Siempre he creído que las grandes obras literarias constituyen un metarelato histórico, en la medida en que sus autores logran captar y plasmar el espíritu de una época y las problemáticas de un pueblo –a veces, incluso, con intuición profética–. Y eso es exactamente lo que ocurre con las víctimas hasta ahora invisibles de los fondos privados de pensiones, que traen a la memoria la situación de pobreza y abandono del protagonista de la novela de García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba, quien esperó durante años una pensión que nunca recibió, y quien, además, a lo largo de la obra –tal como las víctimas anónimas de estos fondos–, no tiene un nombre propio que lo identifique.
Fueron muchos los colombianos que abandonaron el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se trasladaron a los fondos privados ante la promesa de recibir una pensión considerablemente mejor.
En Colombia existen dos sistemas de pensiones. Por una parte, el Gobierno administra en Colpensiones el “régimen de prima media”. Con éste, Colpensiones, para liquidar la pensión de vejez, realiza un promedio de los salarios cotizados al Sistema General de Pensiones en los últimos diez años y le entrega al beneficiario un 65% sobre dicho promedio, cada mes, durante el resto de su vida. Si el promedio fue de cinco millones, el adulto mayor recibirá al momento de pensionarse, unos 3’250.000 pesos, gracias a que a la suma de sus cotizaciones se agregará un subsidio del gobierno.
En cambio, el fondo privado es un sistema de ahorro individual, con el cual el adulto mayor solo obtendrá la suma del dinero que alcanzó a ahorrar con sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral, sin ningún subsidio adicional. Por lo menos podrá acceder a una pensión equivalente a un salario mínimo. Pero, al no tener subsidio del Estado, no recibirá los 3’250.000 pesos que le hubieran correspondido con el régimen de prima media –si volvemos al ejemplo arriba mencionado–. Y dependiendo del tipo de contrato firmado con el fondo pensional, tampoco recibiría pensión hasta el final de sus días; lo que sería muy grave, en caso de alcanzar más de los años calculados como promedio de vida, por el Fondo.
Es así que, a muchos cotizantes de la clase media (que superan el salario mínimo, pero que no alcanzan a cotizar grandes sumas para su edad pensional, como sí ocurre con los ultra mega salarios de reducidos sectores de la élite), les habría convenido quedarse en el régimen de prima media. Pero debido al engaño de algunos de los asesores de los fondos privados, terminan por pensionarse con una suma mucho menor. Mientras tanto, con sus cotizaciones, dichos fondos han podido invertir el dinero en transacciones en los circuitos financieros internacionales, obteniendo jugosas ganancias. La asimetría de esta situación resulta escandalosa.
Ante esta situación, son muchos los adultos mayores que acuden a las instancias judiciales, con todo el desgaste que esto conlleva. Ahí se ven abocados a enfrentar a los abogados de dichos fondos, empeñados en negar un engaño tan obvio y en probar lo absurdo: que con información veraz y suficiente, la persona voluntariamente decidió dejar el régimen de prima media y trasladarse a un fondo privado, a sabiendas de los beneficios que perdería y de los perjuicios que esto implicaba.
Por lo visto, a dichos abogados y a sus jefes, no les importa el grave perjuicio que ocasionan a aquellos colombianos de clase media que anhelan poder regresar a Colpensiones, y cuyo único pecado fue: trabajar honradamente a lo largo de su vida, por un salario, tras pagar una costosa educación; contar con una baja capacidad de ahorro y recurrir al endeudamiento con los bancos, pagando altas tasas de interés, para poder afrontar el alto costo de vida; cotizar su pensión; y contribuir con los impuestos que los sectores más pobres no pueden pagar por su indigencia, y los más ricos tampoco quieren costear.
Cabe preguntarse si en éste, el país de El coronel no tiene quien le escriba, ahora que por fin empezamos a desvelar la corrupción que beneficia a unos pocos y empobrece a tantos, aparecerá quién investigue y denuncie la tragedia de estos colombianos. Lo primero, es reconocer en estos adultos mayores su calidad de víctimas de un engaño sistemático por parte de algunos asesores inescrupulosos de los fondos privados de pensiones; y tras ello, se les reconozca, a su vez, su derecho a una pensión proporcional y por tanto justa a través de su regreso a Colpensiones.
Asimismo, ojalá cuando por fin se destape esta olla podrida, los intereses que los fondos privados obtuvieron con el dinero de estas víctimas, sea resarcido a Colpensiones, que por ser del Estado, es de todos. Y de paso, que se indemnice a las víctimas, pues no es poco el sufrimiento, la angustia, las horas de insomnio, la vergüenza, la impotencia, la indiferencia y la necesidad que han tenido que padecer. Pero desde luego, que las indemnicen dichos fondos, no el Estado, para que no terminen siendo ellas, con sus impuestos, las que paguen su propia indemnización, como suele ocurrir.
Pero lo más preocupante de esta situación es que, en lugar de dicho resarcimiento, lo que proponen los fondos privados desde finales del 2016, ante el masivo desplazamiento de usuarios hacia el sistema de prima media y las demandas de los estafados, es la privatización de Colpensiones. Tal propuesta beneficiaría a los fondos privados con un negocio redondo al entregarles el manejo de todo el dinero de los cotizantes del país y frenar las demandas de las víctimas.
Dicha proposición está siendo acompañada por una campaña de desprestigio de Colpensiones, a través de algunos medios de comunicación, cuando se avecina la discusión en el Congreso sobre la próxima reforma pensional. Y a dicha campaña se suma el argumento falaz de la falta de recursos para los pensionados, lo que resulta paradójico, al lado de los constantes escándalos de corrupción y las provechosas utilidades del sector financiero del país. Bien decía Goebbels, el ministro de propaganda Nazi, que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en verdad”.
Por lo tanto, es hora de que la academia y los medios de comunicación inicien la investigación sobre el tema con base en los testimonios para reconstruir la memoria de este dolo; y de que las víctimas se unan para no actuar como individuos, pues su drama no es particular: es un problema social. Asimismo, es necesario que políticos honestos y con responsabilidad social defiendan la causa de estos adultos mayores, que es de todos los colombianos; y sobre todo, que ante este secreto a voces, el gobierno deje de lado la indiferencia. Pues quien calla ante esta injusticia, se convierte en su cómplice.
*Profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas Universidad de La Sabana
