En Colombia, la distribución y destinación de los recursos se asigna a través del Sistema General de Participaciones (SGP): para educación, salud, agua potable, entre otros, y, la determinación de la categoría presupuestal se realiza teniendo como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia anterior y la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia anterior y de la certificación que expida el Dane sobre la población para el año anterior y el indicador de importancia económica (artículo 7, parágrafo 4 de la Ley 1551 de 2012).
La inquietud que nace a partir de allí radica en la categorización de los departamentos, distritos y municipios (que van de la primera a la sexta categoría y, la categoría especial). Pues, el pago de honorarios depende de la categoría estipulada (ver Ley 617 de 2000).
Ahora bien, la población proyectada del Dane (ver proyecciones), con respecto a la actual representa un desfase porcentual de -11 puntos y equivale a la hecha hace 9 años por la misma entidad. Es decir, los más de 45 millones de personas proyectadas en 2010 son casi idénticas a la estimación parcial actual del Dane (ver estimación parcial). Por supuesto, eso ha permitido que entes territoriales y servidores públicos reciban más ingresos de los que les corresponden.
En cuanto a los honorarios de cada concejal (ver honorarios), la sesión de uno de segunda categoría es de $304.812 con un máximo de 150 sesiones permitidas al año y podría recibir hasta $45.721.800. Mientras la sesión de uno de tercera categoría, es de $244.506 con un máximo de 70 sesiones permitidas al año y recibiría $17.115.420 (ver cuadro). Y eso sin contar las sesiones extraordinarias (ver ley). Por lo tanto, habría una diferencia de más de $28 millones al año para un concejal de un municipio de segunda categoría con respecto al de tercera y, ¡eso es lo preocupante! Sin embargo, podría darse el caso contrario.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta los concejales que hay en Colombia, lo que depende también de la población con arreglo a lo que reza el artículo 21 de la Ley 136 de 1994: mínimo 7 y máximo 21 por municipio y, Colombia tiene alrededor de 1.123 municipios (ver cantidad de municipios). Entonces, ¡hagan ustedes las cuentas! Lo lamentable es que ni siquiera en esa simple estadística de municipios los colombianos podemos estar seguros, porque algunas entidades afirman que son 1.102 y otras 1.103 municipios.
Ahora, por otro lado, están los salarios de los alcaldes, gobernadores (ver decreto 309 de 2018), y diputados (ver ley 617 de 2000) que dependen también de la categoría del ente.
Así las cosas, todos en Colombia parecieran estar mudos frente al tema, porque no conviene mencionar que el Dane se equivocó. Aunque la idea no es poner en tela de juicio la labor de la entidad, pero, frente a tales desaciertos queda la siguiente inquietud al respecto: ¿Qué pasará ahora cuando se hagan los cálculos de población finales del último censo? Una de las tantas preguntas que quedará en el ambiente…
Para concluir, excusas son las que habrá para justificar los cerca de 5 millones de colombianos menos en la actualidad, la ambigua categorización de algunos entes territoriales, y el dudoso y último censo por las desacertadas proyecciones, que finalmente, terminan afectando al ciudadano. En consecuencia, es más factible creer y citar al recordado “Rincón del Vago” que a quien fuese el ente encargado de la producción y la comunicación estadística del país. Y, como siempre… ¡por uno, pagaremos todos!
