Las vicisitudes y angustias por las que atraviesa hoy el país —con su polarización política, discurso del miedo, descrédito de las instituciones y de los que nos representan en el actual gobierno— nos llevan a una espiral destructiva sin tregua que amenaza la democracia y el propio Estado. Colombia está en una situación crítica con miles de muertos y millones de desplazados, como también atrocidades de todo tipo por parte de los diferentes actores del conflicto: llámese Estado, guerrilla y paramilitares. Estos últimos creados aparentemente para combatir a la guerrilla dada la impotencia del Estado y del Ejército, en donde algunos se vieron involucrados en casos tan horribles como los “falsos positivos”, cuya maquinaria delictiva asesinó a más de cuatro mil ciudadanos inocentes para mostrar resultados, porque esa era la orden y había que hacerlos pasar como guerrilleros abatidos; asunto solamente comparable con algunos casos de la Alemania Nazi, cuyos episodios nunca se repetirían en el país europeo, según Jürgen Habermas, porque fue una época de barbarie o retroceso intelectual, moral y humano, pero que en Colombia pasó dado lo absurdo del comportamiento psicópata de quienes dieron la orden y de quienes la ejecutaron.
Ni siquiera uno es aceptable porque es una vida inocente, inerme y con proyecto de vida. Eran jóvenes que pudieron habernos dado felicidad y satisfacción en cualquier campo de estudio o deportivo como Egan Bernal, pero cuyas vidas fueron cegadas por los miembros del ejército por el simple hecho de mostrar estadísticas y cobrar recompensas —esto con el apoyo de paramilitares y el financiamiento de grandes terratenientes y empresarios, a quienes les tocaron grandes hectáreas producto de los asesinatos y desplazamientos forzados—. Todo esto ha conducido a la crisis actual y a la espiral destructiva en Colombia, sobre todo porque tras los acuerdos de paz y las demandas introducidas por la oposición (Centro Democrático) estos ha seguido adelante de forma prolija para sacar a Colombia de casi dos siglos de violencia.
Dentro del acuerdo se destaca la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal con reglas especiales que se encarga de juzgar a los actores del conflicto interno pero que hoy es blanco de ataques por parte de los uribistas del Centro Demoníaco y cuyas consecuencias no han sido percibidas por muchos colombianos inconscientes, que no ven que tras esos ataques lo que se busca es acabar con las cortes y aprovechar la oportunidad como los cocodrilos para dar el zarpazo. Esto se evidencia en los casos que escogen —como el de Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia— para cimentar el odio de los colombianos hacia las Farc y proclamar “justicia sin impunidad”. ¡Qué descaro! Y hasta se tornan exigentes y obedientes de la ley, pero por otro lado la degradan, la incumplen y hasta archivan sus delitos en complicidad con funcionarios. Su única intención es forzar una asamblea constituyente para reformar las cortes, reducir su número y así tener fiscales de bolsillo —como los ha tenido en las últimas décadas—.
Ahora bien, los verdaderos objetivos de Uribe y el Centro Democrático parecen ser los siguientes:
Primero, tumbar la Corte Suprema porque en ella el expresidente tiene muchas demandas por delitos de lesa humanidad, además de una demanda interpuesta por el senador Iván Cepeda por delitos de soborno y falsos testigos. Eso sin contar con los presuntos vínculos del innombrable con el paramilitarismo. Hasta ahora el senador Cepeda ha sido el único que ha puesto a Uribe a sentarse en la corte.
Segundo, acabar con la JEP. A pesar de que ha sobrevivido gracias a la ONU y la Unión Europea, quieren darle fin a este tribunal porque este a cambio de beneficios penales busca “sacar la verdad” a través de las confesiones de todos los participantes. “Sacar la verdad” implica tener en cuenta testimonios, principalmente de los militares, quienes en aras de los beneficios salpicarán a altos funcionarios como efectivamente sucedió (senadores, congresistas, generales, otros mandos militares, empresarios, políticos que coadyuvaron a los terratenientes que se beneficiaron como también a los que dieron las órdenes). Por eso la insistencia del uribismo en evitar la verdad a toda costa y fabricar falsedades como el castrochavismo para los incautos. Sin embargo, si el Estado a través de la JEP no investiga esos crímenes de los militares, según los expertos en el tema, lo hará la Corte Penal Internacional (CPI).
Tercero, mantener la propiedad de la tierra que obtuvieron empresarios, terratenientes y políticos, producto del conflicto armado y los desplazamientos forzados. Ellos no están dispuestos a devolver lo que adquirieron de forma arbitraria y mucho menos si ya sacaron títulos de propiedad aunque sean de procedencia dudosa. Sinceramente una reforma agraria es lo que realmente necesita Colombia porque es el país más desigual en la distribución de las riquezas de Latinoamérica. La élite o casta política, que es el uno por ciento de la población colombiana, es dueña del cincuenta por ciento de las riquezas de Colombia. Otro porcentaje lo tienen las empresas que según la Fundación Forjando Futuros, que está comprometida en volver realidad la restitución de tierras, "poseen información para esclarecer la manera como las guerrillas, paramilitares y el Estado operaron para quedarse con miles de hectáreas de campesinos en 9 departamentos y que posteriormente terminaron en manos de grandes compañías". El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, le entregó el documento a la JEP para que el tribunal de paz actúe en el escenario judicial y entre las empresas están: Argos, AngloGold Ashanti, Agropecuaria Carmen de Bolívar, el Fondo Ganadero de Córdoba, Ecopetrol, entre otras. En fin, en Colombia las mismas familias han gobernado por doscientos años y son los que se oponen a cambios estructurales y reformas profundas. Entre ellas están: los Lleras, los Betancur, los López, los Sarmiento Angulo, los Pastrana, los Santos, los Uribe, entre otros.
¿Pero quiénes son los que realmente se han beneficiado de esta guerra interna?
Los terratenientes y dueños de tierras robadas porque saben que la tierra es el origen del conflicto y porque la paz con equidad de tierras significa pérdidas intolerables para ellos. Por eso sembrar el terror en el campo es una estrategia para mantener al margen a los campesinos y que se les quite la idea de recuperarlas.
Lo peor de todo es que la espiral destructiva no tiene límites, el mismo presidente Iván Duque, que fue apoyado por el uribismo, ahora es víctima de la mala imagen y ha recibido insultos y críticas de una facción radical del mismo sector, que ha impedido que proyectos y leyes se ejecuten. También, por declaraciones como las de su asesor Luis Guillermo, quien dijo que “los líderes sociales son asesinados por ajustes de cuentas debido al narcotráfico”, y el ministro de defensa Botero, quien señaló que la marcha de los estudiantes universitarios estaba infiltrada por miembros de grupos al margen de la ley —hasta cuando apareció un video que mostró a algunos miembros de la policía partiendo vidrios—. Así mismo, por el proyecto de ley de Eduard Rodríguez que se pretendió imponer pero que se hundió y cuyo título dice “por medio del cual se establecen prohibiciones al ejercicio docente y directivos de los planteles educativos” —claramente su intención era cercenar el diálogo y la discusión en la aulas sobre temas específicos de política como justicia social, derechos humanos, restitución de tierras... en el fondo lo que teme es el desarrollo de las ideas sobre equidad o del bien común, que para el Centro Democrático son ideas de “izquierda”—.
La espiral destructiva castrochavista está dividiendo a los colombianos, afectando a las instituciones y acabando con la democracia, si es que alguna vez ha habido en este país. Castrochavista son las Farc. Castrochavista fue Santos al oponerse a la guerra y querer la paz para Colombia. Castrochavista son los medios internacionales como el New York Time, al que Uribe ha criticado por redes sociales por sacar a luz sus actuaciones cuestionables. Castrochavistas son los periodistas Daniel Coronell o Daniel Mendoza, quienes también le han destapado muchas ollas podridas y escándalos de corrupción. Con el tiempo la Corte Suprema de Justicia y el país seremos castrochavistas, cuando por fin lo condenen y cerremos ese capítulo de terror que vivió o está viviendo Colombia.
