"Medellín desde hace muchos años ha sido como un imán, que atrae a grandes sectores sociales no solo a la gente bien, sino también a las grandes esferas delincuenciales que tenemos en el territorio, como segunda ciudad del país es estratégica para todo el mundo. Los malos han tenido en Medellín la fortaleza, pues ofrecen posibilidades de acceder a una vida diferente.” Con estas palabras el sociólogo José Luis Jaramillo Galeano, miembro de la Mesa de derechos humanos de Medellín y el Valle de Aburra Jesús María Valle, inicia su versión acerca de los hechos violentos ocurridos en Medellín durante más de tres décadas.
Desde finales de los años ochenta el narcotráfico empieza a llegar muy fuerte a nuestras comunidades llenando de expectativas a la juventud que de una total pobreza y vulnerabilidad empiezan a tener motos de alto cilindraje, ropa y zapatos de moda, plata a montones con la cual podían acceder a cosas antes impensables para ellos, participando en el montaje de todo un engranaje que permitía atender todas las necesidades de Pablo Escobar “el gran capo”.
Las actividades de sicariato para ajuste de cuentas y eliminación de enemigos, requirió que algunos sitios de la ciudad se convirtiesen en lugares apropiados donde tirar los muertos, personas que asesinaban, y que como escombros humanos botaban en la parte de atrás de Belén Rincón, en las afueras de Medellín, en los afluentes del rio Medellín y un lote propiedad de las Empresas Varias, ubicado en las montañas del centro occidente de Medellín en la frontera entre lo urbano y lo rural de este municipio, que era un botadero de escombros y una arenera en donde se extrae este producto para la construcción, localizado entre la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal.
A mediados de los años 90 aparecieron las milicias populares como apéndices de las organizaciones guerrilleras como las milicias de las Farc, las milicias 6 y 7, las milicias del pueblo, las del ELN, llegaron a los barrios a combatir a las bandas de narcotraficantes que con su inmenso poder económico y militar proveniente del tráfico de drogas, habían generado una gran descomposición social y moral , recuperaban la tranquilidad perdida y neutralizaron a las bandas criminales por lo que recibieron un amplio respaldo por parte de las comunidades.
La comuna 13, por su ubicación geográfica y por la existencia de un corredor estratégico y clandestino que une a Medellín con Urabá, ofrecía un territorio para la guerra popular armada, en donde no solo se podían reclutar y entrenar nuevos combatientes, sino que además permitía la salida y entrada de armas, drogas, mercancías y contrabando, lo que la convirtió en un territorio muy disputado donde se enfrentaban narcos, milicias, paracos y fuerzas del régimen. Las milicias populares que ya hablaban de la instauración de un poder popular, que no paso de ser un “poder popularcito” por la descomposición de ese proceso que hastiaron a la gente del accionar tiránico de los milicianos que cobraban vacunas, montaban fronteras invisibles, agredían a la población, y se enfrentaban a todos los demás actores armados que aparecieron en especial a los grupos paramilitares que entraron con gran violencia a disputar el control territorial.
Finalizando el siglo y 20 y comenzando el 21, los bloques Metro y Cacique Nutibara de las AUC, comandados por “el Negro Elkin” y por “Don Berna”, en oscuras alianzas con entidades estatales irrumpieron con rabia y sed de venganza y actuando como el Khmer Rouge de Camboya, iniciaron unas matanzas donde la gente caía hasta por sospecha, las personas sin ningún distingo, niños, jóvenes, ancianos, eran atrapados y ejecutados sin piedad, la reciente foto publicada por semana donde se ve la perversa imagen un paramilitar con botas y uniforme militar, señalando con su dedo a presuntos informantes o miembros de la milicias, es la más repugnante constancia de la alianza criminal entre quienes llegaron al final a ejecutar la “Operación Orión”.
La descomposición del territorio llevo al alcalde de la época en el año 2.002, Luis Pérez Gutiérrez en compañía de las FFAA, a intervenir en la comuna 13, fue un holocausto en términos de la barbarie que se cometió con la ciudad, era imposible combatir a la guerrilla en la misma forma como lo hacían en la selva disparando de forma indiscriminada desde poderosos helicópteros artillados contra todo lo que se movía en las calles, lo hacían sin saber quién es quién y fueron mas las víctimas de la población civil, hombres, mujeres, ancianos y niños los que caían, que combatientes y todas estas víctimas había que esconderlas. La escombrera convertida en un cementerio secreto desde la época del narcotráfico donde los despojos de cientos de seres humanos reposan bajo una montaña de escombros de 15 metros de altura, donde según versiones de un celador de dicho lugar que todavía vive, dan cuenta de que “entraban volquetadas de seres humanos, adultos y niños”. Llegaban muertos de toda la ciudad: líderes sociales, defensores de los DDHH, familias enteras que asesinaban y desaparecían y allí siguen ocultos alrededor de 900 víctimas que se podrán encontrar en esta la mayor fosa común de Colombia, víctimas que fueron sacadas de sus casas, bajadas de los buses, gente de otros lados y muertos por balas disparadas desde el aire por poderosas maquinas voladoras, que sepultureros descuartizaban para que cupieran en pequeñas fosas de 70 cms x 70 cms.
Hoy, después de muchos años y gracias a la confesión de Juan Carlos Villa, alias “móvil 8”, exmilitar y exparaco, detenido en Bogotá, y ante la presión de grupos civiles, de defensores de los derechos humanos, y de organismos internacionales, el Gobierno Nacional accedió a permitir que se diera el paso de que en la arenera, sector de la escombrera, a pico y pala, un grupo de antropólogos forenses de la Fiscalía General de la Nación iniciara las excavaciones que permitan el esclarecimientos de los crímenes y la superación de la impunidad, con un plan integral de búsqueda que se inició desde el pasado 27 de julio.
Aquí se instaló un “campamento de víctimas” donde un grupo de víctimas, madres, esposas e hijos en compañía de las organizaciones de víctimas permanecen diariamente con la esperanza que mujeres como María Graciela Builes, madre de Orlando Builes; María Ernestina Londoño, madre de Rodrigo Alberto Tejada; ancianas mujeres que mantienen la esperanza de encontrar los restos de sus hijos. a los cuales esperan todas las noches desde hace más de doce años, sin que nadie les dé una respuesta, estas y otras muchas mujeres se reúnen con la Hermana Rosa Emilia Cadavid de las misioneras de la madre Laura y con Alejandra Balbín vocera de “Mujeres Caminando por la Verdad” colectivo que fue ganador del premio nacional a la defensa de los derechos humanos 2.015 y otras muchas defensoras de los DDHH.
Hoy en la escombrera encontramos camiones entrando y saliendo que siguen botando escombros y sacando arena, incluso sobre uno de los polígonos donde se supone existen restos de desaparecidos, carpas donde los policías se refugian del agua y del sol, funcionarios de la Fiscalía, de la defensoría del pueblo, de la personería, de la alcaldía, de las Naciones Unidas y de ONG nacionales e internacionales y sobremanera se destacan las madres que aun esperan a sus hijos, aun a costa de su propia seguridad pues hay rumores y denuncias de que el “pacto del fusil” murió a raíz de la búsqueda de la verdad que se inicio en este sitio y de la cual no sabemos a ciencia cierta cual será su final, pero llegara el dia que “amanecerá y veremos”.
