A dos semanas de concluir tan fatídico año, los países industrializados se esfuerzan por enfrentar los estragos de una pandemia en aumento, controlar y/o acceder al competido negocio de las vacunas y sentar las bases para la reactivación de sus economías.
Sin embargo, en Colombia todo pareciera ir en contravía. Aunque desmienten que oficialmente sea el país de mayor corrupción del mundo, como lo perciben sus propios habitantes, día a día el gobierno hace méritos para obtener dicho reconocimiento. Aunque los escándalos producen indignación, nada pasa y los medios los registran como una noticia más. Ahí se van recursos cruciales para la reactivación.
A los funcionarios tramposos y delincuentes el gobierno los nombra en comisiones especiales contra el crimen o los premia con el codiciado servicio exterior. La Fiscalía investiga a quienes denuncian los crímenes y actos de corrupción, no a quienes los perpetran.
Ya antes de la pandemia el país tenía las cifras de desempleo más altas de Latinoamérica. Este año el empleo se derrumbó y a los altos niveles de informalidad se sumaron los nuevos desocupados: cinco millones de trabajadores formales perdieron su trabajo, hasta alcanzar la cifra de 13 millones en total desamparo.
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Las mujeres, resultaron particularmente afectadas, porque su trabajo está más ligado a la informalidad y pequeños negocios; el desempleo femenino, llegó a 26,10 % , 10 puntos más que el masculino
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Las mujeres, como siempre, resultaron particularmente afectadas, porque su trabajo está más ligado a la informalidad y a los pequeños negocios, muy golpeados por la crisis. En especial mujeres cabezas de hogar. En julio pasado la tasa de desempleo femenino llegó a 26.2%, 10 puntos por encima del masculino, una de las más altas del continente, lo mismo que la brecha salarial.
Pero el encierro incrementó, además de la violencia doméstica, el peso del trabajo del cuidado sobre la mujer. Recordemos que la economía del cuidado, cuantificada pero no reconocida, representa el 20% del PIB.
Mientras tanto, las dos convocatorias de Emergencia Económica y Social generaron enormes beneficios para la banca y los grandes empresarios del campo y la ciudad, tan cercanos al gobierno. Los subsidios del Estado para quienes perdieron el ingreso han sido muy reducidos, en monto y cubrimiento, por debajo del promedio de la región.
El gobierno se negó a aprobar la renta básica para 9 millones de familias, así como a otorgar el subsidio a la nómina, suficiente y a tiempo, a las pequeñas empresas, responsables de más del 80% del empleo en Colombia.
Por completo ajeno a esta realidad, Carrasquilla recurrió a la condicionalidad del FMI, anunció mayor ajuste y políticas de austeridad y otra reforma tributaria regresiva como las anteriores. Mientras tanto, Argentina y Bolivia aprueban impuesto a las grandes fortunas, como debe ser.
En este contexto de extremas dificultades económicas y conflictos sociales y políticos se produce la negociación tripartita de todos los años sobre el salario mínimo, un asunto crucial del que depende la suerte de todos los trabajadores/as del país.
Se expresan dos posturas. La primera, defendida por el gobierno y los empresarios, se ciñe a los postulados de la ortodoxia neoliberal desde hace décadas. Unos postulados fracasados, rebatidos en la teoría y en la práctica, según los cuales los derechos de los trabajadores son rigideces del mercado y el desempleo consecuencia del incremento salarial.
En ese sentido y contra toda evidencia, rebajar los “costos” salariales es la garantía de la inversión privada, base del desarrollo del país. “El salario mínimo es muy alto en Colombia”, han repetido con insistencia el gran banquero, el ministro de los bonos de agua, los gremios y los economistas neoliberales.
Durante los últimos años la discusión del salario mínimo se ha centrado en una falacia neoclásica conocida como Productividad Total Factorial, PTF. Al mejor estilo tecnocrático, se trata de una estimación econométrica, presentada con complicadas fórmulas. Pretende recoger la productividad de todos los factores, algunos inciertos y abstractos, como si estos dependieran de los trabajadores.
El PTF se basa en otro embeleco, también muy cuestionado: la función de producción, que supone el equilibrio y la competencia perfecta en la economía. Como señalan los economistas Lipsey y Carlaw, dicha función no mide nada útil y es más bien “una medida de nuestra ignorancia”.
La segunda postura sobre el salario mínimo, defendida por los sindicatos y por destacados economistas heterodoxos, insiste en la importancia de promover el consumo para promover el empleo y la demanda interna. De ello depende la reactivación de la economía y la superación de la pobreza. En la práctica, ha sido la única salida a la recesión. Keynes señaló que el nivel de empleo no depende del monto de los salarios sino del tamaño de la demanda agregada.
Por último, conviene recordar la perspectiva marxista, que parte de las relaciones sociales de producción de una sociedad dada como base de su estructura de clases. Son relaciones sociales e históricas, no técnicas y abstractas. La contradicción entre producción social y apropiación privada es la principal en el capitalismo. Y el trabajo es fuente de toda riqueza, como lo demostró la pandemia.
Pero por ahora bastaría con atender la demanda, escuchar la voz de los sindicatos y respaldar la protesta social.
