Parece que Andrés Felipe Arias no se resigna a su condena. Ayudado por uribistas, encabezados por Uribe mismo, ejecuta un plan que da la impresión de querer desprestigiar su juicio penal y a la corte que lo adelantó.
En esencia, son dos las mentiras claras que estaría usando Arias para lograr su fin: intenta convencer a neófitos en temas jurídicos de que en su juicio procede la apelación y que maliciosamente no se la concedieron, y que las recomendaciones políticas del Comité de DD. HH. de la ONU son fallos judiciales obligatorios, pero ni lo uno ni lo otro es así.
En efecto, en el juicio penal de Arias no procedió el recurso de apelación porque él, tal como sucedió, debía tramitarse en única instancia, así lo imponía la ley procesal penal vigente en ese momento. De hecho, adelantar un juicio penal de dos instancias cuando la ley procesal penal imponía que debía ser solo de una hubiese sido lo realmente ilegal por violación del derecho al debido proceso de Arias.
Además, mientras estuvo vigente esa ley, de la misma forma, en única instancia, fueron juzgadas todas las personas en igual situación de Andrés Felipe, por un lado. Por el otro, pedir para Arias la aplicación retroactiva de la nueva ley procesal penal de dos instancias, como lo hacen los uribistas, es jurídicamente equivocado.
A Andrés Felipe no se le juzgó entonces de modo contrario a la ley, ni diferente a otras personas en su misma condición. Además, la nueva ley procesal penal de dos instancias no le aplica a él ni a nadie ya juzgado bajo la ley penal anterior.
Los cambios en materia de ley procesal siempre rigen las cosas a futuro, nunca ha pasado, sino cualquier situación ya juzgada podría ser debatida nuevamente al amparo de los cambios procedimentales, cosa que afectaría el principio de seguridad jurídica y haría de todos los pleitos jurídicos asuntos de nunca acabar.
Por último, el Comité de DD. HH. de la ONU no es una corte judicial como pretende hacer ver Arias y sus defensores, luego no emite fallos sino conceptos y recomendaciones que como tal, no son de obligatorio cumplimiento para ningún Estado en el mundo.
Andrés Felipe parece tener una estrategia clara: deslegitimar ante el público sin conocimientos jurídicos el juicio penal al que fue sometido, esperando que ello le dé réditos a favor en la ejecución de su pena. Sin embargo, dicha artimaña no le prospera en los estrados judiciales y sigue preso por la simple la razón de que los jueces competentes sí saben que frente al derecho y la ley lo que afirma es mentira.
Solo hasta hace pocos días la Corte Constitucional exhortó al Congreso Nacional para que tramite una ley que permita la apelación de algunas sentencias penales condenatorias que cumplan ciertos requisitos legales, pero habrá que esperar para ver si esa posibilidad jurídica que instaure el Congreso opera para casos como el del condenado Arias.
