De manera contundente un organismo de Naciones Unidas como la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha expresado que la pandemia del COVID-19 “no es una crisis financiera sino de personas”. Por ende, se asume que está afectando de manera dramática el bienestar de la sociedad planetaria, por lo que los Estados deben asumir la responsabilidad de superar el virus con la adopción de medidas enfocadas a salvaguardar el derecho a la vida a partir de sistemas de salud de alta calidad, y no dejar una situación de tal magnitud para que la resuelvan los mecanismos de codicia y especulación del mercado. Y es que no obstante la gravedad de la emergencia sanitaria, aún se escuchan no pocas voces que apuestan a poner la estabilidad de la economía por sobre la vida.
En el caso de Colombia, la crisis sanitaria ha evidenciado en primer plano, aunque era palpable y ya estaba más que analizado, el fracaso del sistema de salud adoptado por la Ley 100 de 1993 que asimiló este derecho fundamental a un negocio muy rentable para beneficio del capital financiero que se inventó las EPS e IPS para prestar servicios médicos y clínicos. Servicios que se suministran de manera precaria y en la mayoría de las veces muy deficiente, además por las condiciones irregulares en que tienen trabajando al personal médico y paramédico.
Para enfrentar la pandemia, el gobierno del presidente Iván Duque, por ejemplo, expidió el Decreto 538 que ha generado múltiples quejas y reclamos por parte de los profesionales de la salud, habida cuenta que a este personal se le está sometiendo, literalmente, a un régimen marcial. En efecto, a estos profesionales se les trata como reservistas en espera para afrontar una guerra sin cuartel, y lo peor, sin las armas necesarias para enfrentarse al enemigo y no ser vencidos en la batalla, y con ellos, sus familias.
Como el sistema de salud en el país está concebido para que genere grandes ganancias a los propietarios de las EPS, esta emergencia también evidenció que los centros asistenciales no cuentan con todas las herramientas necesarias para garantizar, no solo la prestación adecuada del servicio de salud, sino la preservación del mismo personal médico y asistencial, pues como lo dijo la Federación Médica Colombiana, proteger la vida de los médicos es proteger la sociedad.
Es preciso señalar que los profesionales de la salud en Colombia no son héroes sin capa. Son seres humanos desprotegidos y pauperizados en sus condiciones laborales, desde hace años, como consecuencia directa de la Ley 100. No necesitan aplausos; requieren de una buena remuneración, que sea justa. Necesitan estabilidad laboral, no contratos con honorarios nimios y sujetos a temporalidad; precisan de protección laboral, el suministro de herramientas de protección efectivas, que disminuyan las posibilidades de contagio, y por tanto, se reduzcan las posibilidades de morir. De esta manera, se podrá garantizar un óptimo servicio de salud para los colombianos.
A partir de esta premisa, el estado de emergencia decretado por el gobierno nacional debería tener un profundo enfoque de derechos para toda la población colombiana, salvaguardando en primer término el derecho a la vida a partir de la prestación de un buen servicio de salud, y no como estamos observando con las medidas que se vienen adoptando, que buena parte de ellas están dirigidas a que se aproveche la pandemia para beneficiar al sistema financiero y a un puñado de gremios económicos. Es decir, el criterio de ganancia y de mercantilización sobre la vida.
Sería de esperar que al amparo de los decretos de emergencia, se pongan en marcha acciones expeditas para salvaguardar la salud de los colombianos y brindar las garantías laborales de los trabajadores. Por ejemplo, establecer la detección temprana de la enfermedad; gestionar pruebas de laboratorio, en los núcleos laborales privados, públicos e informales; que el Estado a través de brigadas de salud indique el manejo de pacientes en aislamiento en sus viviendas; que se entreguen dispositivos de protección personal para los ciudadanos en sus casas. En consecuencia y ateniéndonos al concepto del Estado social de derecho, adoptado en la Constitución de 1991, es al gobierno nacional al que le corresponde asumir sin dilación alguna la responsabilidad dee atender de manera efectiva los requerimientos y necesidades de toda la población, especialmente de los sectores sociales carenciados, garantizándoles sus derechos fundamentales, protegiendo así la vida, la salud, el trabajo, la soberanía alimentaria, la sostenibilidad familiar.
Por lo tanto, es el momento de que el Estado dé una respuesta eficaz y cambie el paradigma económico fracasado que por más de 30 años ha empeorado la situación social de los colombianos, en detrimento de sus derechos fundamentales (como la salud, el trabajo y la seguridad social) y que en su visión codiciosa y depredadora terminó mercantilizándolos (ahora, en esta crisis sanitaria, estamos viendo las perniciosas consecuencias).
