miradas del mundo se privilegian y cuáles se sacrifican con las decisiones y las formas de tomarlas. Estamos viviendo una protesta contra las prácticas naturalizadas que excluyen a unos y privilegian a otros (generalmente los mismos), incluso dentro de esta mesa ambiental que muchas personas bien intencionadas acompañan.
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Ambientalistas reconocidos cayeron en la trampa: desprestigiaron públicamente a algunas personas que se pararon de la mesa ambiental
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Varios ambientalistas reconocidos cayeron en la trampa: desprestigiaron públicamente a algunas personas que se pararon de la mesa ambiental. Perdieron de vista que no se trata de unos radicales intransigentes que ven el mundo en blanco y negro y que rechazan cualquier forma de diálogo, sino representantes de movimientos regionales y de base que saben muy bien que lo que se pide en las calles no es un puñado de soluciones ambientales basadas en normas y procedimientos (con certeza útiles), sino que cultural y políticamente subamos el umbral de lo inadmisible.
Se trata de una lucha porque el abuso de poder y de la fuerza se elimine de una vez por todas en las decisiones ambientales. Una exigencia porque las políticas y las medidas respeten la autonomía de las regiones y en vez de abrir brechas, las cierren; y en vez de generar más conflictos, los ayuden a reparar. Un grito porque queremos aire, agua y suelos sanos; a los pueblos indígenas sin riesgo de extinguirse y a las próximas generaciones con alguna posibilidad de encontrar condiciones decentes de vida. En últimas, como en las reivindicaciones estudiantiles y sindicales, es un reclamo por la dignidad que nos han robado a cómodas cuotas. Por fortuna, las cacerolas nos están revelando la magnitud del desfalco.
